Sombras e ingeniería contable para ocultar el gasto militar de España

Este reportaje está publicado en #LaMarea35

España destina mucho más dinero para fines militares del que aparece reflejado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El gasto militar español se camufla en el ya clásico juego de ingeniería contable que se remonta al gobierno de Felipe González y que tomó fuerza durante los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy, a pesar de que este último presume de haber recortado más en Defensa que en otras partidas más sensibles para la opinión pública, como las destinadas a Educación y Sanidad.

La industria armamentística española aparenta malestar. «Estamos a la cola respecto a nuestros aliados, el descontento es general en la industria y en el seno de las Fuerzas Armadas», sostiene Eva Cervera, directora del grupo editorial especializado en defensa Edefa. Los PGE de 2015 asignaron 5.634 millones de euros al Ministerio de Defensa, un 22% menos comparado con los 7.258 millones de 2010, mientras que la partida para Sanidad en ese periodo cayó un 16%, de 4.573 a 3.812 millones. Hasta ahí la versión oficial. Lo que los Presupuestos no muestran es que a finales de 2015 el gasto militar de España ascendió a 17.444 millones, según los cálculos del Centro Delàs de Estudios por la Paz a partir de datos oficiales. O lo que es lo mismo, una cifra que triplica la cantidad presupuestada para Defensa.

¿Por qué el gasto superó en 12.000 millones la partida inicial? La Ley General Presupuestaria establece que los presupuestos nacionales deben recoger todos los compromisos adquiridos y previstos por el Gobierno y los ministerios. No obstante, año tras año el Ejecutivo deja fuera de este criterio los contratos armamentísticos que se van acumulando desde la última legislatura de Felipe González, así como las misiones en el exterior, el presupuesto de la Guardia Civil, los préstamos a interés cero para I+D con fines militares, los intereses de deuda pública relativa a Defensa, las pensiones militares (única partida que disminuyó en 2015) y las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo ahora adscrito a la Presidencia del Gobierno donde el 60% de los empleados son militares.

Fue González quien al final de su mandato puso en marcha los dos primeros contratos de los Programas Especiales de Armamento (PAE) para modernizar el material bélico del Ejército. Actualmente este plan cuenta con 22 programas de adquisición de armas cuyo coste total asciende a 30.076 millones de euros, de los cuales España aún debe 21.389 millones. El 87% de estos contratos se firmaron bajo la batuta de Aznar, mientras que el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, prolongó su vigencia hasta 2030.

La directora de Edefa reconoce que esta «artimaña» responde a «lo impopular del gasto en Defensa en este país», pero opina que es «necesaria para responder a los compromisos adquiridos». Expertos del Centro Delàs denuncian la opacidad de estos acuerdos y su falta de vigencia, pues fueron diseñados en un contexto geopolítico muy diferente al actual.

Cada año el gobierno aprueba por decreto ley el pago de los PAE, por lo que no figuran en los Presupuestos Generales. Morenés reconoció recientemente que «el respaldo a la industria española de Defensa (…) es un acicate para quienes tenemos una responsabilidad política en el mismo». Este apoyo se traduce en que 97 de cada 100 euros de los PAE van destinados a cuatro empresas, tres de las cuales (Santa Bárbara Sistemas, Navantia y CASA) eran públicas hasta que Aznar ordenó su privatización. Al igual que sucedió tras la privatización de Telefónica, Endesa y otras compañías de propiedad estatal, estos fabricantes de armas pasaron a formar parte del circuito de puertas giratorias del que se benefician altos mandos militares y políticos.

Una larga lista de puertas giratorias

Santa Bárbara Sistemas, fabricante de carros de combate, fue vendida en 2001 a la estadounidense General Dynamics. Entre 2010 y 2013 estuvo presidida por Carlos Villar Turrau, militar con larga experiencia en las altas instancias del Estado, incluida la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, el órgano responsable de realizar las compras del Ejército. Entre los innumerables casos de puertas giratorias también figura el de Adolfo Menéndez, antiguo subsecretario de Defensa y actual presidente de la patronal armamentística española, TEDAE, labor que combina con el cargo de consejero representante del gobierno en INDRA, un peso pesado de la industria militar española. Otro salto de la vida pública al mercado de la guerra es el del ex ministro Eduardo Serra, padre intelectual de los PAE a quien Aznar otorgó la cartera de Defensa. Actualmente Serra preside Everis, consultora especializada en industria armamentística que cuenta con consejeros como el expresidente colombiano Álvaro Uribe, investigado por su presunta relación con los paramilitares. También Francisco Torrente Sánchez, almirante de la Armada y exsecretario de Defensa, fue nombrado en 2006 presidente de Expal, empresa que fabrica municiones y explosivos donde también ocupó un alto cargo Jesús del Olmo Pastor, antiguo director adjunto del servicio secreto por entonces conocido como CESID (el actual CNI).

Pedro Morenés, ministro de Defensa con Mariano Rajoy, es uno de los políticos que más saltos ha dado entre la administración pública y la industria armamentística, tal y como detalló el año pasado La Marea en un artículo titulado Pedro Morenés, el comercial armamentístico indispuesto. Desde que obtuvo la cartera ministerial, Morenés ha firmado algunos de los contratos armamentísticos más onerosos de los últimos 20 años, a pesar del alto nivel de endeudamiento del departamento que dirige. Por ejemplo, en 2015 negoció con Navantia la compra de una fragata F110 de 800 millones de euros, así como 350 vehículos piraña a Santa Bárbara y tres aviones cisterna Airbus 330 con costes de producción y manutención que podrían superar los 10.000 millones de euros en la próxima década. Tan solo en sus tres primeros años al frente del ministerio, Morenés rubricó 32 contratos con Instalaza y sus filiales, para las que trabajó en calidad de consejero y representante antes de entrar en el gobierno.

El Ministerio de Defensa no ha contestado a las peticiones de esta publicación para conocer mejor sus criterios a la hora de adquirir armamento, pero un miembro de las Fuerzas Armadas sí ha accedido a dar su opinión desde el anonimato. Una de las quejas de este militar sobre el equipamiento que utiliza el Ejército recae sobre el HK G36, el fusil reglamentario de fabricación alemana empleado por los soldados españoles en sustitución del CETME. El arma saltó a la fama en 2010, cuando el Ejército alemán perdió a varios soldados en Afganistán debido a los problemas de precisión que presenta por recalentamiento tras disparar dos cargadores. En 2015 el Ministerio de Defensa germano descubrió un defecto estructural en el G36 que lo hace «inservible», y empezó a sustituirlo. «En mi opinión el G36 no es el más adecuado para el combate hoy en día (…). Es demasiado largo para usarlo en combate urbano, entre puertas estrechas, ventanas. Como en todos lados, aquí hay mucho mangante», denuncia este militar, quien añade que a nivel raso existe un malestar generalizado con las altas instancias. También señala que «llega material nuevo que desaparece o se guarda tanto tiempo que cambian de modelo», y denuncia que muchos efectivos del Ejército no cuentan con elementos esenciales, como los chalecos antibalas.

«La gente está empezando a perder el miedo a hablar», explican desde Ciudadanos de Uniforme, un colectivo que vela por los derechos de los militares españoles desde el anonimato. También la directora de Edefa, Eva Cervera, admite que «otro problema es el de la inmovilización de materiales (…) por no tener dinero para su mantenimiento». Y matiza que, a pesar de los procesos de licitación para la compra de armas, «desde arriba se pauta el volumen de material y ahí te las apañas, sin atender a los requerimientos y necesidades reales».

Préstamos millonarios a interés cero

El gasto de España en Investigación y Desarrollo (I+D) para fines militares también queda fuera del presupuesto nacional de Defensa, aunque sí se usa para mejorar la posición de España en los ránkings internacionales de investigación. Todos los años la administración pública concede, a través del Ministerio de Industria, préstamos millonarios a los fabricantes de armas españoles a interés cero para que desarrollen los prototipos militares que posteriormente compran el Ministerio de Defensa y otros clientes. Las empresas receptoras de estos créditos sólo están obligadas a devolverlos transcurridos veinte años, siempre y cuando hayan recibido el pago de sus respectivos contratos en el marco de los Programas Especiales de Armamento.

El Centro Delàs describe estos préstamos como «ayudas encubiertas» a la industria armamentística, y calcula que entre 1997 y 2014 ascendieron a 16.120 millones de euros. La I+D militar española creció un 43,5% en 2014, mientras que la inversión en investigación para fines civiles sólo lo hizo un 4,8%. A través del programa 464B, el ministro Morenés concedió en 2015 un nuevo préstamo para I+D militar por valor de 468,14 millones de euros. Otro episodio oscuro del ámbito público y de la seguridad nacional que la mayor parte de la población desconoce.