Sentar a un policía ante el juez, un camino largo y lleno de trabas

BARCELONA // Ester Quintana lleva una prótesis ocular y ha pasado media docena de veces por el quirófano. Durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012, en Barcelona, la mujer de 46 años fue alcanzada, presuntamente, por una bala de goma que le hizo perder un ojo. Desde entonces Quintana ha tratado de obtener justicia, y en ello sigue. Su lucha, de varios años, ha provocado movimientos: se ha prohibido este tipo de armas policiales en Cataluña, se restructuró la Brigada Móvil, la aseguradora de la Generalitat de Cataluña la ha indemnizado como muestra de “buena voluntad” y se han producido varias destituciones y dimisiones de mandos. Este lunes ha comenzado el juicio que determinará las responsabilidades penales.

El de Quintana ha sido uno de los casos que más lejos ha llegado estos años, desde el comienzo del ciclo de protestas que abrió el 15-M. Una buena defensa técnica y un proceso de acompañamiento en forma de movimiento social contra las balas de goma han sido las claves para que esta presunta víctima de abusos policiales haya logrado tener fuerza ante un sistema judicial poco dado a investigar los abusos de los agentes, según destacan desde colectivos de abogados como el Centre Iridia. Pocos meses antes otras dos personas perdieron también el ojo a manos de antidisturbios, pero no han tenido la misma trascendencia pública. Y es que no todas las víctimas están dispuestas a asumir los costes: un largo y arduo camino, lleno de trabas, presiones y exposición pública hasta obtener justicia. O no.

“Hay mucha gente que ni siquiera quiere denunciar porque no le ve sentido”, asegura Eric Sanz de Bremond, abogado de la comisión Legal Sol. La primera traba con la que se encuentra la víctima es la dificultad para identificar al agente agresor. “En la mayoría de los casos nos hemos encontrado con un auto de archivo en el que se dice que el delito no se le puede establecer a nadie”, explica. La presión ciudadana logró un pequeño avance en este sentido: los antidisturbios ahora portan el Número de Operativo Policial (NOP). Sin embargo, está lejos de colmar las expectativas de los letrados: no se trata de una identificación personal e intransferible y, además, va colocado a la espalda del agente, lo que hace difícil que la posible víctima pueda verlo.

El NOP, no obstante, ha hecho posible pequeñas victorias, como la que se produjo la semana pasada, en la que se abrió juicio oral a un policía que el 14 de diciembre de 2013, durante una protesta contra la Ley Mordaza, golpeó presuntamente a un manifestante provocando una lesión en la mano a un manifestante que le ha dejado secuelas de por vida. En estos casos la presencia de la prensa y su aporte de documentos gráficos desde diferentes ángulos facilita la apertura de una investigación.

La mayoría de casos se archiva

La segunda traba con la que se encuentran las víctimas es la falta de colaboración por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. “Siempre niegan la posible agresión y hacen de todo menos colaborar”, lamenta Sanz de Bremond. Un ejemplo paradigmático fue la campaña Te meto pero no me consta, en octubre de 2014. La policía agredió a varios reporteros gráficos y, cuando la jueza remitió a la Policía los vídeos aportados por los informadores para que se identificase a los agentes agresores, el mando respondió en un escrito que «no se tiene conocimiento ni hay constancia» de que los funcionarios hubieran provocado lesiones durante la manifestación.

Otro obstáculo claro a la hora de conseguir justicia ante un caso de maltrato policial es la desidia del ministerio fiscal. “Muchas veces o bien no hace nada o se opone tanto a la investigación como al enjuiciamiento, pidiendo el sobreseimiento de las causas”, asegura Sanz de Bremond. Por otro lado, las denuncias por malos tratos durante las detenciones tampoco suelen tener recorrido. “Todas las trabas que existen hacen que llegar a juicio con algún caso sea algo bastante extraño”, certifica el letrado. En ocasiones, se consiguen -pequeñas- condenas, como en agosto de 2014, cuando se obligó a un antidisturbios a pagar una multa de casi 800 euros por agredir a dos manifestantes, a uno de los cuales agarró de los testículos. Sin embargo, “con respecto a las denuncias de las que tenemos conocimiento, un porcentaje altísimo ha acabado archivado”, concluye Sanz de Bremond.