Las multinacionales e inversores acuden cada vez más a los tribunales de arbitraje

MADRID // Las multinacionales hacen un uso cada vez más frecuente de los mecanismos de arbitraje para demandar a los Estados por medidas que perjudican sus beneficios, como pueden ser la introducción de nuevos impuestos, restricciones medioambientales o incluso elevar el salario mínimo. Ésta es la conclusión del informe Justicia privatizada. El Estado español y los mecanismos de resolución de controversias inversor-Estado, elaborado por Ecologistas en Acción junto con el Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL) y la Universidad de Valladolid.

Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Unctad, en sus siglas en inglés, que recoge el informe presentado este lunes, la cifra de demandas de empresas contra gobiernos ante los tribunales de arbitraje ha pasado de 38 en 1996 a 696 a principiso de este año.

Este mecanismo forma parte habitualmente de los tratados de comercio bilaterales o multilaterales y está fuera de la Justicia ordinaria. Las empresas pueden demandar a un Estado, que por estos tratados está obligado a someterse al arbitraje. En vez de jueces públicos se elige a árbitros del mundo jurídico que, muchas veces, son abogados privados más proclives a los intereses de los inversores, según los críticos.

“Ahora, más que nunca en la historia, el Derecho se está utilizando para beneficiar a una élite político-económica que, en el ámbito internacional, puede actuar sin contrapesos normativos y con un alto grado de impunidad”, afirma el informe. Pone como ejemplo el caso de la estadounidense Cargill, que consiguió una indemnización de 66 millones de euros del Estado de México por la introducción de un impuesto sobre las bebidas azucaradas que mermaba sus beneficios. También recuerda la demanda de la francesa Veolia contra Egipto por haber aumentado el salario mínimo y cuya resolución aún está pendiente.

España se halla entre los países con más casos en tribunales de arbitraje en ambos sentidos. Es el quinto por las demandas de sus empresas contra otros Estados, con un total de 34, el 90% de los cuales afecta a inversiones en América Latina. Por otro lado, es el tercer país junto con Egipto con más demandas en contra (26), sólo superado por Argentina y Venezuela.

Casi todos estos casos tienen que ver con reclamaciones por los recortes en las subvenciones a las energías renovables. “Muchos de los demandantes son multinacionales eléctricas y grandes fondos o bancos”, explicó Pedro Ramiro, coautor del informe y coordinador de OMAL: “Mientras las empresas pequeñas, cooperativas o individuos tienen que reclamar ante la Justicia nacional, los inversores extranjeros pueden recurrir a mecanismos de arbitraje para lograr sus indemnizaciones”.

El papel de estos tribunales, el más conocido y utilizado de los cuales es el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, gana importancia ante las negociaciones de acuerdos de comercio multilaterales por parte de la Unión Europea, como el TTIP con EEUU o el CETA con Canadá. Uno de los aspectos más controvertidos de estos tratados es precisamente la provisión de un mecanismo de arbitraje obligatorio al margen de los sistemas de Justicia nacionales.

“No hay necesidad para esto porque hay un sistema jurídico previsto en los tratados europeos”, remarcó Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, en la presentación. “Es un empeño de EEUU porque sus negociadores no tienen confianza en los jueces europeos”, afirmó.

Ante las críticas en muchos países de la UE, la Comisión Europea ha cambiado la propuesta inicial de EEUU para establecer un tribunal de arbitraje privado, conocido por sus siglas en inglés, ISDS. Ahora se propone crear un mecanismo con jueces de la función pública, llamado Investment Court System. “El ICS intenta cambiar lo procedimental y ser más transparente, pero el objetivo final sigue siendo el mismo”, aseguró Concha García Herrera, portavoz de la campaña #NoalTTIP de Ecologistas en Acción.