El “impuesto al sol” entra en vigor ante la incertidumbre de los autoconsumidores

En uno de los países del mundo con más horas de sol al año, poner trabas a que la ciudadanía pueda producir su propia energía de manera autónoma y sostenible es un contrasentido. Esto, al menos, es lo que denunciaron en su día organizaciones ecologistas, de consumidores, ciudadanos y partidos políticos ante la aprobación, el pasado 9 de octubre, del Real Decreto de Autoconsumo, conocido como el «impuesto al sol», que ahora puede convertirse en una pesadilla para muchos consumidores.

El Gobierno dio un plazo de seis meses para que los dueños de instalaciones fotovoltaicas se adaptasen a la nueva normativa y se registrasen debidamente en la sede electrónica del Ministerio de Industria. Y a pesar de que asociaciones como la Unión Española Fotovoltaica han solicitado formalmente una prórroga, el Ejecutivo en funciones ha hecho oídos sordos. Cuando está a punto de concluir dicho plazo, son muy pocos los que han llevado a cabo dicho registro: apenas una veintena, según datos que ofrece el propio Gobierno. El resto se enfrentan a multas de entre 6 y 60 millones de euros.

«Hablamos de multas absolutamente absurdas e injustas, mayores incluso que las que se ponen por extraviar residuos radiactivos», denuncia Sara Pizzinato, de Greenpeace. La portavoz de la organización ecologista se muestra convencida de que el Real Decreto de Autoconsumo fue «una maniobra clara del Gobierno para bloquear el autoconsumo o, al menos, provocar un frenazo importante. Lo triste es que lo han conseguido».

Para Pizzinato, el Gobierno no ha dado las instrucciones claras ni los mecanismos para que los autoconsumidores se adapten a la nueva normativa, lo que ha generado un gran clima de confusión. «Incluso aunque quieras hacerlo, no es nada sencillo», apunta. «Los ciudadanos que hace unos años decidieron apostar por las energías renovables se encuentran en una situación de indefensión».

El Real Decreto de Autoconsumo establece que todo consumidor que quiera autoabastecerse pero necesite conectarse a la red eléctrica como respaldo -por ejemplo, en las horas en que no hay sol- deberá pagar, de la misma forma que cualquier consumidor estándar que no disponga de paneles solares. De no hacerlo, según explicó tras la aprobación del Real Decreto el ministro de Industria, José Manuel Soria, se estaría produciendo «una situación injusta, puesto que los costes generales del sistema nada tienen que ver con el hecho de que se esté autoconsumiendo o no». Es por ello por lo que se aplica la llamada «tarifa de respaldo».

Soria y la dimisión

Hace apenas una semana, Soria lanzaba un órdago a todos los que han criticado su iniciativa. «Si alguien me demuestra que he puesto un impuesto al sol, yo dimito», declaraba en una entrevista concedida al periódico canario Diario de Avisos. En las redes sociales comenzó a circular el hashtag #DimiteYaSoria. Pero el ministro lo tiene claro: el Real Decreto de Autoconsumo nació, según su manera de verlo, para fomentar el autoconsumo, y no para ponerle zancadillas.

«Si el objetivo hubiera sido impulsar el autoconsumo, dudo que hubiera sólo una veintena de instalaciones registradas: lo normal hubiera sido recibir un aluvión de inscripciones», ironiza Pizzinato. «Los hechos hablan por sí solos, y demuestran cuál ha sido el verdadero objetivo del Gobierno en este asunto: paralizar el autoconsumo».

La situación de incertidumbre política puede haber sido otro factor clave para no regular las instalaciones fotovoltaicas, dado que todos los partidos de la oposición se han comprometido a derogar o reformar en profundidad la nueva normativa. «Necesitamos un nuevo marco legal que verdaderamente promueva el autoconsumo, en lugar de ponerle trabas», sostiene Pizzinato. «Es lo que se está haciendo en la gran mayoría de países de Europa, y a lo que se comprometieron las naciones, incluida España, en la pasada Cumbre del Clima de París. Debemos aprovechar los recursos que de verdad tenemos a nuestro alcance: el sol, el viento y las olas».