Presas políticas mexicanas: “Dicen que somos peligrosas porque defendemos a nuestra gente”

Pasó dos años y medio en prisión, acusada de asesinato y secuestros a raíz de una serie de pruebas basadas en todo tipo de irregularidades, según denunció el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. Nestora Salgado, activista mexicana y comandante de la policía comunitaria de Olinalá (Guerrero, México), ofreció este martes una conferencia de prensa en Madrid, apenas un mes después de su liberación, tras haber sido absuelta por falta de pruebas de los cargos que le imputaba la Fiscalía del Estado a ella y a otras presas.

El caso de Nestora Salgado fue uno de los más mediáticos de los acontecidos en México, pero no el único. Según ha denunciado la activista, existen más de 500 presos políticos y de conciencia en las cárceles mexicanas. «Personas acusadas de delitos que jamás cometieron, muchas de las cuales no tuvieron dinero para poder pagarse un abogado», subrayó Salgado.

En 2012, Salgado fue elegida comandante de las patrullas nocturnas de Olinalá. Ante la imparable inseguridad ciudadana, los vecinos se organizaron y empezaron a llevar a cabo labores de protección, vigilancia, reeducación y trabajos de apoyo. Los delitos descendieron hasta un 90% tras las denuncias, encabezadas por la propia Salgado, de varios funcionarios locales, a los que señaló por corrupción y narcotráfico. Un año después, fue detenida junto a otros 30 miembros de la policía comunitaria, acusada de secuestro y delincuencia organizada.

«Fue una violación arbitraria de mis derechos, de la Constitución y de las leyes», afirma. «Ellos decidieron que somos peligrosas, porque trabajamos por nuestra gente, y nos dieron un trato peor aún que el que reciben personas que se enorgullecen de haber cortado cabezas y cocinado personas», añade. La activista ha podido viajar a España gracias a la colaboración de los activistas mexicanos de varios países de Europa y EEUU, que se han organizado para reunir los recursos necesarios para costearlo. Lo hace para poner en marcha la campaña Ponle nombre y rostro, con la que quieren concienciar a la comunidad internacional sobre la grave y sistemática vulneración de los derechos humanos por parte de «un gobierno represor que está despedazando a los pueblos».

Brenda Quevedo y el ‘caso Wallace’

En la conferencia, que se celebró en la librería Traficantes de Sueños, en el barrio madrileño de Lavapiés, también estuvo presente la periodista Guadalupe Lizárraga, que ha investigado a fondo estos casos, y Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo. Esta última fue, igualmente, acusada de un falso secuestro. Pero su caso es todavía más dramático. Entre lágrimas, su madre detalló los numerosos abusos y vejaciones de las que fue víctima. «Sufrió violaciones, torturas a base de descargas eléctricas y palizas de todo tipo», detalló ante un sobrecogido auditorio.

En la acusación de Quevedo, que fue detenida en 2008 en Kentucky (EEUU) y extraditada a su país, jugó un importante papel la figura de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro y miembro del partido conservador Acción Nacional. El hijo de Miranda, Hugo Alberto Wallace, fue supuestamente secuestrado y asesinado en 2005, en lo que fue posteriormente conocido como el caso Wallace. Sin embargo, el cuerpo de Hugo Alberto nunca fue encontrado, y todo el proceso estuvo rodeado de flagrantes irregularidades. Las activistas acusan a Miranda de haber pedido a los jueces mexicanos que no liberen a las presas políticas, así como de haberse beneficiado económica y políticamente del caso.