La nueva mercantilización de la sanidad: de la gestión de hospitales a la lista de trasplantes

“La infiltración de la sanidad por las empresas privadas tiene mucha presencia de la sanidad norteamericana, que es una sanidad muy mercantilista y muy desigual”. Luisa Lores, radióloga del Complejo Hospitalario de Pontevedra y miembro de la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública, lleva años estudiando la privatización del aparato sanitario español.

Una de las empresas estadounidenses que preocupan a Luisa es Centene Corporation. La multinacional, con base en St. Louis, Missouri, intentó entrar en la sanidad de nuestro país en 2013. Llegó a obtener la concesión de la Comunidad de Madrid, a través de la sociedad puertorriqueña HIMA San Pablo, para la construcción y gestión de tres hospitales (en Parla, San Sebastián de los Reyes y Aranjuez). El proyecto, puesto en marcha por el entonces presidente regional, Ignacio González (hoy investigado por su presunta relación con las tramas Gürtel y Púnica), fue paralizado por las huelgas de la sanidad y la justicia. El gobierno de González, finalmente, abandonó el plan, en el que también se habían adjudicado hospitales a Ribera Salud y Capio (hoy IDC Salud).

Centene, no obstante, no se quedó de brazos cruzados. En 2014, la multinacional estadounidense compró a Bankia la mitad de Ribera Salud por 60 millones de euros. Además, según informaciones publicadas en el diario El Confidencial, Centene tiene una opción para adquirir la otra mitad, propiedad del Banco Sabadell. De esta forma, la compañía de Missouri, que también ha comprado a Adeslas y Asisa, sitúa parte de sus negocios en la Comunidad Valenciana, donde ya controla tres hospitales en las provincias de Valencia y Alicante (Alzira, Torrevieja y Elche).

Cambio de modelo

El “modelo Alzira” de privatización de la sanidad (también llamado “PPP”) fue el elegido por la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, con casos en otras comunidades como Cataluña y Galicia. El modelo se basa en conceder a una empresa privada la construcción y gestión integral del centro durante un tiempo, a cambio de un canon anual.

No obstante, la implantación de la privatización de la sanidad por medio del modelo Alzira ha dejado de ser la preferida, tras la paralización de los procesos en Madrid y Castilla-La Mancha y los problemas surgidos en los centros en funcionamiento: “El modelo PPP es muy costoso, y les resulta menos rentable gestionar hospitales. Es una muy buena noticia para la sanidad pública que no se haya seguido por ese camino, porque para profesionales y pacientes es nefasto. Pero no debemos pensar que se van a quedar ahí. Quieren quedarse con todo”, afirma Lores.

“Antes intentaban hacer pequeñas empresas fragmentadas dentro de los hospitales e ir infiltrando con inversión privada aquellas que les interesaban más. Eso supuso muchos problemas sindicales, así que ahora lo que les interesa es la investigación, los datos, la sangre, los trasplantes… ese tipo de cosas”, explica la radióloga gallega.

Trasplantes privados

Uno de los ámbitos en los que, a juicio de Luisa Lores, la privatización de la sanidad produce mayor rechazo social es en el de los trasplantes. “Hay un enorme problema en quién gestiona la lista de espera de trasplantes”, explica la facultativa, que pone como ejemplo la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (FRIAT).

La FRIAT es una fundación privada sin ánimo de lucro, perteneciente a la familia Álvarez de Toledo, muy próxima al Partido Popular. Para Lores, tiene que ser “totalmente incompatible” la actividad privada con la gestión de las listas de espera y los datos de trasplantes: “Una persona que necesita un riñón tiene que pasarse años conectado a una máquina. ¿Qué no pagaría alguien para saltarse una lista de espera?”