Una mujer casada por el rito gitano pide extender la pensión de viudedad a todas las parejas

Mari Ángeles Fernández se casó por el rito gitano con 15 años. Vivió con su marido más de dos décadas y tuvieron cuatro hijos. Compraron un casa, compartieron una cartilla en el banco y toda su vida está registrada en el libro de familia que aún guarda como oro en paño. «No era mi novio, era mi marío«, cuenta a las puertas del Parlamento andaluz, hasta donde ha viajado este jueves desde su pueblo, Láchar (Granada), acompañada por uno de sus hijos. Su marido murió en 2011, pero ella no está cobrando la pensión de viudedad porque ni el Estado ni la Justicia reconocen esa convivencia.

«Es una discriminación«, añade junto a su abogado, Laureano Sánchez, y la alcaldesa de su pueblo, Nieves López (IU). Mari Ángeles tiene esclerosis múltiple y no puede trabajar. Su hija de 16 años -los demás son ya mayores de edad- cobra una pensión de orfandad de poco más de 200 euros. «Mis otros hijos me ayudan económicamente en lo que pueden», relata.

Su reivindicación es sencilla: la pensión de viudedad que debería haber cobrado desde hace cinco años. Pero su lucha no es particular. A través de IU, Mari Ángeles y su abogado -que lleva el caso de forma gratuita-, presentarán en la Cámara autonómica una iniciativa en la que se inste al Estado a modificar la Ley General de la Seguridad Social para que todas las parejas, casadas o no, puedan acreditar su convivencia. El concepto de familia ya no es el mismo que treinta años atrás, insisten. «Es que a mí me ha pasado también, enviudé hace ocho meses y me la han denegado», cuenta un cámara de televisión que está grabando el acto. «Como la justicia está ciega, vamos a intentarlo por la parte política», afirma la alcaldesa.

La pelea de Mari Ángeles, que se reunió con las diputadas de IU Elena Cortés y Mari Carmen Pérez, cuenta con un precedente importante: una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España a abonar a otra mujer que se casó también por el rito gitano toda la pensión que no había percibido desde que muriera su marido. «Esa sentencia debería aplicarse a la legislación española», explica el abogado, que ha llegado, siempre con respuesta negativa, hasta el Supremo.