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La becarización laboral
"Se ha llegado hasta tal punto que ni siquiera los medios públicos -ni el propio Gobierno- pagan a sus becarios, con lo que nos preguntamos quién marcará el fin de esta sangrante situación", reflexionan los autores.
El pasado abril, los compañeros de Unidad Editorial veían cómo, tristemente, sus vacaciones de verano se adelantaron y no de la manera que ellos pensaban. El grupo líder de comunicación multimedia anunció un ERE que afectaría a 224 trabajadores. Finalmente, tras varias jornadas de huelgas y ediciones impresas sin publicarse, la empresa rebajó los despidos a 160, 64 menos de los pactados inicialmente. Este acuerdo, según la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) se ha saldado con una indemnización de 37 días de sueldo por año trabajado y un tope de 24 meses, más 5.000 euros lineales y un plazo para salidas y jubilaciones voluntarias.
Paralelamente, el último fin de semana de mayo se realizaron las pruebas para seleccionar a los becarios que formarán parte de Unidad Editorial durante los meses de verano. Teniendo en cuenta que 160 redactores dejan -forzosamente- su puesto y que, tomando como referencia los datos del Informe Anual de la Profesión Periodística de la Asociación de la Prensa de Madrid, el sueldo base de un redactor de El Mundo ronda los 1.800 euros de media mensuales, los becarios se convierten en una pieza central de este puzzle. Serán los encargados de soportar gran parte del trabajo. Según el propio grupo de comunicación, 100 estudiantes en prácticas ocuparán las diferentes cabeceras que posee, es decir, El Mundo, Marca, Expansión, Telva, Yo Dona, Radio Marca, Metrópoli, Diario Médico y Fuera de Serie. La compensación económica que percibirán será de 300 euros por media jornada. En otras palabras: una auténtica ganga para cualquier empresario. Pero el caso de Unidad Editorial no es el único. Empresas que buscan mano de obra barata a base de becarios, destruyendo puestos de trabajos reales, es el día a día al que se enfrentan miles de jóvenes estudiantes o, incluso, recién salidos de la facultad.
Situados a las puertas del verano, tanto los alumnos como empresas están deseosos de establecer una relación laboral. En el caso de los primeros, tienen en mente poder introducirse poco a poco en la profesión y poner en práctica lo aprendido en la facultad, además de poder contribuir en la medida de lo posible en la empresa. Por su parte, los segundos ven a los becarios como un perfecto sustituto para sus redactores en una época donde tienen que cubrir las vacaciones de sus redactores, aumentando así el número de plazas ofertadas y, por consiguiente, la imposibilidad de ocupar un puesto de trabajo real.
Esta realidad tampoco hace distinciones entre el sector público y el sector privado. Entidades de ámbito público como La Moncloa o RTVE no pagan a sus becarios. Así, en la plataforma de Gestión Integral de Prácticas Externas de la Universidad Complutense de Madrid, la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U. ofrece plazas de becarios, con una jornada laboral de 7 horas diarias y sin ningún tipo de remuneración. Se ha llegado hasta tal punto que ni siquiera los medios públicos -ni el propio Gobierno- pagan a sus becarios, con lo que nos preguntamos quién marcará el fin de esta sangrante situación.
Además, nos encontramos con que muchos son los escépticos respecto a este asunto; otros creen que se exagera, que se distorsiona o que realmente no sucede así. Pero no. Laura (nombre ficticio), una chica de 22 años, ha experimentado en sus propias carnes que, por ser becaria, se la trata de una manera despectiva y que su trabajo y dedicación no eran equitativos a los del resto de sus compañeros: no cobraba. Laura estuvo siete meses en una empresa (no ha querido facilitar su nombre) donde trabajaba un mínimo de cinco horas diarias. Sus prácticas eran extracurriculares, es decir, aquellas que no forman parte del Plan de Estudio, las que haces porque quieres tener un contacto profesional que no te da la Universidad. Llegó allí sin un contrato más que el convenio que establecen la empresa y el centro. Su función, según nos cuenta, era la de redacción de contenidos para la radio y acciones de community manager. Para ella, su labor se diferenciaba “más bien poco del redactor». «Me exigían incluso más que a ellos”, afirma. A priori parece tratarse de un trabajo muy específico, puesto que hoy día la labor de community manager lo hacen personas expertas en determinadas estrategias de marketing que tienen unos conocimientos previos, pero en la empresa donde ella estuvo ese cargo era exclusivo para ella. “Ellos aseguraban no saber usar esos programas”, relata Laura, que prosigue en su desahogo personal contando que sus funciones aumentaban dependiendo de lo que requerían, como por ejemplo, llevar a cabo la toma de contacto con los entrevistados. Periodista, publicista y relaciones públicas; todo en uno para una chica que ocupa el escalafón más bajo de la empresa. Y sin olvidar lo más importante: todas estas funciones eran realizadas sin ningún tipo de compensación económica.
No obstante, el punto de inflexión para que Laura decidiera dejar sus prácticas se produjo cuando en la radio en la que estaba le encomendaron la tarea de dar clases en un taller que tenían para niños. A sus jefes y jefas se les ocurrió la brillante idea de que, con las piezas que los niños habían grabado, harían un periódico para los pequeños. Este trabajo recaería en la propia Laura, ya que, según le dijeron, era la única con nociones de maquetación. Su calvario empezó cuando comenzaron las presiones para entregarlo y, cuando lo hacía, no daban el visto bueno al trabajo. Todo esto durante la etapa de exámenes de la Universidad, algo que ellos no tuvieron en consideración, a pesar de que en los convenios que se firman viene estipulado la prioridad del alumnado en épocas de exámenes. ¿El resultado? A pesar de las presiones a las que estaba sometida, cumplió su trabajo. En cambio, la empresa no le pagó ninguna hora extra, no le firmaron los meses de prácticas ni elaboraron el informe destinado a la universidad.
Otro caso de los miles que hay es el de Lucía (nombre ficticio), quien estuvo seis meses de prácticas extracurriculares siendo becaria en los informativos de Antena 3 noticias. ¿Cuántas horas trabajaba? Hasta 12. Desde el informativo del mediodía (entraba a las 10 de la mañana) hasta el de la noche (se iba sobre las 21.30). ¿Y cuánto cobraba? Nada. Ni tan siquiera percibía una compensación económica que le cubriera el tener que desplazarse los días laborales hasta los estudios en San Sebastián de los Reyes o el tener que comer todos los días en el comedor que tenían allí. Como nos comenta, obviamente, acababa pagando por hacer un trabajo que, asegura, “poco se diferenciaba del redactor”, puntualizando que “si acaso en la responsabilidad”. Situaciones precarias, llegadas al límite, y que lo único que contribuye es, una vez más, a destruir la profesión. Tal vez un hecho que resume muy bien la situación del llamado becario precario es la contestación que recibía Lucía de Antena 3: «Si estás aquí todo el día currándotelo, vas a acabar siendo indispensable y te vamos a contratar», asegura que le dijeron, jugando con la psicología de la persona, como ella misma denuncia.
Y cerrando el tema de experiencias, la de Bárbara. Ella decidió hacer las prácticas en La Moncloa que, como mencionamos anteriormente, tampoco paga a sus becarios. Aun así, ella decidió hacerlas, desarrollando principalmente una labor de gabinete. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que hacía las labores de otros funcionarios en periodo de vacaciones con el fin de no tener que contratar a alguien que lo hiciera. “Para algo tenemos a los becarios”, debieron pensar. Y como ocurre en casi todas las empresas, la posibilidad de que te hagan fijo o fija tras el periodo de prácticas es casi inexistente, ya que cada tres meses, de manera religiosa, unos se van y otros vienen para cubrir ese vacío, como si de una metáfora de la vida se tratase.
La explotación del siglo XXI
En el pasado, la situación de los becarios no era excelente, pero no llegaba a ser tan dramática como lo es ahora. El Real Decreto 1497/81 de Enseñanza general y programas de cooperación educativa fue la primera regulación legal de las prácticas universitarias realizada en España. Este marco legal pretendía «reforzar la formación de los alumnos universitarios en las áreas operativas de las empresas para conseguir profesionales con una visión real de los problemas». Una de las mayores diferencias respecto a años anteriores se enmarca dentro de la esperanza de los becarios de que sus meses de prueba se transformaran en un contrato laboral. Normalmente, esa era una de las vías de acceso al mundo profesional y objetivo de la figura del becario. Sin embargo, la realidad hoy es bien distinta. Si un mes entran tres becarios, a los tres meses se le acaba su periodo, le dicen adiós, y entran otros tres más. Y así sucesivamente. Actualmente, la posibilidad de quedarse encadenando en sucesivos contratos de prácticas es una situación común para los nuevos graduados o licenciados. Conseguir un contrato real después de un periodo de becario parece cada vez más una utopía. Según los datos del Informe Anual de la Profesión Periodística elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid, sólo un 2,3% de los encuestados creen que encontrarán seguro un trabajo, mientras que un 61,4% cree que será muy difícil.
Así lo explicaba también de forma crítica Eduardo González, portavoz de la Oficina Precaria, en cuartopoder.es: “Nuestro objetivo es acabar con una forma de trabajo juvenil que consideramos esclavista: las becas a estudiantes o recién titulados. Entendemos que esta forma de trabajo tal y como está siendo aplicada por las empresas está sirviendo para sustituir a trabajadores con contrato y, en consecuencia, para precarizar el empleo. De esta manera, la empresa dispone de un trabajador joven, a veces titulado, que trabaja por una quinta parte de lo que le correspondería por convenio legal”. De esta forma denunciaba la deriva que han tomado las becas de formación. “No + becas x trabajo” es el nombre de la campaña lanzada por este colectivo, asociado al 15-M.
La “becarización” del trabajo tiene consecuencias nefastas para el mercado laboral. El primero y más importante es la destrucción de puestos de trabajos reales que ahora pasan a ser ocupados por becarios no remunerados o que perciben una compensación mínima. Las becas acaban por perder su principal cometido, servir como programas de formación, y acaban convirtiéndose en trabajo encubierto que ahoga más y más a los estudiantes y profesionales. Según publicó el diario El Mundo, la subida de contratos en prácticas entre 2013 y 2015 aumentó un 350%, de 200.000 a 700.000. De esta forma, el empresario maximiza sus beneficios provocando así un mayor empobrecimiento de sus trabajadores. En definitiva, la “becarización” del trabajo provoca una precarización del mercado laboral.
La segunda consecuencia estructural es la dependencia económica de los estudiantes o recién licenciados, que necesitan de los recursos de sus familias. Según los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2016, el paro entre los menores de 25 años crece tres décimas desde el trimestre anterior, lo que lo sitúa en un 46,5%.
Otra consecuencia, señalada por la Oficina Precaria, es la fuga de cerebros a otros países. Rubén, ingeniero superior de Telecomunicaciones, se marchó al Reino Unido cuando los telediarios aún hablaban de “desaceleración económica”. A pesar de haber sido una decisión propia, cree que la fuga de cerebros “es un gran problema porque se ha formado a gente con mucho talento que se ha visto forzada a marcharse”. Este madrileño de 30 años considera que la innovación debe ser la principal apuesta del sector empresarial de un país. Debido a la situación que atraviesa nuestro país, no tiene pensado volver a nuestro país. “Nunca he trabajado en España. Pienso que en otros países las cosas son diferentes, los trabajadores están mejor valorados. Se hace mucho hincapié en la formación del trabajador, alineando los objetivos personales con los de la empresa”.
Ahora o nunca
El objetivo que tantas asociaciones, colectivos, estudiantes e inclusos políticos implicados en la causa persiguen es conseguir una regulación legal de las prácticas académicas donde se imposibilite que los becarios sean usados como manos de obra barata.
Nosotros, para conseguir llegar hasta los partidos políticos, hemos creado el Manifiesto en defensa del becario, donde denunciamos la situación que viven los estudiantes de periodismo, sumidos en una cultura de explotación laboral donde los medios de comunicación utilizan sus ganas de trabajar y aprender con la única intención de ahorrar costes, sustituyendo trabajadores contratados por estudiantes en prácticas: “queremos denunciar a todas esas empresas que ofertan prácticas extracurriculares o puestos de becarios, ya sean cursando o en posgrado, sin remunerar”.
En dicho texto se hace un llamamiento a los medios de comunicación, profesionales, facultades de Ciencias de la Información y la Comunicación, profesores, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, etcétera, para que pudiesen suscribir nuestra iniciativa. Medios como infoLibre, Ctxt o eldiario.es ya lo han hecho, al igual que periodistas como Jesús Maraña, Ignacio Escolar, Magda Bandera, Jesús Cintora, Manuel Jabois, Javier Mayoral y muchos más.
El pasado 26 de mayo, Izquierda Unida Montijo llevó al pleno de la localidad una moción mediante la cual instaba al Ayuntamiento a sumarse al Manifiesto, además de llevar la aprobación de la moción a la Asamblea de Extremadura, a los diferentes grupos políticos y al Gobierno de España y exigir a todas las instituciones públicas que dejen de ofrecer prácticas extracurriculares no remuneradas. Dicha moción fue aprobada con los votos a favor de Izquierda Unida y Partido Socialista Obrero Español, y la abstención del Partido Popular. Por su parte, la FAPE, a petición de la APM solicitará a los grupos parlamentarios una modificación de la actual regulación de las prácticas académicas, con la intención de “evitar que los becarios sean un recurso para contar con mano de obra barata”, reclamando a las universidades que eliminen las ofertas sin sueldo. Sin embargo, no parece que estas peticiones hayan alcanzado ninguno de sus objetivos. Según todos los decretos de la legislación española, los becarios no son considerados trabajadores, por lo cual no tienen los mismo derechos.
Todo comenzó cuando uno de los estudiantes de periodismo que escribe estas lineas -Eduardo Robaina-, lanzó una petición en Change.org mediante la cual se instaba a la Universidad Complutense de Madrid a que dejara de ofertar prácticas no remuneradas de empresas. A los más de 78.000 firmantes les parece una barbaridad que aún sigan sucediéndose situaciones como esta, y así se le hizo saber a la universidad, registrándolas en el propio rectorado de la UCM. Obviamente, no les interesa cambiar esta situación. De la misma forma, la FAPE en su Asamblea General reclamaba a las universidades “que eliminen las ofertas sin sueldo y se insta a los medios a que acaben con la precariedad laboral y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que intensifique las inspecciones en las empresas que recurren a los becarios para cubrir puestos de trabajo”.
Sin control
Se podría decir que hay más de 100.000 de becarios en España, que cada uno cobra de media 1.000€ mensuales trabajando sólo 5 horas diarias, con derecho a un mes de vacaciones pagadas. Todo esto podría ser verdad, pero no lo es, ya que no existe ningún organismo que regule cuántas personas están haciendo prácticas ni en qué condiciones, sean buenas o malas. No se puede tomar en serio una labor de la que ni siquiera se tiene un cierto control. Pero parece que eso no interesa, como muestra de ello el pleno que tuvo lugar el 16 de junio, donde se llevó a votación una Proposición No de Ley propuesta por el grupo de Podemos de la Asamblea de Madrid junto a la campaña No más becas por trabajo, formada por colectivos juveniles y la Oficina Precaria, que tenía como objetivos crear un Observatorio autonómico de prácticas tanto curriculares como extracurriculares que arroje datos oficiales sobre diferentes aspectos, así como instar a las universidades que revisen sus convenios entre estudiantes y empresas, además de trasmitir al Gobierno central la necesidad de cambiar la legislación actual de prácticas. La propuesta fue, lamentablemente, denegada, con el voto en contra del PP y la abstención del PSOE y Ciudadanos.
A pesar de este primer intento fallido políticamente hablando, el tema ya está en el foco de la opinión pública y eso es irremediable. Pero no suficiente. Es necesario, para lograr el verdadero cambio, dar paso a una nueva legislación, actualizada y acorde a la época y a los derechos que todos tenemos pero que se han ido perdiendo por el camino. Las prácticas externas fueron inicialmente reguladas por el Real Decreto 1497/1981, vigente durante 30 años hasta su derogación en 2011. En él, se hacía referencia a la incorporación de los jóvenes universitarios al mercado de trabajo a través de estas prácticas. Actualmente, nos encontramos con el Real Decreto 592/2014, que continúa con una tónica similar a su antecesor en cuanto a la relación no laboral que establecen estas prácticas. Sin embargo, debido a la poca precisión de esta ley, se ha llegado a un fraude y abuso por parte de los empresarios, quienes emplean a jóvenes carentes de derechos laborales.
Autocrítica por parte del estudiante
Pero cuando hay un problema, no siempre es un actor el único culpable. En esta ocasión, el foco apunta a varios implicados. Unos con mayor o menor grado de responsabilidad pero, al fin y a al cabo, parte de la problemática, contribuyendo a que sea aún más difícil acabar con él si nadie pone de su parte.
Claro está que quien primero debe dar su brazo a torcer son las empresas, que deben ser consientes que el usar a los becarios en las condiciones actuales no es ni ético ni moralmente correcto. Pero también desde las propias universidades es necesario que apliquen mano dura y den ejemplo de que están formando a personas para que formen parte de un sistema laboral sano y de calidad. Y por último, tenemos a los principales protagonistas y perjudicados: los becarios o estudiantes en prácticas, quienes muchas veces actuamos como nuestro propio caballo de Troya.
Nos corresponde a nosotros -los becarios- hacer un ejercicio de reconocimiento de errores. Los estudiantes, por supuesto, no somos los culpables de esta situación, pero sí somos parte importante a la hora de intentar ponerle fin. Debemos ser los encargados de denunciar cualquiera de estos abusos. Por nosotros, por los compañeros de carrera o licenciados que ven cómo no los contratan por culpa de empresarios que prefieren echar mano de becarios antes que crear un puesto de trabajo.
En ocasiones es difícil. Muchos pecan de inocencia. Ven cómo un gran medio viene ofreciéndoles unas prácticas en su redacción y acaba aceptando, aunque sea bajo premisas como trabajar 7 u 8 horas diarias y sin recibir nada a cambio. Los propios alumnos en prácticas, con el fin de justificar su decisión, se refugian en el “es que da prestigio y experiencia”, un mensaje ya adoptado y aprendido de los empresarios, que usan ese eslogan para atraer a jóvenes ávidos de aprender. El día que el prestigio y la experiencia den de comer y paguen el alquiler de la casa y las facturas se habrá acabado el problema. Mientras tanto, debemos seguir negándonos a aceptar cualquier tipo de actividad que no dignifique nuestro trabajo.