Los megaproyectos: un ataque directo a la democracia local

Pedro Manuel Herrera de la Pascua // La  privatización de bienes y servicios públicos han sido características emblemáticas del proyecto neoliberal. Su principal objetivo ha sido abrir nuevos campos para la acumulación de capital en terrenos que anteriormente estaban vedados para la empresa privada.

El neoliberalismo, en la fase actual, emplea al Estado como mecanismo para reactivar las tasas de acumulación, logrando así una transferencia de capitales público-privados mediante una serie de cambios institucionales, entre otros, en la provisión de servicios. Así, la mayoría de los gobiernos locales se han visto forzados a ajustarse a un proceso de competencia interespacial, marketing territorial y desregulaciones, a fin de atraer inversiones y empleos.

Por citar un ejemplo de lo anterior, el ayuntamiento de Sevilla ofrece a las empresas que se establezcan en la próxima zona franca el diferimiento de impuestos estatales: IVA, Arancel Aduanero Común y especiales así como bonificaciones en impuestos y tasas locales: IBI, IAE, ICIO.[1]

En este sentido aparecen los megaproyectos entendidos como dos tipos de intervenciones. Por un lado, las articuladas alrededor de la construcción de un gran edificio dotado de una fuerte carga simbólica (como el aeropuerto de Ciudad Real[2] o las “Setas” de la Encarnación en Sevilla[3]). Por otro, las intervenciones más amplias y con un contenido complejo (mezcla de usos residenciales, comerciales, de equipamientos…) en las que se utilizan nuevas técnicas de licitación, como el partenariado público-privado[4], que fortalecen una estrecha colaboración entre el sector público y el privado.

En todos los casos, su impulso va acompañado por un esfuerzo muy especial de sus promotores para convencer a la ciudadanía de la imperativa necesidad de su desarrollo, de su incuestionable valor social y de su carácter sostenible.

El objetivo del megaproyecto no sería, pues, producir bienes y servicios socialmente útiles, sino ahondar aún más en la transferencia de capitales desde el sector público hacia el privado en alguna de sus fases de desarrollo, asociado a la obtención de concesiones, de recalificaciones de terrenos y/o al manejo de abultados presupuestos aportados o avalados por el Estado (sea en su forma central, autonómica o local) o sufragados por amplios colectivos de accionistas, usuarios o contribuyentes.

Es recurrente que las finalidades productivas y rentables que se usan en un primer momento para justificar la obra, acostumbren a desinflarse a medida que se desarrollan y cobra fuerza la fase extractiva de los presupuestos públicos, siendo necesaria que se dé una red de empresas y administraciones que permitan a unas conseguir beneficios y a otras cargar con las pérdidas, llegando a ser común los sobrecostes de las obras sobre el presupuesto inicial, sobrecostes que tienen como causa o bien una tasación inicial a la baja del presupuesto de la construcción para ganar la licitación o de una relajación de controles que permiten inflar artificialmente los presupuestos.

Así nos encontramos con que, si hay dificultades para conseguir inversiones rentables en el corto plazo, se puede recurrir a la inversión en infraestructura, lo que permite que los capitales que no estén en circulación encuentren una salida a largo plazo. Esta inversión se hace por intermediación de las instituciones financieras (participación en fondos de inversión) o estatales (financiación pública directa), ya que el capital excedente de otras actividades económicas no puede directamente convertirse en estos megaproyectos. De este modo, además de permitir una acumulación sobre este capital invertido, se logra ampliar el espectro de inversiones futuras  posibles gracias a la dinamización que producirían estas mismas inversiones. Hablamos de la existencia de carreteras, aeropuertos, universidades, teatros… que permiten negocios más allá de su misma construcción, y provocan, en la zona donde se ubiquen, un aumento del valor añadido de la actividad económica.

Asimismo, los megaproyectos ahondan en el proceso  de producción de una ciudad más fragmentada y privatizada, con la reducción del espacio público y de la democracia local en la producción de la ciudad. Del mismo modo, se impone una lógica de negocios financiarizada, la cual reniega de la posibilidad de la participación ciudadana en la toma de decisiones, comprometiendo mecanismos de control de la ciudadanía, como los presupuestos participativos al darse una contradicción entre participación e intereses de los poderes económicos que están detrás de la construcción de estos megaproyectos.

La mayor parte de las nuevas actuaciones están fuertemente conectadas con el impulso del turismo, lo que provoca una competición entre ciudades para obtener una ventaja monopolística a la hora de promocionar la ciudad. Muy vinculada al turismo, observamos como la celebración de importantes actividades deportivas, de exposiciones universales o de eventos masivos en general se ha convertido en un factor de primer orden para justificar el desarrollo de los megaproyectos urbanos, como pueden la reurbanización de Barcelona para las olimpiadas del 92 o la construcción de infraestructuras para la EXPO del mismo año en Sevilla.

Podemos clasificar los megaproyectos en los siguientes tipos:

a) La regeneración de los frentes marítimos (o fluviales).

b) La recuperación de antiguos espacios industriales o portuarios o la ampliación de los mismos, como fue el frustrado proyecto de megapuerto en Tarifa[5] o su simétrico en la otra orilla con la construcción del puerto de Tanger-Med y la correspondiente reurbanización de la ciudad que llevó aparejada[6].

c) La construcción de grandes infraestructuras de transporte cuya principal pretensión es reforzar las comunicaciones interurbanas en el marco de la economía global.

d) La renovación de los distritos históricos o de otros barrios de la ciudad que cumplen con una serie de requisitos específicos. Con frecuencia estas áreas se destinarán a satisfacer a las demandas de consumo diferenciado de ciertas fracciones de las clases medias y altas.

e) Apertura (o reapertura) de explotaciones del medio como minas, presas o parques eólicos. Aunque estos megaproyectos no afectan directamente al medio urbano, merece la pena su explicación al darse mediante sus mismas lógicas de buscar el interés particular de determinadas empresas y no un interés social del mismo. De este tipo de megaproyectos han aumentado, sobretodo, en el Estado español, la reapertura de minas, ya sea por una subida de los precios de las materias primas que hace de nuevo rentable estas explotaciones o gracias a las subvenciones concedidas por las administraciones como fruto de la presión social, al ser estas minas fuente de trabajo muy necesario en comarcas sin otra actividad económica. Aquí podemos observar como las nuevas aperturas de las minas en Nerva[7], Riotinto[8] o Aznalcollar[9], conllevan una daño medioambiental que han denunciado organizaciones como Ecologistas en Acción al entender que de un lado, se produce un daño medioambiental irreparable y de otro, la creación de puestos de trabajo no surge de la propia mina si no que depende exclusivamente de las subvenciones de las administraciones, que se pueden emplear en otros sectores económicos que generen un bien común y no comprometan en exceso al medio ambiente.[10]

Aun así supone una contradicción importante negar puestos de empleo en comarcas muy deprimidas, sin ningún tipo de alternativas económicas a la misma. En este caso las organizaciones ecologistas prefieren las prospecciones subterráneas a las de cielo abierto, al entender éstas como menos contaminantes.[11]

Recapitulando, observamos cómo estos megaproyectos se inician, en la mayoría de los casos, para contentar más a ciertas empresas concesionarias que a la sociedad en su conjunto siendo, la mayor parte de las veces, exagerados sus posibles beneficios sociales a obtener para la ciudad[12], así como se sobredimensionan, también, las cifras de creación de empleo, siendo esto último muy irresponsable en zonas con grandes necesidades de trabajo como son Andalucía y España. Este proceso ahonda en la dinámica de cambio en la concepción del gasto público evidenciándose cada vez más una dinámica descarada de transferencias de capitales desde el sector público hacia el privado.

En otro orden de cosas, estos megaproyectos, a menudo, generan un perjuicio evidente en el medio ambiente, al no ser lo suficientemente sostenibles, justificándose, de nuevo, estas agresiones al entorno mediante una exageración de sus beneficios y de la futura creación de empleo.

Frente a este modelo de gasto público pensado para favorecer a ciertas élites económicas, se hace necesario comenzar  a exigir reformas en la forma de hacer política municipal que consigan lograr una gobernanza más participativa y abierta.

En este sentido la aparición del mecanismo de los presupuestos participativos (PsPs) en ciudades como Porto Alegre, en Brasil, acabó con una dinámica de emplear los fondos públicos para megaproyectos, al comprometerse gran parte de las partidas presupuestarias en solventar problemas de la comunidad.

Llegamos a la conclusión de que los PsPs rompen parcialmente la dicotomía representantes/representados al integrar de manera directa al ciudadano en las decisiones municipales; suponen un empoderamiento de la ciudadanía que ya no ve la política como algo ajeno sino que lo entiende como algo en lo que su opinión es tan fundamental como la de técnicos y político; por último pueden suponer un freno a la acción de los políticos ya que, en algunos casos, la práctica totalidad del presupuesto en inversiones se ejecuta de manera participada, lo que reduce la posibilidad de construcción de infraestructuras que no interesen a la mayoría social del municipio.

Se hace necesario, desde esta lógica, crear una esfera pública más transparente y democrática, donde el gobierno del municipio y sus pobladores, ejerzan la cogestión en torno al presupuesto municipal, definiendo las prioridades para la aplicación de los recursos públicos del municipio, desarrollándose  un camino de aprendizaje, donde la ciudadanía implicada va aprendiendo, con la práctica, acerca del marco legal y de competencias del municipio, del estado de las finanzas del ente local, del cual provienen los problemas prioritarios de la ciudad.

En definitiva para romper con la arbitrariedad en la acción política municipal se hace imprescindible romper con la dicotomía representantes/representados y apostar por una ciudadanía empoderada.

_____________________________________________________________________

Bibliografía

David Harvey, «El neoliberalismo como destrucción creativa», Apuntes del CENES, nº 45 (2008): Págs 10-34.

David Harvey, El Nuevo Imperialismo (Madrid: Akal, 2003).

Fernando Orueta, «El impacto de los megaproyectos en las ciudades españolas. Hacia una agenda de investigación», Estudios Demográficos y Urbanos, 2009, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31221535006.

José Manuel Naredo, «La naturaleza perversa de los megaproyectos», Madrid15M, nº 9 (Diciembre de 2012): Págs.: 16-17.

Juan José Ganuza Fernández, «Los sobrecostes en las obras públicas: un análisis económico del caso español», Economía industrial, n.o 318 (1997):Págs  111-122.

Sharon Zukin, «Urban Lyfestyles, Diversity and Standardization in Spaces of Consumption», Urban Studies, nº 6 (1998): Págs 825-839.

Yves Cabannes, ¿Qué es y cómo se  hace el presupuestos participativo? 72 Respuestas a Preguntas Frecuentes sobre los Presupuestos Participativos Municipales. (Nairobi: Un-Habitat, 2004).

Referencias

[1]Oficina de planificación estratégica y desarrollo empresarial. Ayuntamiento de Sevilla, “Invertir En Sevilla: Plan de Atracción de Inversiones.” (Sevilla, 2014), http://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas/delegacion-de-relaciones-institucionales/OPEyDE/presentacion-invertir-en-sevilla.

[2] En este sentido el aeropuerto de Ciudad Real costó más de 28 millones de euros siendo vendido en subasta por solo 10000€ Europa Press, «El Grupo Tzaneen International podría hacerse con el aeropuerto de Ciudad Real por solo 10.000 euros», eldiario.es, http://www.eldiario.es/clm/provincias/ciudad_real/Grupo-Tzaneen-International-Ciudad-Real_0_410159317.html.

[3]Francisco Pelayo, «El despilfarro español: diez proyectos con dinero público repletos de sobrecostes», 20minutos.es,  http://www.20minutos.es/noticia/1755390/0/despilfarro-espanol/proyectos-publicos/sobrecostes/.

[4] Se entiende como Partenariado público-privado la colaboración en la construcción de una determinada obra o equipamiento, de la administración con una o varias empresas privadas, que una vez construidas actuarían como socios en la gestión del equipamiento. María Alessandra Sandulli, «El Partenariado Público y Privado», Revista de estudios de la administración local y autonómica, n.^o 315 (2011): 119-42. En el Estado español encontramos ejemplos de esta colaboración en casos como el de los hospitales en Madrid. «Privatizar hospitales sale caro (I)», http://www.publico.es/actualidad/privatizar-hospitales-sale-caro-i.html.

[5]Cándido Romaguera, «Medio Ambiente impide la ampliación del puerto de Tarifa», EL PAÍS, 23 de febrero de 2011, http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/02/22/actualidad/1298329213_850215.html.

[6]Javier Casqueiro, «Tánger apunta a Algeciras», EL PAÍS, 14 de septiembre de 2014, http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/12/actualidad/1410529771_169560.html.

[7]Redacción «El alcalde de Nerva destaca que la apertura de la mina debe ser “un elemento de progreso”», Andalucía Información,11 de Mayo de 2015 andaluciainformacion.es/cuenca-minera/504462/el-alcalde-de-nerva-destaca-que-la-apertura-de-la-mina-debe-ser-quotun-elemento-de-progreso-quot/.

[8]Lucía Vallellano, «Primera voladura en la mina de Riotinto tras 14 años de inactividad», EL PAÍS, 17 de abril de 2015, http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/17/andalucia/1429290102_526086.html.

[9]Juan Rubio «Emerita somete su proyecto para reabrir la mina de Aznalcóllar al examen sindical», elcorreoweb.es, 28 de octubre 2014, http://elcorreoweb.es/emerita-somete-su-proyecto-para-reabrir-la-mina-de-aznalcollar-al-examen-sindical-AIEC793416.

[10]«Sobre la reapertura de la Mina de Aznalcóllar», Ecologistas en Acción, 2013, http://www.ecologistasenaccion.es/article26725.html.

[11]Íbid.

[12] En este sentido es clave proyectos como el de la Ciudad de las Artes de Valencia que costaron cuatro veces lo que se presupuestó Joaquín Ferrandís, «La Ciudad de las Artes ha costado cuatro veces lo que se presupuestó», EL PAÍS, 16 de marzo de 2011, http://elpais.com/diario/2011/03/16/cvalenciana/1300306679_850215.html

[Este artículo ha sido publicado originalmente en The Social Science Post]