Diputaciones en el punto de mira

Casi 200 años después de su aprobación por decreto, en 1833, muchos siguen discutiendo la utilidad del las diputaciones provinciales. La propuesta de acabar con ellas y sustituirlas por consejos de alcaldes, puesta encima de la mesa por el pacto PSOE-Ciudadanos, ha reabierto un debate que divide a los partidos y confunde a la ciudadanía. Las dos grandes formaciones políticas, que copan de manera mayoritaria las diputaciones, han dejado entrever sus dudas. Por una parte, el PP ha mostrado su oposición férrea a la mera idea de acabar con ellas. Por otra, barones del PSOE como Susana Díaz han solicitado que «se tenga en cuenta la labor que realizan».

España cuenta con 38 diputaciones, presentes en todas las comunidades autónomas salvo las uniprovinciales, donde sus funciones recaen en los parlamentos autonómicos. Por su parte, País Vasco y Navarra disponen de las llamadas diputaciones forales –con elección directa de los diputados y capacidad de gestionar impuestos–, mientras que en Canarias y Baleares sus funciones recaen en los cabildos y consejos insulares.

Para sus defensores, las diputaciones son necesarias para ofrecer asistencia a aquellas localidades que, por incapacidad técnica o de gestión, no pueden cumplir sus funciones constitucionales por sí solas. Y son muchas: en España hay más de 8.000 municipios, de los que más de 5.000 no superan los mil habitantes. En el lado opuesto, los que piden su supresión aseguran que de ese modo se acabaría con duplicidades y se pondría coto a la opacidad que, denuncian, se ha convertido en un lastre para el trabajo de las diputaciones, muchas de las cuales parecen haberse convertido en agencias de colocación para políticos.

«Las diputaciones son fundamentales, especialmente en el ámbito rural», opina Julio Cuenca (PP). Es alcalde de La Miñosa, un pequeño municipio formado por otras tres pedanías (Tordelloso, Naharros y Cañamares) de la sierra de Guadalajara, una de las provincias más despobladas de España. Cuenca está convencido de que, sin los fondos que reciben de la diputación, esta zona estaría condenada. «El dinero se destina a la pavimentación de pequeñas carreteras, alumbrado público, infraestructura de agua, arquitectos, electricistas, asesoría jurídica… Prácticamente todo lo que afecta a estos pequeños pueblos».

Más de 60.000 empleados

El dinero es, como casi siempre, el caballo de batalla y el origen de buena parte del debate. Para 2016, las diputaciones cuentan con casi 6.400 millones de euros de presupuesto, que llegan a los 22.000 si se suman los 13.200 de las diputaciones forales y los 2.100 de Baleares y Canarias. Un dinero que paga los sueldos de 60.696 empleados, la mayor parte de los cuales no son funcionarios sino personal contratado. Pero no sólo las cantidades que manejan las diputaciones son motivo de polémica: la manera de elegir a los políticos que las forman también genera suspicacia, pues se hace de manera indirecta aplicando la Ley D’ Hondt a los resultados obtenidos en los ayuntamientos. Eso ha provocado que, tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, el PP perdiera la hegemonía que ostentaba sobre las diputaciones: el PSOE pasó a controlar 18 de ellas, mientras que el PP se quedó con 15. Las cinco restantes se las repartieron CiU (4), y el Partido Aragonés (1).

Desde esta última formación, Sergio Uche detalla el día a día en la Diputación de Teruel, una provincia tan extensa como poco poblada. «Aquí trabajan unas 340 personas. Yo estoy en el gabinete técnico, en la sección de topografía, desde la que hacemos asistencia a municipios. Por ejemplo, en el caso de un pueblo que carece de recursos y tiene un problema de agua, si hay que hacer un traslado de la fuente al depósito, nos encargamos del levantamiento topográfico previo a la licitación y a la obra. También llevamos a cabo una labor de control cuando la diputación hace una carretera, para que se ejecute conforme a proyecto. Pero hay muchísimas tareas: soporte informático a ayuntamientos, bomberos, mantenimiento de pavimento… Damos muchos servicios». Uche, que además es alcalde de Aliaga (365 habitantes censados), se muestra muy crítico con quienes hablan de terminar con las diputaciones. «Sinceramente, creo que no saben lo que dicen. Las políticas diseñadas en las universidades serán muy eficaces para la ciudad, pero no para el medio rural. Cuando en Teruel oímos a Ciudadanos proponer que se eliminen los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, no sabemos si reír o llorar. Y no es una cuestión de color político: a cualquiera que le preguntes aquí te dirá lo mismo, sea del partido que sea».

Desde la Diputación de Badajoz, que gestiona 166 millones de euros, coinciden en que el objetivo de esta institución es «buscar el equilibrio entre lo rural y lo urbano como una forma de garantizar el acceso a los servicios públicos básicos de todos los ciudadanos, vivan en el campo en la ciudad». «El apoyo permanente a estos municipios pequeños es una defensa activa de la ruralidad y pretende mejorar la vida de las personas que en ellos viven de cara a permitir que puedan seguir haciéndolo», insisten.

Carles A. Foguet, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y especialista en Análisis Político, apunta que «existe un gran desconocimiento entre la opinión pública sobre todo lo que ocurre en las diputaciones. Y cuando se conoce, es porque salen a la luz nombres como el de José Luis Baltar [condenado por colocar a 104 personas en la Diputación de Ourense] o el de Carlos Fabra [ex presidente de la Diputación de Castellón, en prisión por fraude fiscal y tráfico de influencias] por lo que la gente las relaciona de manera directa con la corrupción». En opinión de Foguet, esa percepción de institución poco fiable tiene que ver con la propia naturaleza poco transparente de las diputaciones. «Esa opacidad fomenta este tipo de cosas: no hay apenas fiscalización del dinero público que manejan. Se han establecido las condiciones perfectas para que se produzcan esos casos de malas prácticas: nadie se fija en lo que ocurre en una pequeña diputación, por lo que es mucho más fácil que se lleven a cabo irregularidades».

Cuenca y Uche discrepan sobre esa supuesta falta de transparencia. «Aquí se sabe a dónde va hasta el último euro. No hay más corrupción en las diputaciones que en cualquier ayuntamiento u organismo público», apunta el primero. Uche deja entrever cierta incomprensión: «Esta es una tarea ingrata: los medios hablan de las diputaciones cuando se produce un caso de corrupción, pero no del trabajo que se desempeña día a día para sacar adelante los pueblos». Una mala fama que extiende a la labor de los alcaldes. «Sólo el 8% de los alcaldes cobra un sueldo: el resto trabaja de forma altruista por sus vecinos», recuerda Uche. «Pero para parte de la sociedad ya parece que por ser alcalde estás bajo sospecha. Es exactamente lo mismo que ocurre en las diputaciones».

Margen de mejora

Desde el Observatorio Ciudadano de la Diputación de Barcelona, el primero de la Red de Observatorios Municipales centrado exclusivamente en una diputación, sus responsables inciden en el amplio margen de mejora. «Reclamamos una mayor transparencia y participación», explican. «Nuestro objetivo es facilitar un espacio para que cualquier ciudadano, colectivo o periodista pueda realizar solicitudes de información a la diputación. Estas solicitudes son públicas y consultables, al igual que las respuestas».

«Existe un intenso debate interno sobre qué hacer con las diputaciones», reconocen desde el Observatorio. Y añaden que estas instituciones «representan una distribución territorial que no responde a la realidad histórica territorial, que en el caso de Cataluña debería estar distribuida en veguerías». «¿Aumentamos las competencias y presupuesto de los ayuntamientos? ¿Apostamos por órganos mancomunados para que los ayuntamientos puedan compartir recursos y cooperar? ¿Hacemos que sea la Generalitat la que asuma sus funciones?», se preguntan. El debate sigue abierto.

Un trabajador de esa misma diputación que prefiere permanecer en el anonimato reflexiona sobre el citado debate. «Es un tema guadianesco. En Cataluña había cierto consenso para eliminarlas, porque se las vinculaba a la división territorial española en provincias. Pero primero los socialistas y, ahora, los convergentes y ERC, en cuanto han tocado poder, las han defendido por su tarea municipalista», reconoce. «La percepción pública de que las diputaciones son una agencia de colocación de políticos está completamente fundamentada. Debería aligerarse la estructura política, que no está formada sólo por los concejales y alcaldes que asumen el papel de diputados, sino también por su legión de asesores, que a menudo son políticos de segunda y tercera fila», añade. Asimismo, compara con otros países europeos: «Francia o Italia están eliminando o reduciendo niveles intermedios similares a las diputaciones. Pero siguen existiendo gobiernos intermedios o supralocales, porque son necesarios y útiles para un buen gobierno, eficaz y cercano a la gente. El fallo no radica tanto en la autonomía local, que es necesaria, sino en la falta de controles democráticos que otros países sí tienen muy arraigados. En España (y en Cataluña) sigue siendo demasiado fácil defraudar y corromper».