Regular los medios, un debate obligado

Pedro Ramiro* // Buena parte de la producción literaria en materia de comunicación del periodista Pascual Serrano debería ser objeto de estudio y de consulta no solo en las facultades de periodismo sino, sobre todo, entre todos esos profesionales de la prensa que, muchas veces, a tenor de lo que se escucha en tertulias o se lee en columnas periodísticas, parece que desconocen por completo la realidad de ese sector en muchos países de América Latina y dan la impresión de estar hablando de oídas o, lo que es más grave, al dictado de la opinión editorial de los dueños de los medios en que trabajan.

En esa línea continúa su último trabajo, “Medios democráticos. Una revolución pendiente en la comunicación”, publicado recientemente por la editorial Foca. El libro comienza haciendo un poco de historia, enmarcando la situación sociopolítica y el sector de la prensa y, en general, de la comunicación con el que se encontraron los nuevos gobiernos de izquierda en varios países latinoamericanos. Y es que resulta central conocer esos datos para poder entender las medidas adoptadas más tarde por esos países en lo que a la política de comunicación se refiere. Porque en estas políticas es crucial el papel que desempeña el Estado, como autoridad que debe velar por el interés general.

La importancia del sector de la comunicación en esas latitudes está vinculada al desarrollo de las políticas que se venían implementando en todos esos países, caracterizadas por la doctrina neoliberal de la desregulación y privatización, y que estigmatizaban a los Estados frente a un “libre mercado” que se presentaba como sinónimo de eficacia e independencia. Así, el oligopolio de empresas de la comunicación reproducía en el imaginario colectivo el mantra de que lo público era corrupto, ineficaz y sinónimo de despilfarro y de ataque a la libertad. En este marco, en el libro se hace un repaso de los grupos y medios de comunicación que operaban y operan en la región, como agentes políticos de primer orden, en tanto en cuanto representan un auténtico contrapoder, en algunos casos con una praxis muy agresiva, a las políticas redistributivas y de libertades que se comenzaron a aplicar en todos esos países.

Por lo que se refiere a la regulación del sector de la comunicación, las políticas de intervención del Estado se articulan en torno a los siguientes ejes de actuación: una legislación para que la ciudadanía pueda acceder a información veraz, lo que Serrano identifica como “salud de la información”; el establecimiento de límites a la concentración de medios, que vendría a significar una cierta democratización del sector; la creación de órganos rectores, que se ocupen del nuevo ordenamiento regulador; el desarrollo de una estructura pública y colectiva de medios, que permita un canal directo del Estado con la ciudadanía; la protección de la producción cultural nacional y el apoyo a los medios comunitarios.

Ni que decir tiene que cualquier medida adoptada en cada uno de esos ejes ha contado de inmediato con la reacción en contra de los grandes medios privados, al considerar que constituyen un atentado contra sus privilegios. Baste citar el caso de las licencias de radio y televisión que los Estados conceden en virtud de sus atribuciones reguladoras: “Cualquier intento de abrir las licencias a grupos no empresariales (sin ánimo de lucro) o a instituciones públicas es presentado por los medios mayoritarios como ‘amenazas a la libertad de expresión’”, recalca Pascual Serrano. De hecho, esta calificación es la que fue aplicada en el caso de Ecuador a la medida gubernamental que establecía un aumento salarial para los periodistas, de modo que “según las empresas, si los periodistas cobraban más, la libertad de expresión estaba amenazada”.

En la completa radiografía del panorama de la comunicación en América Latina que nos muestra el libro, podemos ver que Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil han sido los países en los que han tenido más importancia las políticas adoptadas por sus gobiernos en esta materia. Frente a las teorías liberales de que la mejor ley de prensa es la que no existe y de que la autorregulación del sector es el mecanismo idóneo para preservar la libertad de expresión, la democratización de la comunicación, o sea, la puesta en marcha de las medidas necesarias para garantizar las libertades y derechos tanto a recibir información veraz como al acceso de la sociedad a poder difundir libremente su diversidad cultural e informativa, pasan necesariamente por una decidida regulación estatal.

Como en cualquier otro sector de la actividad productiva, dejar en manos del mercado la información y la comunicación, como si se tratara de meras mercancías, sería abdicar de la responsabilidad que tienen los Estados para proteger esos “bienes esenciales y relevantes para el convivir de una sociedad democrática”. Porque, como ha señalado el profesor brasileño Dênis de Moraes, “en función de la correlación de fuerzas vigente en cada coyuntura específica, las políticas oscilaron y oscilan entre la defensa del interés público y las exigencias de rentabilidad de las empresas privadas. No obstante este movimiento pendular entre los valores sociales y las ambiciones mercantiles, históricamente es en nombre del interés nacional que se reconoce y se legitima la intervención del Estado para ordenar y armonizar los mercados constituidos por nuevos medios de comunicación y redes de distribución de contenidos. Esa intervención en general abarca la fijación de normas, estrategias y prácticas de organización, regulación, gestión, financiamiento, formulación de planes y condiciones competitivas”.

Puede decirse que en América Latina, en la última década, se ha ido empezando a construir nada menos que el futuro de otro sistema de medios de comunicación posible, referente para cualquier política pública que vaya a desarrollarse en esta materia. Mientras tanto, por aquí el mercado campa por sus respetos y los medios, los grandes y los pequeños, cuando alguien pretende innovar o aplicar algunas de las medidas que allá se han establecido, se lanzan con furia contra sus promotores, acusándoles de atentar contra la libertad de prensa, confundiéndola con la libertad de empresa, que es muy respetable pero que sin duda tiene unos intereses bien distintos de la primera.

Cuando, por poner un ejemplo, el nuevo gobierno municipal de Madrid intentó crear una página web que sirviera de canal para comunicar directamente a la ciudadanía las políticas que se desarrollan desde el ayuntamiento, o cuando algún partido político de nuevo cuño ha reflexionado sobre este tema o ha tratado de incluir en su programa cualquier medida que tenga que ver con el sector de la comunicación, los medios de prensa se han lanzado con toda su artillería contra todo lo que huela a poner en cuestión su hegemonía, hasta ahora preservada por igual por los sucesivos gobiernos españoles.

En España y en lo que a la prensa se refiere, como se afirma en un editorial de CTXT, “la creciente promiscuidad entre prensa y poder, voluntaria en muchos casos y obligada en otros, dada la presencia de bancos y empresas del Ibex-35 en la propiedad y los consejos de administración, ha ayudado mucho al hundimiento de la credibilidad de los medios y los periodistas españoles, visible en todos los estudios serios, que sitúan la confianza de los ciudadanos españoles en la prensa en un nivel similar al de Rumanía”. De ahí que desde distintos medios de comunicación contrahegemónicos, entre los que destacan La Marea y Diagonal, se esté reclamando un debate abierto y plural sobre periodismo y democracia, que deberá llevar necesariamente aparejadas las grandes cuestiones que en materia de comunicación se han puesto en marcha en América Latina y que, como señala Pascual Serrano al final de su libro, están convirtiéndonos a los europeos en meros restos del pasado.

* Pedro Ramiro (@pramiro_) es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.