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La inversión en asistencia gratuita a la violencia machista se estanca desde 2011
El informe del Observatorio de Justicia Gratuita en España señala que en los cuatro años más afectados por la crisis, a partir de 2010, la inversión cayó en general en más de 40 millones de euros, más de un 15%.
La inversión destinada a la asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género se ha estancado desde 2011 en siete millones de euros, según el Observatorio de Justicia Gratuita en España. La cifra supone cuatro millones y medio menos que en 2010, cuando se creó este servicio específico, anteriormente incluido en el turno de oficio. Aquel año, aún con Zapatero en el Gobierno, el Estado aportó 11,5 millones de euros a la violencia de género. Sólo en 2012 se produjo un pico que alcanzó los nueve millones.
El informe, elaborado por Abogacía Española y Wolters Kluwer, señala que en los cuatro años más afectados por la crisis, a partir de 2010, la inversión en justicia gratuita cayó en general en más de 40 millones de euros, más de un 15%. «Lo que había subido, entre otras razones porque las distintas leyes aprobadas por el Parlamento aumentaban el número de personas o colectivos con derecho a usarla, también, por la misma crisis, empezó a bajar», denuncia. De los 266 millones de euros de 2009, la cifra ha descendido hasta los 227 de 2015.
«En resumen, el coste de la justicia gratuita en España significa apenas un 6% del gasto total en Justicia de las Administraciones Públicas y menos de cinco euros al año por ciudadano«, añade el documento. La crisis y la reforma de las tasas judiciales de Gallardón dispararon las solicitudes: «La tendencia al alza tiene su excepción en el año 2012, cuando el número de expedientes tramitados cayó a poco más de 800.000 frente a los más de 900.000 del año anterior. Ahora bien, la senda del crecimiento se recupera al año siguiente, en 2013, cuando se produjo la reforma de las tasas judiciales que provocaron que cada vez más ciudadanos solicitaran la asistencia jurídica, por lo que las solicitudes superaron las 951.000, lo que supone un incremento superior al 18% de las recibidas en 2012», indica el informe.
Por jurisdicciones, la penal ha sido la que ha contado con una mayor inversión, entre el 55% y el 65% del total de la inversión en el turno de oficio, seguida de la jurisdicción civil, que acapara entre el 20% y el 30% de los gastos. Las jurisdicciones contencioso-administrativa y social han ocupado todos los años el tercer y cuarto puesto en inversión, con un gasto situado en torno al 5% en el primer caso y al 2% en el segundo.
Durante los diez años abordados por el Observatorio, Cataluña es la comunidad que más ha invertido en el servicio, seguida de Andalucía y Madrid que han ido alternando el segundo y tercer puesto. Entre las tres comunidades aglutinan alrededor del 60% de la inversión año tras año. La Rioja, Ceuta y Melilla se sitúan en el extremo contrario.
El estudio, presentado cuando se cumplen 20 años de la ley que regula la justicia gratuita, pide una nueva legislación «adaptada a la realidad actual, social, económica y legislativa» que agilice los procesos. garantice la especialización y el cobro de los servicios y cree un marco jurídico específico del abogado del turno de oficio que reconozca su función social y dignifique la labor que desempeña. «Abogados de oficio como César Pinto, José María Moreno, Manuel Delgado, Carmen San Illanes o Ángel Orpez han logrado que tribunales europeos paralizaran desahucios, que el Tribunal Supremo obligara a un padre preso por violencia de género a que pagara la pensión alimenticia a sus hijos, que un albañil en paro o una familia no perdieran su casa o han impedido que una mujer heredara las deudas de los asesinos de sus hijos. Hay muchos más, la mayor parte anónimos», afirma Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.
Con respecto a la violencia de género, el informe recomienda la preceptividad de la asistencia letrada en sede policial con carácter previo a la formulación de la denuncia, que la gratuidad universal a las víctimas se refiera únicamente a la primera asistencia letrada, sin perjuicio de su legítimo derecho al reconocimiento de la justicia gratuita y una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de forma que se atribuya al abogado la posibilidad de representar a la víctima de violencia de género hasta la apertura del juicio oral, tal y como ya se reconoce a la defensa del investigado.