Los otros Berta Cáceres

Erika González* // El pasado martes, trece días después del ataque armado que se cobró la vida de Berta Cáceres, fue asesinado Nelson García, también miembro del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) y líder comunitario en Río Lindo, departamento de Cortés, al norte de Honduras. Justo unas horas antes de su muerte, se resistió al desalojo de una finca donde vivían 150 familias que conformaban la comunidad de Río Chiquito. Nelson García había apoyado y acompañado este asentamiento desde su inicio, en el año 2014, cuando se tomó esta tierra, de propiedad pública. Pero, tras entrar en la finca, la comunidad solicitó un título comunitario de tierras y descubrió que había sido vendida por el exalcalde. Este ha sido el origen del conflicto y de los diferentes desalojos que ha vivido Río Chiquito, incluido el que finalmente logró ser llevado a cabo por la policía y los militares el 15 de marzo.

Lamentablemente, este no fue el único caso de violencia política que tuvo lugar el martes pasado. Ese día, en la puerta de las oficinas de Vía Campesina en Tegucigalpa, fue herido de varios disparos Christian Mauricio Alegría, activista y trabajador de este movimiento social. Junto a ello, se sucedieron otra serie de hechos que Rafael Alegría, coordinador general de Vía Campesina y diputado en el Congreso hondureño, ha calificado como un “plan de militarización y represión para perseguir y reprimir a los movimientos sociales y la oposición social y política del país”. Y es que también fueron capturados, sin orden judicial, el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán y una activista del Observatorio Permanente de Derechos Campesinos del Aguán. Además, se confirmó la sentencia a diez años de prisión para David Romero Hellner, un periodista perseguido por sus denuncias sobre la corrupción del Gobierno de Honduras.

Violencia política e impunidad

A pesar de todo este clima de criminalización y continuas agresiones, el Estado hondureño sigue intentando vincular el asesinato de Berta Cáceres con un crimen pasional. Es, cuanto menos, inquietante que se siga manteniendo detenido como sospechoso del crimen a uno de los miembros del COPINH, así como que se retenga de forma injustificada a Gustavo Castro, activista mexicano de la organización Otros Mundos Chiapas– Amigos de la Tierra. Este último es el único testigo del asalto a la casa de Berta y, a pesar de haber ofrecido ya su testimonio, se le está impidiendo salir de la región donde tuvo lugar el ataque, poniendo en grave riesgo su propia vida.

En realidad, cerrar la investigación achacando el ataque a cuestiones que nada tienen que ver con la actividad política de Berta Cáceres y del COPINH representaría un nuevo caso de impunidad. Y supondría la criminalización de activistas ambientales como Gustavo Castro, porque parece claro que estas agresiones están dirigidas a reprimir y silenciar a los movimientos sociales; especialmente, a aquellos que denuncian la concentración de la tierra y el desplazamiento de comunidades en favor de las grandes empresas. Como Vía Campesina, cuyos dirigentes han sido amenazados, criminalizados y atacados por resistir frente a las políticas neoliberales y a los intereses económicos de compañías como Azunosa —filial de la corporación sudafricana SabMiller—, por apropiarse de 3.000 hectáreas de tierra, o Standard Fruit Company —propiedad de la transnacional estadounidense Dole—, por destruir la fruta que no iba a ser comercializada para que no fuera consumida por la población sin recursos.

En la región del Aguán, al norte del país, la situación de violencia a la que se enfrentan resulta aún más grave. Más de 150 campesinos y campesinas han sido asesinados por reclamar tierras para las comunidades y denunciar la extensión del monocultivo de palma aceitera. Uno de los principales responsables de esta persecución es la corporación Dinant, propiedad de una de las personas más poderosas en Honduras, Miguel Facussé. Su implicación en la muerte de más de un centenar de personas no ha sido un impedimento para recibir importantes fondos de la Corporación Financiera Internacional, una de las entidades del Banco Mundial que concede créditos a empresas privadas.

Seguridad jurídica, ¿para quién?

En este escenario se enmarca la visita esta misma semana a Honduras de José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno español. Como se hacía difícil ignorar el contexto de violencia, el ministro “condenó” el asesinato de Berta Cáceres, “lamentó” la muerte de Nelson García y confió en que las autoridades hondureñas puedan llevar a la justicia a los responsables de estos hechos. Pero no hizo ninguna mención a la relación de estos ataques con la persecución política a los movimientos sociales, ni tampoco un pronunciamiento para apoyar una investigación internacional ante la posibilidad de que se vuelva a repetir la impunidad de anteriores agresiones. No se produjo una intervención para mediar y garantizar la salida segura de Gustavo Castro del país, ni se cuestionó cómo se estaban utilizando los fondos de la Unión Europea y el gobierno español destinados al programa EuroJusticia, que tiene como principales beneficiarios al Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial, entre otros.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, “el apoyo a los defensores de derechos humanos es una de las prioridades de la política exterior española”; la agenda de García-Margallo en Honduras, sin embargo, no ha parecido reflejar esta declaración. Ha sido más bien un nuevo ejercicio de diplomacia económica, basado en la promoción y la defensa de los intereses empresariales españoles a nivel internacional, independientemente de si su actividad se desarrolla en un contexto de violación sistemática de los derechos humanos. De hecho, uno de los principales actos de la visita de García-Margallo fue la presentación del proyecto Núcleo España, que agrupa a las principales multinacionales españolas asentadas en el país; al mismo asistieron 30 representantes de empresas como Cobra (ACS), Pescanova, Mapfre y Santillana (Prisa).

En dicha reunión también estuvo presente el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Guy de Pierrefeu, que no tuvo ningún reparo en destacar la importancia de que en el país “haya seguridad jurídica”. Vuelve a emplearse así, una vez más, un concepto de seguridad jurídica únicamente vinculado a cuestiones económicas, cuando la verdadera seguridad jurídica es la que no solo tiene en cuenta el business y sitúa los derechos humanos por encima de los intereses comerciales.

Justicia para Berta Cáceres

Mientras el ministro García-Margallo asistía a encuentros empresariales y a reuniones institucionales dedicadas a promover la cooperación en materia de “seguridad” e infraestructuras, llegaba a Honduras la Misión Internacional Justicia para Berta Cáceres. El COPINH, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y diferentes colectivos de la solidaridad internacional han organizado esta misión como respuesta ante el contexto de fuerte represión y violencia contra los movimientos sociales y la opacidad con que se está llevando a cabo la investigación del asesinato de Berta Cáceres.

En su primera rueda de prensa, los componentes de la misión exigieron “esclarecer el asesinato de Berta Cáceres y garantizar la transparencia e imparcialidad de la investigación”. Y, por esta razón, demandaron al Gobierno hondureño la puesta en marcha de “una comisión internacional que investigue el crimen político” de la defensora de derechos humanos. A la vez, el europarlamentario Miguel Urbán denunció la corresponsabilidad de la UE y del Gobierno español en la violencia política del país, por omisión en sus relaciones diplomáticas ante el “nivel de impunidad de las violaciones de derechos humanos y los hostigamientos de las fuerzas públicas contra miembros del COPINH y otros movimientos sociales”.

Además de la misión, también se iniciaba en el día de ayer una gran movilización social en Tegucigalpa para exigir #JusticiaParaBerta. A pesar del hostigamiento de la policía y del ejército a quienes participaban en las manifestaciones, en palabras de Melissa Cardoza, del Movimiento Feminista de Honduras, fue una “muestra de fuerza nacional de la indignación y de los movimientos sociales y del pueblo de Honduras”, una reivindicación de la protección de los bienes comunes, los territorios ancestrales y el derecho a la consulta.

* Erika González es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.