Más que violencia, Honduras es deterioro profundo

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Hace apenas una década, el pequeño país centroamericano de Honduras pasaba casi desapercibido a los ojos del mundo. En 2009, tras un golpe de Estado, todo cambió. Honduras se convirtió en noticia y desde entonces sigue dando malas nuevas. La violencia, el narcotráfico y sus tentáculos en las instituciones, la corrupción y la impunidad reinan en el país en el que siguen cayendo las víctimas en las calles, tanto de las grandes ciudades como de las laderas donde habitan indígenas, campesinos, grupos muy empobrecidos.

El reciente asesinato de la ecologista Berta Cáceres ha puesto de nuevo a Honduras en el epicentro de la información internacional por un triste dato: según la ONG Global Witness, es el país más peligroso del mundo para defender la naturaleza. Más de 100 ecologistas han sido asesinados allí en la última década. Además, cada 16 horas se asesina a una mujer y la impunidad asciende a un 90% de los casos sin judicializar. No son las únicas cifras preocupantes:  el 70% de la población vive con 1 dólar diario.

Las instituciones hondureñas son tan débiles que el crimen organizado las soborna con facilidad. En 2009, cuando desde el Congreso Nacional se dio un golpe de Estado que desalojó al presidente Manuel Zelaya –en pijama mientras descansaba en su casa y a punta de pistola–, comenzó a salir a la luz la verdadera mafia que se esconde tras el poder político, económico y social en Honduras.

A partir de aquel momento, los asesinatos se dispararon hasta alcanzar la tasa de homicidios más alta del mundo. Las calles lo sufrieron con una crudeza extrema, y quienes en teoría estaban para proteger a la ciudadanía se sentían libres para hacer todo lo contrario. En 2011 se destapó la implicación del  crimen  organizado con la Policía Nacional Civil, y comenzó un proceso de depuración policial exigido por las víctimas. La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a quien miembros de la policía le asesinaron a su hijo y a un amigo, jugó un papel clave en este sentido.

Pero, cinco años después, la depuración ha sido un fracaso y la prensa ha revelado que esa misma policía, desde la cúpula, trabajaba para cárteles del narcotráfico. Varios asesinatos de alto impacto se planificaron en las instalaciones centrales de la policía en Casamata (Tegucigalpa), en reuniones en las que participaron agentes de investigación, de tráfico y hasta el mismo director de la policía, según un informe filtrado a The New York Times.

Esa misma policía que en 2011 fue acusada de asesina y corrupta, de nuevo sale a la palestra pública y sigue sin enfrentarse a la Justicia. Porque en Honduras, los asuntos judiciales van más allá de las leyes. Desde siempre, el Poder Judicial de este país ha servido como mesa de negociación de los partidos políticos. A nadie le extrañaba que la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia se decidiera entre dos partidos en el Congreso Nacional. Los políticos repartían libremente las cuotas de poder, para que la Justicia no les alcanzara nunca. Los poderes del Estado se asociaban contra el Estado de Derecho.

Sin embargo, se encendió una esperanza. La población, aparentemente desalentada, en medio de los tiroteos cotidianos y el show político, salió a las calles en 2015 para exigir una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. Una iniciativa similar a la surgida en Guatemala, que ha servido para destapar numerosos casos de corrupción institucional. En Honduras, la corrupción dejó de ser una enfermedad crónica que uno aguanta porque hasta se olvida de que la tiene. Así, la población indignada irrumpió con fuerza en la realidad hondureña –al igual que ocurrió en otros países como España, Guatemala y del sur de América–, pero fue incapaz de detener la corruptela generalizada. Lo demuestra el hecho de que el actual gobierno de Juan Orlando Hernández, a quien los indignados exigieron su dimisión por su participación en el saqueo del Instituto de Seguridad Social tras desviar fondos para su campaña, puede optar a la reelección.

El sacerdote jesuita Ismael Moreno, reconocido a nivel mundial por su labor a favor de los Derechos Humanos, sostiene que Juan Orlando Hernández quiere «contrarrestar su obvio desgaste ante la sociedad y especialmente ante las amenazas de sus adversarios políticos, empresariales y del crimen organizado». Y añade: «Necesita un mayor control de los poderes del Estado, del Ministerio Público y, sobre todo, un mayor control militar y policial, ya que son instrumentos obligados para proteger su proyecto».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha hecho visitas in situ a Honduras, ha admitido que los niveles de violencia registrados y el impacto particular en defensores y defensoras, pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, migrantes, personas campesinas del Bajo Aguán y periodistas y trabajadores de la comunicación y operadores de justicia «son el resultado de varios factores entre los que destacan el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, el reclutamiento de niños y adolescentes, una deficiente respuesta judicial que conlleva la impunidad, la corrupción, y a altos niveles de pobreza y desigualdad». Además, parte de esta inseguridad provendría del mismo cuerpo policial, de la Policía Militar y del Ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza. Y, en algunos casos, en complicidad con el crimen organizado.

Respuesta a la indignación

Otra razón por la que el presidente Hernández no podría vivir políticamente sin el control de la Corte Suprema de Justicia es la existencia de la Misión de Apoyo a la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), instancia que entró en vigor tras la firma del documento por parte del presidente hondureño y del secretario general, Luis Almagro, que hace efectiva la alianza entre la Organización de Estados Americanos (OEA), y el gobierno de Honduras. La MACCIH es la respuesta de la OEA a la demanda del fenómeno de la indignación, una misión sin facultades para investigar de manera independiente.

No se puede obviar en la realidad de Honduras que el papel de Estados Unidos marca la agenda mediática e institucional. Tras los primeros encuentros del plan de la Alianza para la Prosperidad en 2015, impulsada para detener la ola de migración que expulsa de suelo estadounidense a dos hondureños cada 15 minutos, el camino se traza desde el departamento de Estado en Washington. El énfasis de EEUU en extraditar narcotraficantes, dar apoyo policial y militar y hasta interferir directamente en asuntos de depuración policial en Honduras, da a entender que se necesita cierto orden en el corazón de Centroamérica, por donde pasa el 75% de la droga hacia territorio norteamericano.

En sus dos años de mandato, Juan Orlando Hernández ha basado su gobierno en una notable dinámica de control sobre todos los poderes del Estado. Y aunque insiste en que su punto fuerte ha sido el diálogo abierto, distintas organizaciones de la sociedad civil y miembros de partidos de la oposición lo ponen en entredicho. En su opinión, el presidente ha deslegitimado a los defensores de los derechos humanos, a quienes ha acusado de «querer sembrar el caos».

Los datos mejoran

Pese a las polémicas, muchos datos avalan el discurso de Hernández. La tasa de homicidios ha descendido de 86,5 a 56 por cada 100.000 habitantes. Según la organización Transparencia Internacional, Honduras ha perdido dos puntos, y el país centroamericano aparece en el puesto 112 del Índice de Percepción de la Corrupción 2015. Sin embargo, las encuestas aún demuestran que la gente percibe problemas de seguridad, empleo y corrupción.

En una encuesta publicada en medios de comunicación nacionales en enero de 2015, dos de cada tres entrevistados opinaban que el país va por mal camino. Incluso la mitad de simpatizantes del partido en el Gobierno coincidían con esta percepción. Estos resultados son parecidos a los arrojados por el Sondeo de Opinión Pública realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), que califican al actual Ejecutivo con una nota de 4,2 sobre 10.

Cada día en Honduras depara una sorpresa. Cuando asesinaron a la activista Berta Cáceres, la agenda social se movía al son de la exigencia de Justicia. Ahora, cuando sale a la luz el secreto a voces de los policías implicados en el crimen organizado, de los pandilleros extorsionadores que asesinan a transportistas, de los empresarios narcos y los políticos que temen ser extraditados, el Gobierno actual ejerce un aparente control sobre todo. Son muchos los analistas que piensan que el Ejecutivo tiene allanado el terreno para un periodo muy largo de mayor deterioro.