La renta mínima no llega ni a la cuarta parte de las personas que tendrían que recibirla

«Si no sabes cómo salir adelante y crees que esto sólo te pasa a ti, piensa que en la misma situación somos más de 300.000 personas y tenemos derechos». Esta contundente frase, incluida en un cartel de la Red Invisibles 15-M de Madrid, resume el espíritu de la campaña que ha iniciado esta plataforma formada por varias asambleas del movimiento indignado en la capital. El objetivo es impulsar la Renta Mínima, un derecho que existe en la Comunidad de Madrid desde el año 2001, año en que se aprobó la ley autonómica, pero cuya aplicación está muy lejos de satisfacer las necesidades de muchas familias.

“Se ha producido un recorte muy grande sobre el planteamiento inicial de este derecho, existe toda una serie de trabas burocráticas que hacen que sea muy difícil de conseguir”, explica Carlos Pereda, sociólogo y activista de la Red. Estas asambleas del 15-M llevan varios meses trabajando con personas en exclusión. “La gente parece que no las ve”, lamenta. Las dificultades y la desinformación provocan que esta ayuda, que supone un máximo de 655 euros por unidad familiar, “únicamente la acaba recibiendo una cuarta parte de los que la tendrían que recibir”, agrega.

Los datos son elocuentes: del total de 133.000 hogares que se encuentran en situación de pobreza severa en la Comunidad de Madrid, sólo 22.187 reciben esta subvención dirigida a cubrir los mínimos vitales de una familia. Es decir, un 17% de sus potenciales destinatarios. Ampliar, por tanto, esa cobertura, es el objetivo principal de la Red de Invisibles 15-M, cuya campaña ya ha obtenido el apoyo de otras organizaciones, entre ellas la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

Su primer ámbito de actuación está siendo la información de los potenciales afectados. Sus carteles están teniendo bastante éxito entre trabajadores sociales. El segundo, ya a medio plazo, será llevar la lucha al terreno político. “La ley de 2001 está bastante bien, pero su reglamento y aplicación son tremendamente recortadores, por eso queremos pedir cambios en el abordaje de esta norma”, desarrolla Pereda.

Ésta lleva siendo una lucha de primer orden para colectivos de trabajadores sociales, como Foro ServSocialMadrid, EapnMadrid o el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid. La presidenta de esta última entidad, Mar Ureña, asegura que se han hecho eco de la campaña: “Llevamos haciendo de un tiempo a esta parte un trabajo intenso de información a las familias”, explica, aunque denuncia que es un tema en el que tendrían que incidir precisamente los poderes públicos.

Ureña, aunque valora en términos generales los pasos dados con la ley, considera que las cuantías son “bastante escasas en comparación con el nivel de vida”. También apunta a otro problema: la falta de cumplimiento de la ley que ha existido en cuanto a los retrasos en el cobro, algo que parece haberse solucionado actualmente. Por último, para ella es indispensable una “simplificación administrativa” a la hora de pedir la ayuda.