La violaciones que sufren mujeres y menores amparadas por el acuerdo entre la UE y Turquía

El Pireo. Grecia. “No duermo por las noches. Me siento en una silla afuera, vigilando las tiendas de mis nueras y mis hijos, para que nadie entre y les haga daño. Este no es un lugar seguro. Los afganos, que están al otro lado de la carretera interna del puerto, se emborrachan y pasan a nuestra parte merodeando para meterse en las tiendas de las mujeres. Yo soy responsable de toda mi familia”. Es Somod, nombre ficticio, una mujer viuda y con seis hijos que huyó de Siria. Su testimonio, recogido por Women’s Link Worldwide, es sólo un ejemplo de las amenazas a las que se enfrentan a diario las mujeres refugiadas por el mero hecho de ser mujeres. “Nunca quise dormir en las instalaciones. Tenía demasiado miedo de que alguien me tocara. Las tiendas eran mixtas y fui testigo de escenas de violencia. Me sentía más segura mientras nos desplazábamos, especialmente en autobús, el único lugar donde podía cerrar los ojos y dormir. En los campamentos hay muchas probabilidades de que te toquen, y las mujeres realmente no pueden quejarse, porque, además, no quieren causar problemas que perturben el viaje”, contaba Reem, una joven siria de 20 años, a Amnistía Internacional.

Women’s Link Worldwide ha presentado una queja ante la Defensora del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea al no haber realizado una evaluación del impacto sobre los derechos humanos desde una perspectiva de género y de protección de la infancia en el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía el pasado 18 de marzo. La asociación denuncia que las precarias condiciones de alojamiento, alimentación, dormitorio, aseo, sanidad, iluminación y seguridad de los centros de detención y asentamientos informales para refugiados pone a las mujeres, niñas y niños en riesgo de sufrir violencia y violencia sexual, «además de hacerlos más vulnerables frente a las redes de tráfico y de trata de personas con fines de explotación».

La queja incluye también la vulneración de derechos en salud sexual y reproductiva: «Las mujeres embarazadas no están recibiendo tratamiento médico adecuado. Tampoco hay asistencia médica para bebés recién nacidos y otros niños y niñas. Las mujeres embarazadas tienen un documento donde aparece su nombre y las semanas de gestación que les da derecho a recibir, de manera ocasional, una lata de sardinas o unos dátiles. Las mujeres embarazadas no tienen acceso a controles gineco-obstétricos y en esas condiciones los embarazos y los partos representan un riesgo para la salud y la vida de las mujeres. Los servicios de aborto en casos de embarazo producto de violación o de riesgo para la vida de la mujer o la niña, son también inexistentes».

En educación,Women’s Link subraya la ausencia de acceso a una formación básica para los menores y la falta de espacios de ocio adecuados a sus necesidades y edad. Y sobre el acceso al asilo y protección internacional, la organización destaca que el tiempo que se ha establecido en Grecia para resolver una petición, incluida la apelación, es de 15 días: «Este plazo va en contra de la necesidad de estudiar cada caso de una manera individualizada aplicando una perspectiva de género y de derechos de la infancia. Tampoco es tiempo suficiente para que las mujeres puedan impugnar el concepto de Turquía como país seguro en el caso de que la solicitud sea inadmitida a trámite y sean expulsadas a ese país». La asociación muestra su preocupación ante la situación de violación de derechos humanos en Turquía y, en particular, las violaciones de derechos de mujeres y niñas y niños. «Estas consideraciones la Comisión Europea no las ha tenido en cuenta a la hora de firmar el acuerdo», concluye.

Según sus datos, la llegada por mar de mujeres y menores a Grecia supone el 60% del total en estos momentos. En 2015, el 70% de la población que llegaba eran hombres: «Esto supone que más mujeres, niñas y niños ponen en riesgo sus vidas y están en situación de mayor vulnerabilidad tanto en el tránsito migratorio como cuando llegan a Europa».