Bolivia ante el reto de acabar con la impunidad en la justicia

La justicia ha sido uno de los mayores dolores de cabeza durante los diez años de gestión del presidente Evo Morales en Bolivia. La impunidad, la ocultación y pérdida de pruebas en procesos de investigación, la desaparición de expedientes, los sobornos y la corrupción se han convertido en la tónica general de los procesos judiciales en el país suramericano.

Para tratar de remediarlo, el país andino celebra este fin de semana una cumbre en un momento en el que el sistema judicial está más cuestionado que nunca. La ONU lleva años alertando sobre los problemas estructurales de la administración de justicia en Bolivia, una situación que, según el organismo internacional, se ha agravado en el último año.

“Estas deficiencias, que aún no se han corregido, continúan siendo un reto para Bolivia a pesar de que la reforma de la Justicia empezó hace más de cinco años”, señaló Denis Raicot, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la presentación del último informe sobre los derechos humanos en el país.

En esta cumbre, que se celebra en la ciudad de Sucre, no participan jueces, fiscales ni magistrados sino todo tipo de organizaciones sociales y víctimas de los supuestos abusos del sistema. La oposición ha criticado esta reunión porque considera que está manipulado por los partidarios de Morales.

En el año 2011, el Gobierno de Morales llevó a cabo una reforma judicial en la que los ciudadanos eligieron por voto directo a los magistrados del Poder Judicial. Sin embargo, esta medida no fue suficiente para acabar con la enfermedad crónica que arrastra la justicia en el país. El propio Morales ha reconocido en numerosas ocasiones las falencias del sistema judicial y lo ha calificado como “lo peor” dentro de las estructuras del Estado boliviano.

Consciente de esto, el Gobierno convocó a una Cumbre Judicial que se debía celebrar el 16 y 17 de abril en Sucre, la capital constitucional del país y sede del Órgano de Justicia. Esa fecha fue pospuesta para el 1 de junio bajo el pretexto de tener una mayor participación; sin embargo, la semana pasada el transporte bloqueó las principales carreteras del país para pedir una reducción de impuestos por lo que la cumbre tuvo que ser aplazada nuevamente para el 10 y 11 de junio.

Desaparición de pruebas

Uno de los casos más emblemáticos ha sido el de la desaparición del periodista Cristian Osvaldo Mariscal, el 19 de enero de 2013 en la ciudad de Tarija, al sur del país. La última vez que se le vio con vida fue en la casa de su expareja, lugar en donde la propia exnovia, y principal sospechosa, declaró que habían mantenido una discusión esa misma madrugada.

En casa de la joven encontraron muestras de sangre pero esas muestras se perdieron, al igual que las pericias informáticas de los mensajes de texto entre la acusada y su entonces pareja, en el transcurso de la investigación.

El abogado de la familia asegura que estas irregularidades no son fruto de la casualidad sino que forman parte de la corrupción y sobornos generalizados a policías, investigadores y fiscales que han originado la prolongación del proceso durante casi dos años.

“Hemos hablado con otros abogados para ver qué se puede hacer, sin tener mucho la esperanza de que cambien las cosas en este país. Estamos siguiendo la línea de fundamentar las causas en torno a la vulneración de los derechos de muchas personas para acudir a las instancias internacionales”, indica Tamer Medina, abogado de la familia del caso Mariscal.

Otro de los casos más mediáticos en el país ha sido la muerte de la joven Andrea Aramayo, hija de una reconocida periodista boliviana, que fue atropellada por su exnovio a la salida de una discoteca en la ciudad de La Paz.

El caso, que todavía no ha sido resuelto, ha encendido las alarmas puesto que, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses boliviano, fue la joven la que se abalanzó sobre el vehículo y no su expareja quien la atropelló.

Mercantilización del acceso a la justicia

Para la activista y expresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia Yolanda Herrera, la impunidad en Bolivia radica en un problema estructural de todo el sistema judicial. “El sistema de administración de justicia en nuestro país está enfermo. Toda la estructura que tiene desde el momento que se presenta un memorial es como un encadenado y en algunos de estos puntos hay vacíos. Son puntos negros de corrupción que se nutren de influencias para cambiar la imputación, para demorar el juicio o incluso para suspender la audiencia. No ha habido la capacidad del Estado boliviano para hacer una justicia con profesionales que no solo tengan capacidad legal sino que además tengan una conciencia ética”, lamenta.

Esta situación, subraya la activista, se ha agudizado en los últimos años y ha convertido el acceso a la justicia en “una actividad mercantilista”.

Fiscalía

Las sospechas de corrupción apuntan a todo un entramado policial pero ponen el foco en las fiscalías regionales y en el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero. De hecho, su hermano fue acusado de haber abusado sexualmente de 12 menores aprovechando su puesto de trabajo como profesor, sin embargo, la causa en su contra fue archivada ante la indignación de la Defensoría del Pueblo y de las distintas asociaciones defensoras de los derechos humanos.

Esta impunidad ha beneficiado a varias autoridades acusadas de abusos sexuales en otros puntos del país y que o no han sido castigadas, o  sus procesos continúan estancados a la espera de que las irregularidades tapen su culpabilidad. No en vano, Bolivia es, según la ONU, el país latinoamericano con mayor índice de violencia machista y el segundo en violencia sexual por detrás de Haití.

“Bolivia está sufriendo todos los avatares de una mala administración de justicia. Hacinamientos en las cárceles, detenciones preventivas superiores al 80 por ciento, personas desaparecidas sin una efectiva investigación…Todo esto hace que la trata y tráfico de personas en Bolivia esté teniendo una mayor actuación en los últimos años”, puntualiza la ex presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

Los actos irregulares en las distintas fiscalías de Bolivia han provocado que solo entre 2015 y 2016 hayan sido destituidos más de 80 fiscales implicados en hechos de corrupción e incumplimiento de deberes. Sin ir más lejos, la segunda semana de abril fueron destituidos siete fiscales de distintas regiones del país.

El caso Zapata

El caso Zapata se ha convertido en la mayor novela mediática del país altiplánico de los últimos tiempos. Gabriela Zapata saltó a los medios de comunicación por favorecerse supuestamente de sus vínculos con el presidente boliviano, con quien supuestamente tuvo un hijo que nunca salió a la luz, para tejer contratos entre el Estado y una empresa china por valor de 500 millones de dólares. El revuelo causado le costó a Morales la derrota en el referéndum de febrero con el que pretendía habilitarse para las elecciones de 2019.

Actualmente, la expareja de Morales se encuentra en prisión acusada de los delitos de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ventajas ilegítimas.

El caso ha salpicado también a los abogados de Zapata, quienes se encuentran detenidos. A uno de ellos, Eduardo León, se le ha retirado incluso el título de abogado.