La PAH fuerza al Govern a sortear los vetos del TC para acabar con los desahucios

BARCELONA // Ya es inminente: algunos de los artículos de la Ley 24/2015, orientados a paliar la situación de emergencia habitacional y de pobreza energética que se vive Cataluña, dejarán de tener efecto probablemente la próxima semana. El recurso presentado por el gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha provocado su suspensión tras por el Tribunal Constitucional, una situación que, no obstante, no ha cogido desprevenida a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que desde hace casi un mes comenzó a movilizarse y a pedir tanto al Govern como al resto de partidos catalanes que formaran un frente común contra las ejecuciones hipotecarias.

La lucha del movimiento antidesahucios ha cristalizado, esta semana, en una reunión en la que han participado el president de Catalunya, Carles Puigdemont, alcaldes de grandes ciudades como la de Barcelona, Ada Colau, así como varias organizaciones sociales, entre ellas la misma PAH o asociaciones de municipios. El compromiso ha sido la elaboración de una nueva ley para, en palabras del secretario general del Departament d’Habitatge, Francesc Esteve, “conseguir los mismos efectos que los artículos anulados pero con otros instrumentos”.

El portavoz de la PAH, Carlos Macías, está “en parte satisfecho” con el compromiso de la Generalitat pero señala que “no es que de repente el Govern tenga como mayor preocupación la de los desahucios, sino que la movilización ha logrado que el president haya finalmente convocado esta cumbre”. Asegura que no querían que la cuestión se quedara en “una foto y grandes titulares” -los hubo-, por lo que presentaron desde el primer momento una hoja de ruta que incluía la búsqueda de nuevos mecanismos legales. Esta semana ya se ha producido una reunión del grupo de trabajo formado por la Generalitat, el Consejo de Abogacía y el grupo promotor -en el que está integrado al PAH-. El lunes tendrá lugar la siguiente.

«Tiene que haber acciones concretas»

En la PAH, pese a que valoran positivamente el interés del Govern, son críticos con su actuación durante los últimos años y se mantienen en guardia. Por un lado, Macías critica que la Generalitat, mientras aún está vigente, no está sancionando de oficio el incumplimiento de la ley cuando se producen cortes de luz, gas o agua. «Tienen que hacerlo, porque sólo una minoría de familias conoce los caminos de la administración”, lamenta. Por otro lado, están los convenios con las empresas suministradoras en lo referente a la parte de la deuda que no se está pagando por los suministros. “Hace nueve meses que tenían que haber estado hechos y aún seguimos esperando”, señala. “Redactamos el convenio a firmar, se lo mandamos al president pero no nos ha respondido nunca”, agrega. Tampoco se ha impulsado un frente común institucional para negociar con las suministradoras.

Existen otros instrumentos con los que la Generalitat podría conseguir avances. “La ley catalana de derecho a la vivienda, vigente desde 2007, se ha empezado a aplicar en 2012, con la movilización de la PAH, pero se ha hecho de forma simbólica”, asegura Macías. Otra opción sería movilizar el parque de viviendas vacías mediante sanciones. En cuanto a las líneas de ayuda para pagar el alquiler, contempladas en uno de los artículos de la ley 24/2015 que se ha salvado del recurso, no se han materializado todavía, según denuncia la PAH. Todas estas cuestiones, junto a la inacción de muchos ayuntamientos, hacen que la plataforma antidesahucios se mantenga positiva ante los movimientos de la Generalitat pero, al mismo tiempo, escéptica. “Si hay voluntad y no se vienen a hacer la foto, tiene que haber acciones concretas”, zanja Macías.

La Generalitat: «Se hace lo que se puede»

Por su parte, la desde la Generalitat reiteran su compromiso para hacer todo lo posible tras el recurso del Gobierno. La intención de la norma que se proponen elaborar incluirá “instrumentos para movilizar el parque de viviendas” y además una “mayor seguridad jurídica, para que no vuelva a ser cuestionada”, explica Francesc Esteve, secretario general del Departament de Governació i Habitatge. Lo harán, además, en un tiempo lo más corto posible, de modo que pueda aprobarse, “si cumplimos los plazos y no hay inconveniente”, en el Parlament a mediados de junio. La semana que viene la Generalitat y el grupo promotor de la ley de emergencia habitacional -al que aseguran desde el Govern que quieren dar el mayor protagonismo- se reunirá ya con propuestas concretas y con la intención de dar forma al articulado. “Tenemos a mucha gente dedicada exclusivamente a esto”, asegura Esteve.

En cuanto a las críticas provenientes de la PAH, el secretario general del departament asegura que por parte del Govern “se está haciendo lo que se puede”. “Hemos tramitado cinco medidas legislativas en el tema de la vivienda durante los últimos dos o tres años”, recuerda. Esteve asegura que más allá de aplicar las leyes vigentes, cree que se debe dar importancia al “diálogo con los grandes tenedores de vivienda para que cedan voluntariamente esas viviendas vacías”. Además, Esteve alega un sobreesfuerzo en el presupuesto por parte de la Generalitat. “Cataluña es la comunidad que destina más recursos propios a las ayudas para alquiler de vivienda, mientras que las ayudas del Estado a la Generalitat se han ido reduciendo estos últimos años a menos de la mitad”, defiende. De 124 millones de euros en 2009 a 54 millones en 2016. “Falta que nos dotemos de instrumentos legales, coercitivos, para cuando los tenedores no cumplan con la función social de la propiedad”, afirma.

El secretario general del departament admite que no se han firmado convenios para los casos de las familias que no pueden pagar la luz, el agua y el gas, pero asegura que no se ha hecho precisamente “por la ausencia de instrumentos coercitivos que obliguen a cumplirlos”. Esteve señala a este respecto otra ley suspendida por el TC que regulaba ciertos aspectos. “Todo esto no quita que la Generalitat continúe negociando con estos grandes suministradores para evitar los cortes”, concluye.