María Salmerón recibe un nuevo indulto del Gobierno

María Salmerón tenía que haber ingresado en prisión este miércoles, pero el jueves acudió al salón de plenos del Parlamento andaluz. Allí todos los líderes de los partidos -Susana Díaz, Juan Manuel Moreno, Juan Marín, Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez- se levantaron de sus escaños y le mostraron su solidaridad. «Esto es una agonía. Es un maltrato institucional. No hay precedentes en España de un caso como el mío. Tienen que abrir una investigación, que se vea lo que han hecho conmigo». Salmerón, víctima de violencia machista, está cansada, harta e indignada. Ha sido condenada en cuatro ocasiones por incumplir el régimen de visitas establecido para que su exmarido, condenado previamente a 21 meses por maltratarla durante el matrimonio, pudiera ver a la hija de ambos. La Justicia no entendió que la condena por violencia de género supusiera un obstáculo para que el padre pudiera ejercer sus funciones con la niña. Y una jueza incluso llegó a otorgarle la custodia, posteriormente recuperada por María tras una larga batalla judicial que terminó después de que la menor fuera escuchada en los tribunales. No quería estar con su padre, fue la conclusión.

«Proteger la vida de tus hijos nunca jamás debería ser un delito», denunció la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, tras formular una pregunta a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, sobre el caso de esta mujer sevillana. La consejera pidió al Gobierno central su adhesión a la propuesta andaluza de pacto de Estado para la erradicación de la violencia de género, un documento impulsado por la Junta de Andalucía que requiere del respaldo estatal para la aplicación de medidas que son de competencia nacional, informa Europa Press.

Hasta el momento, María no ha entrado en ningún momento en prisión porque ha recibido dos indultos, el Gobierno acaba de concederle un tercero y tiene pendiente la resolución de uno más. Es el enésimo capítulo de la historia de una mujer que incluso fue galardonada por el Gobierno y el PSOE por su ejemplo en la lucha contra la violencia machista. La Marea asistió al último juicio al que se enfrentó, el pasado 16 de mayo, aún sin sentencia, acusada por su expareja de no haberle pagado los 360 euros mensuales de manutención mientras la niña estuvo con él, un año y cinco meses, de diciembre de 2009 a abril de 2011. Es decir, 6.120 euros.

-“María, ¿se declara usted culpable o inocente?”.

-“Inocente”, pronuncia la acusada, de pie, mirando a la jueza.

“Yo le pagué dos meses con el dinero que me prestó mi hermano y luego me lo fueron quitando de la nómina. Yo estaba derrumbada [ante la pérdida de la custodia de mi hija]. Al mes siguiente murió mi padre, que también fue un mazazo. Me era imposible pagar porque tenía que hacer frente a la hipoteca y mantener, además, a la niña, porque aquello era una custodia compartida encubierta. Yo también la tenía que alimentar. Además, tenía embargada la nómina con las multas por el delito de desobediencia y después me fueron embargando por la pensión alimenticia. Yo cobraba 1.200 euros como auxiliar de enfermería”, explica a la fiscal.

Está arropada por su hermana, dos víctimas de violencia y una representante del Partido Feminista, que se tiene que ir antes de empezar la vista porque el juicio ha comenzado con casi tres horas de retraso. “Esto no termina nunca. Lo que me queda a mí todavía de aguantar. Lo que quiere es verme en la cárcel”, comenta María minutos antes, durante la larga espera.  

-“Su marido era maquinista del AVE. ¿Cuánto ganaba?”, le pregunta su abogado.

-“Más de 3.000 euros”, afirma María, que decide no responder a la acusación.

-“Puede pasar Antonio Domingo Ruiz Daza en calidad de testigo”, avisa la jueza. Con un maletín en la mano derecha, entra hasta situarse, de pie, ante el micrófono, junto a su exmujer, ya sentada.

-“Ésta usted obligado a decir la verdad. El falso testimonio es delito”, le recuerda la jueza.

-“¿Sabe usted lo que cobraba María?”.

-“No”, responde Antonio, sin soltar el maletín, a la defensa.

-“¿Cuánto cobraba usted?”.

-“No me acuerdo”.

-“¿3.000 euros?”.

-“Yo cobraba alrededor de 2.000 euros, porque tengo muchas retenciones. [Ella] Pagó dos meses y ya no me pagó más”, continúa.

La defensa destaca la rapidez con la que Antonio Domingo Ruiz Daza, que pide un año de cárcel para María Salmerón, denunció y pidió la ejecución del embargo: “No es de recibo que además pida 6.000 euros de indemnización cuando está prácticamente pagado”. Según detalla la acusación, con decimales incluidos, queda por ejecutar 1.110,24 euros. 

“Una justicia fuera de tiempo deja de ser justicia. Una situación que en un momento puede ser conflictiva pierde su razón de ser cinco años después. Los hechos enjuiciados a día de hoy dejan de tener la importancia de cuando se produjeron, en una situación transitoria”, reconoce la fiscal, que pide a la jueza atenerse a la mayor objetividad posible.

La defensa de María Salmerón solicita su libre absolución remitiéndose a una interpretación del artículo 227 del Código Penal según la cual la Audiencia Provincial de Sevilla, en una sentencia del 26 de septiembre de 1991, concluyó que no se puede recurrir a lo penal cuando el que tiene que recibir la pensión carece de necesidad. “Con 2.000 euros podía darle de comer perfectamente a su hija sin necesidad de esa solidaridad”, sostiene el abogado de Salmerón. Además, hace referencia a varias sentencias del Constitucional y del Supremo sobre la dilación de la justicia indebida como atenuante del delito.

-“Queda visto para sentencia”, finaliza la jueza.