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La Policía desahucia a una pareja y sus siete hijos en Alcorcón
Durante el desalojo se han producido momentos de tensión entre la Policía y los ciudadanos que intentaban parar el desahucio, que se ha saldado con una detenida.
Una pareja con siete hijos, cinco de ellos menores y otro con discapacidad, están desde hoy en la calle. Es el resultado del desahucio que se ha producido la madrugada de este jueves en la localidad madrileña de Alcorcón, a pesar de que un centenar de vecinos y activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han tratado de impedirlo.
En torno a las 2 de la mañana, una treintena de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se personaron en el domicilio de Maxi para desalojarles. Maxi, que comparte la vivienda con su pareja y siete hijos, tenía arrendada la vivienda a un particular que posee varias viviendas en el mismo bloque. La deuda con el casero en el momento de la primera demanda era de 2.000 euros. Los ingresos de la familia se limitan a 426 euros mensuales, cifra inferior a su cuota mensual de alquiler, de 520 euros.
Durante el desalojo se han producido escenas de tensión que han sido recogidas por varios de los vecinos que intentaban impedir el desahucio. En uno de los vídeos se aprecia cómo uno de los agentes empuja y tira al suelo a una de las mujeres que se encontraban frente al edificio, dentro del cordón policial establecido por la Policía. Otra mujer ha sido detenida por resistencia a la autoridad, aunque por la tarde ha sido puesta en libertad con cargos.
«Consideramos intolerable que un municipio como Alcorcón no disponga de viviendas de protección oficial para dar una alternativa habitacional a esta familia», explica Manuel San Pastor, abogado de la PAH. «La familia llevaba más de una semana protestando a las puertas del Ayuntamiento, y todo lo que hemos recibido por respuesta han sido insultos y una constante negación a dar salida a la situación de esta familia».
Un despliegue «desproporcionado»
San Pastor denuncia asimismo lo desproporcionado del despliegue policial. «Los agentes han estado desde las 2 de la mañana hasta las diez. Ese operativo cuesta más que la deuda de 2.000 euros que tenía la familia. Queda muy claro que no existe voluntad política para dar una solución a este problema».
La PAH ha facilitado una vivienda provisional a Maxi y su familia, que piensan seguir luchando a partir del próximo lunes para reclamar una solución. «Por el momento necesitan descansar, porque tras toda esta noche han terminado con un nivel de ansiedad muy elevado», cuenta San Pastor.
Tras el desalojo, un grupo de vecinos y activistas se han desplazado hasta el Ayuntamiento con los muebles y enseres de la familia, para exigir una solución al equipo de Gobierno que encabeza el alcalde David Pérez (PP). Se da la circunstancia de que otro grupo de activistas de la PAH ya decidieron acampar a las puertas del Consistorio hace apenas una semana, tras una manifestación para reclamar una salida al caso de Maxi.