El laberinto burocrático al que se enfrentan las personas refugiadas

Galina Abramian, ucraniana de 73 años, está aprendiendo español con un libro de su nieto. No entiende ni una sola palabra, pero sonríe mientras dice que le divierte sentirse de nuevo estudiante, aunque sea forzosamente y a miles de kilómetros de su casa de Donetsk (Ucrania), rodeada ahora por tanques y escuadrones militares. Edgar, de 23 años, ha podido retomar las clases de canto en el conservatorio y su lírico O sole mio transforma por un instante en una enorme ópera el modesto piso donde viven desde hace dos meses en Valencia. Su abuela, su padre, Arthur (49 años), y su madre, Maya (47 años), le aplauden apasionadamente, respiran hondo y esbozan una media sonrisa: “No tenemos nada más que esto. Pero no queremos volver”.

Europa vive la mayor crisis humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial. La migración masiva de personas que huyen de la guerra pidiendo asilo está desbordando los mecanismos europeos de acogimiento. Tras un viaje arriesgado, las personas refugiadas se enfrentan a un laberinto burocrático y a un proceso de adaptación personal difícil. El primer obstáculo es conseguir llegar a Europa. “Mi mujer, mis dos hijos y yo huimos en coche en julio de 2014. Fue muy difícil salir porque había muchos controles militares, pero llegamos a Kiev. Allí sigue uno de mis hijos, que está en edad de recibir la carta de reclutamiento forzoso y no quiere que le encuentren”, cuenta Arthur, que llegó a España en avión con visado de turista. Su primera parada fue un centro de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que junto a Cruz Roja y la Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM), centralizan la ayuda a las personas refugiadas.

Los conflictos que más refugiados están generando son los de Siria y Ucrania. Según ACNUR, Alemania está siendo el mayor receptor de nuevas solicitudes de asilo, con 1,1 millones de peticiones en 2015. Entre 2012 y 2014, el número de peticiones en España se duplicó hasta las 5.952, según el Ministerio del Interior. El pasado septiembre, Interior estimó que en 2015 llegarían 17.000 solicitantes más otros 15.000 a cuenta de los acuerdos europeos de reubicación. Interior no explica por qué, de estos últimos, sólo han llegado 18.

Khaled Nadjar (47 años), exalto funcionario sirio, llegó hace pocos meses con su mujer Sawsan Mustafá (43 años) al centro de acogida de CEAR en Cullera, inaugurado en 1994 para acoger a víctimas de la guerra en Bosnia. Sus cuatro hijos están fuera del país. Khaled aún no ha podido romper la barrera del miedo. Su mujer sí. Por el momento, Khaled y Sawsan centran sus esfuerzos en las clases de español que la entidad organiza para los recién llegados. Más adelante, según su perfil profesional, acudirán a cursos de formación y de orientación en la búsqueda activa de empleo. “Una persona de Siria no puede llegar a una embajada española y pedir asilo. En la práctica, esta vía solo se usa para extender el asilo a familiares de refugiados. Por lo tanto, la única forma de pedir asilo es llegar a la frontera o el territorio español y jugarse la vida en el Mediterráneo teniendo, muchas veces, que pagar a las mafias”, explica Jaume Durá, abogado y coordinador de CEAR en Valencia. Con los pies en Europa, las personas refugiadas se enfrentan a un proceso legal que suelen desconocer.

El convenio de Dublín les obliga pedir asilo en el primer país seguro al que hayan llegado o en el país que les haya dado el visado. Al llegar, muchos viajan a otros países en busca de familiares y solicitan asilo allí. Existen mecanismos europeos que permiten a los Estados devolver a algunos refugiados a los países por donde entraron si no pidieron asilo al llegar. Alemania ha propuesto endurecer las condiciones y el listado de países seguros a los que aplicar el convenio se está ampliando. “Si tienen la suerte de saber que pueden solicitar asilo, piden cita para la primera entrevista, que puede tardar dos meses. Con ese documento, pueden solicitar plaza de acogida en un centro para un máximo de nueve meses”, explica Durá. La tarjeta roja como demandantes de asilo no les dará derecho a cruzar fronteras ni salir del país. Seis meses después, adquirirán el derecho a trabajar y, en muchos casos, la resolución definitiva tardará hasta dos años.

George Stifeev, ingeniero ucraniano de 30 años, llegó hace cinco meses y, como solicitante de asilo, está a punto de obtener el permiso de trabajo. El día que le llamaron a filas, su mujer y él decidieron huir con su hijo Demian, de dos años. Viven en Cullera. “Mi mujer se levanta a las siete de la mañana y se va en tren a un curso de formación en cocina a Valencia. Yo despierto al niño, le doy el desayuno y nos vamos a dar un paseo. Cuando ella vuelve, me voy a Valencia a estudiar mi curso de electricidad”, relata. En su tiempo libre investiga los vínculos familiares de su abuelo, judío sefardí, para tratar de acceder al plan de concesión de nacionalidad a familiares de sefardíes aprobado por el Gobierno en octubre. George asegura que no piensa en qué será de ellos cuando termine su estancia en el albergue. Pero ese momento llegará.

Un edificio discreto

El centro de acogida de Cullera, desde la calle, pasa completamente desapercibido. No es en nada diferente a un pequeño bloque de pisos con cuatro plantas. El edificio, modesto por dentro, dispone de habitaciones para dos y tres personas en las que actualmente viven 45 refugiados. La planta baja del edificio acoge el comedor, en el que las mesas están rotuladas con el apellido de las diferentes familias que viven allí, que comen juntas si así lo prefieren. En ocasiones, incluso, si alguno de los habitantes se ofrece a cocinar un plato especial de su país de origen para todos, puede hacerlo en coordinación con el equipo de cocina. La azotea, acristalada, ha sido convertida en una sala de juegos, de estudio y de reunión con una larga mesa, una televisión y un ordenador. Todo está organizado para que su vida sea lo más normalizada posible desde el día en que llegan.

“Cuando acaban la estancia en el centro, CEAR les puede dar una pequeña beca para terminar el curso y una ayuda para el alquiler de vivienda”, explica Tras Francisco Jiménez, director del albergue. Durante esta etapa, y mientras se resuelve su expediente de solicitud de asilo, las personas refugiadas suelen empadronarse en los municipios en los que viven y optar a los servicios municipales. El 44% de las resoluciones de asilo en España en 2014 concedieron la tarjeta blanca como refugiado. “Si te lo deniegan, pasas a estar sujeto a la ley de extranjería con la que, en el mejor de los casos, a los tres años, si tienes un contrato de un año a jornada completa y cumples una serie de requisitos, podrías obtener permiso de trabajo y residencia”, detalla Durá.

Jan Casban, comerciante sirio de 40 años, trabaja como camarero en Valencia. Vino a España en 2001 y no tardó en encontrar trabajo en la hostelería. La bonanza económica le permitió trabajar y obtener permiso de residencia acogiéndose a la ley de extranjería. En 2011, cuando el trabajo comenzó a escasear, volvió a Siria con su familia, joyeros de profesión. Sólo un año después, estalló el conflicto. Y tuvieron que huir. “Nuestros pisos y nuestras tiendas se quedaron allí. No sabemos qué ha sido de ellas. Cuando llamamos a nuestros vecinos, su teléfono suena y suena pero no lo coge nadie…”.

Su mujer y su hijo de cuatro años han tardado un año en obtener la respuesta a su petición de asilo. Positiva. Jan explica que no les fue sencillo conseguirlo. “Nos pidieron que obtuviésemos un papel en Siria. Que lo llevásemos a la embajada de España en Líbano… y claro, allí está todo destruido y, además, si no tengo a nadie allí, ¿quién va a hacer esto por mí?”. Aunque ella no trabaja, el buen nivel de español de Jan y los contactos que mantuvo tras su primera estancia en España, le han ayudado a encontrar un empleo. Tres años después de volver, con una vida ya tranquila lejos de la guerra, asegura que, aunque el gobierno de Bachar el Asad era “quizá un poco rígido y algunos dicen que fue un dictador”, en el fondo lo echa de menos porque recuerda que en aquel tiempo no había conflicto y las minorías cristianas vivían tranquilas.

Tras escapar de las bombas, pese al tiempo que vive ya alejado de ellas, Jan no ha logrado superar la sensación de estar perseguido y dice sentir las miradas de las personas musulmanas del barrio. Pese a todo, asegura, no quiere volver. “Ahora me estoy pagando un pisito. Cuando mi hijo ve fotos suyas sentado en su sillita de comer en Siria pregunta dónde estaba entonces. Yo le digo que en otra casa, lejos, en otro país. Y él pregunta que cuándo vamos a ir. Algún día le contaré todo esto, de momento es muy pequeño. Va muy feliz al colegio, está integrado y ¡habla mejor español que nosotros!”, ríe Jan en el bar donde trabaja.

Las organizaciones aseguran que los Estados no están poniendo los suficientes recursos para hacer frente a un problema que, auguran, se agravará por la respuesta política que están dando al conflicto. Durá de CEAR es contundente: “No es una cuestión de caridad, ni de solidaridad, ni ayuda, es una cuestión de justicia. De derechos que tienen las personas y deben ser garantizados por los Estados. Estamos obligados a ello”.