La violencia sexual en México usada para la “guerra” contra el narcotráfico

Wendy Noreli fue detenida en agosto de 2011 en Tabasco (México). Los marinos orinaron encima de ella y la violaron con dedos enguantados, lo que le provocó una infección que no fue atendida. Después la presentaron a los medios de comunicación frente a una mesa repleta de drogas y armas. Ella denunció el caso ante un juez, que pidió a la Fiscalía que abriera una investigación. Cuatro años después, Wendy permanece en prisión a la espera de su juicio acusada de producción de narcóticos. Es uno de los relatos que recoge Amnistía Internacional en una investigación que concluye que las mujeres en México sufren abusos sexuales habituales por parte de las fuerzas de seguridad, que buscan obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada.

«Tanto en la estrategia de seguridad empleada en México como en la denominada guerra contra el narcotráfico, es frecuente que las mujeres sean detenidas durante arrestos en grupo y acusadas de ser novias de delincuentes y cómplices de actos delictivos, sin que existan pruebas sólidas que respalden esas acusaciones. Se las considera fáciles de detener como medio de aumentar las cifras de detenciones y demostrar así a la sociedad que los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad dan resultado», sostiene la investigación.

A Mónica Esparza la violaron en grupo seis agentes de policía en el Estado de Coahuila, en febrero de 2013. Le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, la intentaron asfixiar con una bolsa de plástico y le hundieron la cabeza en un cubo con agua. Según cuenta, funcionarios de seguridad intentaron que confesara que formaba parte de una banda de delincuentes y la obligaron a mirar cómo torturaban a su hermano y a su marido. En el traslado de los tres a la sede de la Procuraduría General de la República, su marido murió en sus brazos debido a las torturas sufridas. Más tarde, ella fue obligada a firmar una “confesión” en la que afirmaba que pertenecía a un cártel de la droga. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), explica Amnistía Internacional, confirmó la tortura de Mónica, pero no se han formulado cargos contra ninguno de sus autores. Ella, como Wendy, sigue en prisión acusada de participación en delincuencia organizada.

El estudio, titulado Sobrevivir a la muerte, analiza los testimonios de 100 mujeres recluidas en prisiones federales que aseguraron haber sufrido tortura u otros malos tratos durante su arresto e interrogatorio por parte de policías municipales, estatales o federales o miembros del Ejército y la Marina. De ellas, 72 habían sufrido abusos sexuales y 33 habían sido violadas. “Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, afirma Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en una nota. De las 66 mujeres que denunciaron los abusos, sólo en 22 casos se abrió una investigación y, según Amnistía Internacional, no se ha presentado ningún tipo de cargo. De las miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han terminado en condena, añade la organización.

En concreto, el Ejército aseguró a preguntas de Amnistía Internacional, que ningún soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. «Según informó la Marina, sólo cuatro marinos habían sido suspendidos en el mismo periodo. Un marino condenado a prisión por abusos sexuales sólo fue apartado temporalmente del servicio en la Marina, lo que le permitiría reincorporarse a su puesto una vez cumplida la pena de cárcel», afirma la organización. Las consecuencias posteriores para estas mujeres, además, incluyen el trauma psicológico, el estigma social y el impacto en la familia. La mayoría no son atendidas por médicos, ni siquiera las que aseguran estar embarazadas.

El estudio también muestra formas de tortura específicamente relacionadas con los estereotipos de género: «Las mujeres lesbianas, transexuales y transgénero corren especial peligro ya que su cuerpo no se adapta a las normas esperadas de femineidad», sostiene la investigación. «Pinche cerda marrana», fue uno de los insultos que recibió una mujer del estudio que pesaba más de 100 kilos. De las cien entrevistadas, 12 son bisexuales y otras 12 lesbianas. Korina Utrera, que asegura que nunca había mantenido relaciones con hombres, relató a Amnistía Internacional que, tras su detención, junto a su pareja, la manosearon, le pellizcaron los pezones, le metieron los dedos en la vagina y le introdujeron un tubo por el ano. Su compañera también fue violada. Según cuenta, uno de ellos gritó: «Ya suéltenla. Nos van a denunciar».

Amnistía Internacional denuncia que las autoridades mexicanas le negaron información crucial en el curso de su investigación, como el acceso a mujeres bajo custodia y, en algunas ocasiones, la entrada a un centro penitenciario. Además, asegura que representantes del Ejército y la Marina rechazaron mantener un encuentro. “Cuesta creer el afán con que México encubre su crisis nacional. En lugar de intentar encubrir miles de casos de tortura y otros malos tratos, las autoridades deberían centrar sus energías en garantizar la erradicación definitiva de la tortura garantizando el enjuiciamiento de los responsables y reparaciones adecuadas a las víctimas”, concluye Erika Guevara-Rosas.