Jubilación digna: las alternativas para salvar el sistema público de pensiones

Dossier del número de marzo de la revista mensual, que se pude comprar aquí.

Llueve a cántaros en la Gran Vía de Madrid un día a mediados de febrero y las ráfagas de viento añaden una desagradable dimensión horizontal a las precipitaciones. Dentro de la sucursal de una gran entidad financiera el temporal no amaina. “Está cayendo China, está cayendo Estados Unidos, hay problemas en Europa, está el mundo muy jodido”, cuenta María, una de las gestoras que atiende a la clientela. Vaya, parece ser mal momento para abrir un plan de pensiones. “Al contrario”, asegura, “es buen momento porque si las bolsas están abajo sólo pueden subir, y un plan de pensiones hay que verlo a largo plazo”. Recomienda un producto de riesgo “moderado” con una aportación mensual a partir de 50 euros que se pueden desgravar del IRPF gracias a los beneficios fiscales que da el Estado a estos vehículos de ahorro para la vejez. “Es nuestro producto estrella, casi todos los clientes aquí lo tienen”, afirma María y zanja contundente: “El que no tenga plan de pensiones, muy mal”.

Hace tiempo que los bancos y aseguradoras hacen campaña para convencer a la ciudadanía de que ahorre para su jubilación a través de estos instrumentos de inversión privados. A la vez, presionan a los gobernantes para otorgar más ventajas a estos productos. El sector financiero juega con los graves problemas que experimenta el sistema público de pensiones, uno de los principales pilares del llamado Estado de bienestar. El futuro de las pensiones está en el limbo si no se hace nada. Con las últimas dos reformas del sistema, la del gobierno del PSOE en 2011 y la del PP en 2013, la retribución de los futuros jubilados no hará más que descender con el declarado fin de lograr estabilizar la caja de la Seguridad Social. Entre otras medidas, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero retrasó la edad de jubilación a los 67 años, en línea con lo que hicieron otros países como Alemania, Francia o Italia. Mariano Rajoy introdujo el llamado factor de sostenibilidad, según el cual la cantidad a percibir en el futuro se calculará teniendo en cuenta la esperanza de vida del jubilado y la situación socioeconómica en general.

Con este panorama, varios estudios, algunos patrocinados por las aseguradoras, prevén que las prestaciones bajarán un 30% o 35% de aquí a 2050, con la pensión mínima cayendo de 634 euros mensuales hasta unos 450 euros a precios de hoy. Los jubilados actuales se han manifestado en muchas ocasiones contra los recortes recientes de los Ejecutivos de Rodríguez Zapatero y Rajoy. Sin embargo, mucho peor lo tendrán los jóvenes de hoy, la generación del 15-M y de los movimientos de protesta contra el desmantelamiento y la privatización del Estado de bienestar. Entre la gente de menos de 50 años está cundiendo cada vez más la sensación de que apenas van a cobrar una pensión pública al final de su vida laboral. También muchos de quienes empezaron a ahorrar para su jubilación han sufrido un revés por culpa de la crisis. Desde 2009 las cotas de desempleo récord han obligado a medio millón de personas a retirar dinero de su fondo de pensión privado, algo que la ley permite sin penalización fiscal en situaciones graves como el paro de larga duración.

Hay algunos datos irrefutables que amenazan la sostenibilidad del sistema tal y como está diseñado ahora. El envejecimiento de la población –el famoso cambio demográfico en el lenguaje de economistas y sociólogos– hace aumentar la proporción de jubilados sobre trabajadores. Habrá cada vez menos asalariados que tendrán que sostener a cada vez más pensionistas a través de las cotizaciones a la Seguridad Social. Es un sistema de reparto en el que, en principio, sólo puede salir de la caja lo que entra.

En el caso de España, las altas tasas de paro y la creciente precariedad laboral están haciendo mella en esta caja de la Seguridad Social. El Gobierno del PP alardea del aumento de cotizantes por el descenso del paro en los últimos dos años, pero la inmensa mayoría de estos nuevos puestos de trabajo son temporales o a tiempo parcial, normalmente con salarios bajos. Por ello, el número de cotizantes está subiendo más que las aportaciones medias a la Seguridad Social ya que los trabajadores y trabajadoras precarios sólo pueden pagar la cuota mínima. Lo mismo vale para los autónomos, otra apuesta del Gobierno conservador para reducir el paro. El 86,3% de los trabajadores por cuenta propia sólo cotiza por la base mínima de 264 euros al mes, según datos de la Revista Seguros que edita El Economista. Por ese motivo la pensión que reciben los autónomos hoy ya está un 30% por debajo de la media, unos 691 euros al mes frente a los 1.026 que reciben los trabajadores por cuenta ajena. “No cabe esperar que en el futuro inmediato las cotizaciones sean suficientes para financiar unas prestaciones crecientes”, reza un informe del catedrático de Hacienda Ignacio Zubiri para la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas).

No hay que esperar al futuro inmediato. En los últimos tres ejercicios, el Gobierno metió mano en la caja del Fondo de Reserva, que fue acordado en 2000 como fruto del Pacto de Toledo entre los grandes partidos para disponer de un colchón durante las épocas de vacas flacas. El año pasado, el Ejecutivo retiró 7.750 millones de euros de la hucha para pagar las pensiones porque los ingresos por cotizaciones no alcanzaban la cantidad que se tenía que pagar a los jubilados. Actualmente, el Fondo de Reserva tiene 32.000 millones de euros, una cantidad apenas suficiente para cubrir cuatro meses de prestaciones, según el citado estudio de Funcas.

Los costes laborales

¿Qué hacer? Subir las cotizaciones de los trabajadores y las empresas está descartado por la gran mayoría de políticos y expertos porque encarecería la mano de obra, lo cual desincentivaría la contratación. Otra opción sería financiar las pensiones con los ingresos generales del Estado, es decir, asignar una partida en los presupuestos para tapar el déficit de la Seguridad Social. Por ahora, el Estado ya se hace cargo, sin tocar la caja de las pensiones, de las llamadas prestaciones no contributivas. En otras palabras, garantiza las ayudas asistenciales para aquellas personas que no han podido cotizar lo suficiente para tener derecho a una pensión mínima.

Financiar más prestaciones para los jubilados con los impuestos es lo que proponen tanto el PSOE como Podemos en los planes que presentaron en febrero, donde trazan sus respectivas líneas programáticas para sondear un gobierno de centroizquierda. “La introducción del factor de sostenibilidad ha provocado la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, y perpetuará esta tendencia en los años venideros. Además, el incremento del paro, la precarización, la temporalidad y el descenso de los salarios han puesto de manifiesto las debilidades del sistema público de pensiones; debilidades que persistirán si no se mejoran los mecanismos actuales de financiación”, refleja el documento de la formación liderada por Pablo Iglesias. Su solución: “Introducir progresivamente la financiación por vía impositiva, tanto para las pensiones de muerte y supervivencia como para el incremento del gasto derivado del aumento en la esperanza de vida”. Con Podemos la factura subiría ya que propone volver a bajar la edad de jubilación a los 65 años y restituir la indexación de la prestación al IPC, así como aumentar la pensión no contributiva hasta el salario mínimo interprofesional. Las propuestas de Izquierda Unida van en la misma dirección.

El Partido Popular, por su parte, prometía en su programa para las elecciones generales del 20 de diciembre que “avanzaremos y consolidaremos el fortalecimiento del sistema de pensiones”, pero no ofreció ningún detalle de cómo piensa conseguirlo. Eso sí, hablaba de favorecer el ahorro de las familias con más deducciones en el IRPF, lo cual es justo lo que reclama el sector financiero. De asumir parte del gasto de las jubilaciones con los ingresos generales del Estado no se decía nada en el programa. Sin embargo, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, dejó una puerta abierta en los Presupuestos Generales de 2016 para que algunas pensiones que hoy se financian sólo con las cotizaciones, como las de viudedad, pasarán a ser pagadas con otras partidas presupuestarias. En la presentación de los PGE en agosto pasado –en pleno verano por las prisas del PP de dejar las cuentas aprobadas antes de ir a las urnas–, Montoro propuso que “el Estado financie con impuestos la parte menos contributiva de la Seguridad Social”.

Albert Rivera, de Ciudadanos, sugería, indirectamente, que se podría tapar el agujero en la caja de la Seguridad Social con dinero del presupuesto general al comentar recientemente que le parecía “una barbaridad proyectar líneas de AVE mientras no puedes pagar las pensiones o la dependencia o la sanidad o tienes que subir impuestos a los ciudadanos”.

El discurso dominante

En el discurso dominante, que reina en España y otros países, las pensiones son consideradas principalmente como una carga para las arcas públicas, un gasto tan inevitable como molesto. De ahí que las soluciones que se están debatiendo e implementando pasan casi siempre por reducir el coste del sistema con más y más recortes. Sin embargo, otra mirada es posible. “El debate político sobre la sostenibilidad de las pensiones se queda solamente en el lado del gasto que suponen pero no se suele tener en cuenta el impacto económico que tienen estas prestaciones”, afirma Fernando Bermejo, profesor ayudante del Departamento de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Junto con su colega de la UCLM Eladio Febrero, acaba de publicar a través de Funcas un informe que mide el efecto que tuvieron las pensiones durante la última recesión económica en España. Basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los dos economistas han calculado que el consumo de todos los hogares cayó un 12% entre 2006 y 2014. No obstante, el gasto de los hogares donde vivía por lo menos un jubilado aumentó durante la crisis en un 19,3%. Esto se debe al incremento tanto del número total de jubilados como del importe medio de la prestación porque en estos años se retiró gente que había cotizado más durante su vida profesional que la generación anterior. Además, muchos pensionistas se convirtieron en el sostén de su familia por culpa de la explosión del paro.

Es más, el gasto de la gente mayor crea más empleo, según este estudio. “Como sus ingresos son menores, los jubilados no suelen gastar en productos de lujo sino en artículos de primera necesidad y también en servicios, especialmente tratamientos médicos y cuidados, los cuales requieren mucha mano de obra”, explica Bermejo. ¿Las pensiones como plan para estimular la demanda y crear empleo? Los cálculos de los dos economistas de la UCLM concluyen que el número de empleos en sectores que dependen más del consumo de los pensionistas subió en 122.300 personas entre 2006 y 2011, en plena crisis.

Mientras los dirigentes políticos debaten sobre formas para salvar las pensiones públicas, hay quien no ve con malos ojos que bajen las prestaciones y que se cuestione día sí y otro también la sostenibilidad del sistema. El sector financiero está ejerciendo mucha presión, con todo el poder de su lobby, para que los gobernantes favorezcan a sus productos de inversión para la jubilación. El dinero de los ahorradores es fundamental para la industria, es la sangre que hace funcionar el sistema.

En noviembre pasado, en plena precampaña electoral, Pilar González de Frutos, la presidenta de la patronal de las aseguradoras, Unespa, arremetió contra los partidos de izquierda que cuestionaban la idea de dar más ventajas fiscales a los planes de pensiones privados. “Estoy segura de que piensan que trabajan para la igualdad, pero no es verdad. En realidad, su postura favorece la desigualdad socioeconómica”, dijo en un foro del diario ABC en Madrid. “Si hoy ya hay una desigualdad entre ganancias salariales, la que habrá dentro de décadas entre las pensiones generadas por esos salarios será mucho mayor”, subrayó González de Frutos. De nuevo, en referencia a estos partidos de izquierda, la presidenta de la patronal del seguro afirmó que “prometen a su votante que el sistema de reparto será lo suficientemente potente para rellenar esta brecha en una proporción razonable, pero ¿y si no pasa?”. Como ejemplo a seguir citó a Alemania, donde el Estado aporta dinero a los planes de pensiones privados en función de lo que destina a estas cuentas la persona trabajadora, un sistema conocido como “Riester-Rente”. Suena bien, pero en la página web de la propia Unespa se da cuenta del principal problema para que los ciudadanos en España empiecen a meter más dinero en la hucha de las aseguradoras: “Evidentemente, para ahorrar hay que tener renta disponible, algo que para la mayoría de las personas en estos momentos es muy complicado”.

Aunque el volumen de dinero que los españoles destinan a fondos de pensiones privados ha subido mucho en las últimas décadas, el país sigue en la cola a nivel internacional. En España, el 18,6% de la población tiene un plan privado frente a la media del 31% en la Eurozona, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Para cambiar esto, las entidades financieras, además de actuar como lobby, emplean dos métodos: la presión y la persuasión. Lo primero consiste básicamente en contribuir a reforzar la idea de que el sistema público está irremediablemente roto y que en el futuro no habrá más prestaciones. Este es el mensaje que se repite en un sinfín de estudios académicos, como uno de 2013 de la Fundación Edad & Vida, integrada por las principales aseguradoras como Mapfre, VidaCaixa, Allianz o DKV, así como empresas que prestan servicios para gente mayor como el grupo Eulen o las clínicas Quirón. Entre otros aspectos, el informe comenta las ventajas e inconvenientes de las pensiones mínimas. “[…] Garantizan un nivel de vida mínimo para los mayores y son uno de los componentes básicos de los Estados de Bienestar. Pero tienen el inconveniente de que crean desincentivos para el trabajo”, afirma el estudio hecho por los profesores del IESE Business School, Antonio Argandoña, Javier Díaz-Giménez, Julián Díaz-Saavedra y Beltrán Álvarez, y patrocinado por la aseguradora Zurich. En España, uno de cada tres jubilados recibe sólo la prestación mínima. Los expertos de la Fundación Edad & Vida proponen limitarla al 20% de los salarios. “En cualquier caso, parece razonable pensar que la principal forma de incentivar el ahorro voluntario es que las pensiones mínimas y las pensiones obligatorias sean poco generosas”, concluyen los autores.

La otra vía es la persuasión de las ventajas de tener un plan de pensión privado. Para eso están las campañas publicitarias. En un publireportaje en la ya citada revista Seguros de El Economista, Metlife, una de las grandes aseguradoras de EEUU que opera también en España, se afirma en tono autoreflexivo que “es nuestra responsabilidad educar a la población para instaurar una cultura del seguro desde edades tempranas”. Y cita una encuesta del instituto ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras) que revela que el 34% de los menores de 35 años “no es consciente de la importancia de proteger su futuro”.

Pero la mentalidad ya está cambiando, en opinión de Tomás Muniesa, el consejero delegado de VidaCaixa, la aseguradora de la gran entidad financiera catalana, que el año pasado superó a Mapfre como líder del sector en España. En la presentación de resultados el 16 de febrero –en 2015 tuvo un beneficio neto de 340 millones de euros– se destacó que la crisis ha hecho entender a la ciudadanía que su pensión ya no se acercará al último salario, ni que la compra de vivienda sea una garantía. Los españoles “son cada vez más conscientes de la necesidad de ahorrar para su jubilación”, resumió Muniesa.

Estrategia comunicativa

En la página web de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) también se promociona este producto de ahorro: “Ante la incertidumbre sobre la evolución futura de las pensiones públicas, los Planes de Pensiones se configuran como un instrumento óptimo de ahorro a largo plazo, que complementen nuestra pensión pública de jubilación, con ventajas relevantes frente a otros productos de ahorro-previsión”. Entre estas ventajas, se citan la supervisión de los fondos, con fuertes límites y normas acerca de los activos en que pueden invertir, así como los beneficios fiscales. Lo último ha cambiado: Montoro bajó la cantidad de dinero que se puede desgravar del IRPF por tener un plan de pensiones de 10.000 a 8.000 euros anuales, lo cual no sentó nada bien en el sector. Curiosamente, en su programa electoral del 20-D propone lo contrario.

Otro reclamo de los fondos de pensiones es que supuestamente son absolutamente seguros, a la vez que ofrecen una buena rentabilidad. “La inmensa mayoría de nuestros productos son auténticas huchas, donde tu dinero siempre está protegido, no se pierde pase lo que pase en los mercados financieros y, además, va creciendo día a día con la rentabilidad que ofrece el Seguro”, incide la propaganda de la patronal Unespa. Sin embargo, esta rentabilidad ha quedado en entredicho ante la actual convulsión en los mercados. Los planes de pensiones, en parte por requerimiento legal, suelen destinar la mayor o buena parte del dinero a la renta fija. Pero los intereses de los bonos han bajado mucho, mientras las bolsas han caído en los últimos meses y reina el desconcierto sobre la marcha de la economía global, por lo menos a corto plazo. No en balde todos los productos de ahorro-previsión, incluso los llamados “prudentes”, incluyen la siguiente cláusula en el contrato: “El Plan de Pensiones no garantiza rentabilidad, pudiendo incurrir en pérdidas, en función del comportamiento de los mercados financieros”. Sea por la crisis, el trabajo precario, el recorte fiscal de Montoro o las dudas sobre la bolsa, el dinero que los españoles aportaron a sus planes cayó el año pasado un 7% frente a 2014, según datos de Inverco.

“Las categorías seguras se han visto lastradas por una coyuntura global de tipos de interés bajos, que tampoco cambiará mucho tras la subida a finales de año de tipos en Estados Unidos”, escribió el analista Antonio Gallardo en el diario económico Cinco Días en febrero. “El resultado es que las categorías tradicionalmente seguras hay muchas que apenas mantienen el patrimonio o incluso ni eso, lo cual complica la situación de muchos inversores”, advierte este experto y recomienda “mantener la calma y pensar en el largo plazo”, igual que María, la empleada de la sucursal de la Gran Vía madrileña.

Conseguir una rentabilidad interesante se está haciendo cada vez más difícil y la cantidad de dinero a disposición de los inversores institucionales en el mundo, los bancos, aseguradoras y fondos, no deja de crecer.

Otro día, a mediados de febrero, en la recién inaugurada Ciudad Financiera del BBVA en el barrio de Las Tablas al norte de Madrid. Hace un sol radiante de invierno pero la temperatura ha bajado sensiblemente. En la sala de uno de los edificios que rodean el flamante rascacielos central, La Vela, los expertos de BBVA Global Markets Research presentan el informe estratégico de 2016. Se muestran razonablemente optimistas y creen que los precios actuales en los mercados ya tienen en cuenta todos los riesgos posibles tras la última corrección y que los datos fundamentales de la economía, la deuda de empresas y hogares, están mejor que cuando estalló la gran crisis en 2008. “Hay muchísima liquidez en el mercado y tiene que invertirse”, afirma Antonio Pulido, el director de este servicio de estudios. Ahí surge la duda: ¿Se invertirá en cosas meramente especulativas como ocurrió en el pasado y provocó la crisis, o en empresas productivas? “No se puede perder la distancia de lo que pasa en el mundo financiero y lo que pasa en la economía real”, admite Ana Munera, la directora de Global Equity del BBVA. Su compañero Pulido coincide: “Es importante que este exceso de liquidez no vaya al carry trade (operaciones puramente especulativas) sino a la economía real. Es lo que se está intentando hacer, construir puentes”.

Gigantes del dinero

Los ahorros de millones de personas en todo el mundo forman parte de los mercados, son su alimento fundamental. Las aseguradoras y bancos españoles son minúsculos comparados con los líderes del sector. Empresas como la californiana Pimco gestionan los patrimonios de fondos de pensiones y mutuas, desde los profesores de Arkansas hasta los bomberos de Chicago, y también opera en España. Blackrock, también norteamericana, es la indiscutible número uno de los fondos de inversión en el mundo, con un patrimonio bajo gestión de 4,6 billiones –con b– de dólares, cuatro veces el tamaño del PIB español.

En los últimos tiempos, estos inversores institucionales han pasado a adoptar estrategias más agresivas –o proactivas según como se mire– al tomar importantes posiciones en las empresas cotizadas que les permite entrar en los órganos de administración para velar por sus intereses. Lo hacen también entidades españolas como Santander, BBVA o Caixabank, que están entre los principales accionistas de varias empresas del Ibex-35, como Telefónica o Gas Natural. Ahí es donde puede surgir un conflicto de intereses que, de cierta manera, está en el centro de la batalla por las pensiones. Las empresas, por un lado, tienen que controlar sus costes, incluyendo los laborales, por lo cual presionan para que las cotizaciones a la Seguridad Social no suban o, mejor aún, que bajen. Por otro lado, deben asegurar dividendos suculentos para sus inversores que buscan la máxima rentabilidad, entre otras cosas para los fondos de pensiones.

En ocasiones, estos grandes inversores financieros hacen caja a costa de las empresas de la llamada economía real. El verano pasado, Blackrock tomó posiciones a corto en Abengoa, uno de los líderes mundiales en energía solar. Es decir, el fondo apostaba a que las acciones de la empresa sevillana cayeran, que es lo que pasó cuando llegaron a conocerse los problemas financieros del grupo de renovables. Estas posiciones a corto, short selling, suelen acelerar el derrumbe de su objetivo. En noviembre, Abengoa tuvo que solicitar un concurso de acreedores, el mayor en la historia empresarial de España. Al cierre de esta edición aún no había solución para el rescate. Para Blackrock fue un negocio redondo, y por ello para sus inversores, entre los que hay numerosos fondos de pensiones. Por cierto, poco antes de apostar contra Abengoa, Blackrock había fichado al ex consejero delegado de la empresa, Manuel Sánchez Ortega, recién despedido.

Buscar rentabiliad en los mercados financieros, pues, tiene su truco. De ahí que algunos países apuestan por un sistema mixto de reparto y de capitalización, es decir, una parte de las pensiones se paga con las cotizaciones y otra sale de un fondo de inversión. En Suecia, por ejemplo, los trabajadores ceden un 16% de su salario a la caja de la Seguridad Social y dedican un 2,5% adicional a un fondo obligatorio, eso sí, gestionado por el Estado.

Hay muchas maneras, pero una forma obvia de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones pasa por mejorar las condiciones de los trabajadores para que puedan contribuir más a su jubilación, sobre todo en España. “Es cierto que la población es cada vez mayor, pero la clave es el mercado laboral”, dice Bermejo, de la UCLM: “En vez de recortar pensiones los esfuerzos deberían centrarse en crear más y mejores puestos de trabajo. Si aumenta la productividad, las cotizaciones serán mayores”. Una persona que encadena trabajos temporales mal pagados o un autónomo con ingresos bajos sólo aporta el mínimo a la Seguridad Social y difícilmente tendrá dinero a final de mes para meterlo en un plan de ahorro. “Los que defienden un mayor incentivo a las pensiones privadas no dejan de ver en esto una oportunidad de mercado”, continúa el economista: “Si fiamos el futuro de las pensiones al ahorro privado va a haber problemas sociales porque mucha gente se quedará al margen”.