Partidos y ecologistas denuncian que Tejerina ha beneficiado a la empresa donde trabajó

La todavía ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha dado la razón en el caso de los fosfoyesos de Huelva a la empresa donde trabajó unos años antes. Con fecha 2 de marzo de 2016, el Ministerio de Medio Ambiente en funciones ha calificado como idóneo el proyecto de Fertiberia para tapar las balsas de fosfoyesos en la capital onubense, uno de los mayores desastres medioambientales en Andalucía.

Los grupos ecologistas denuncian que la propuesta ideada por la empresa, que pretende soterrar los residuos en 30 años en vez de retirarlos, lejos de solucionar el problema, supone otro foco de contaminación para la población. Y señalan el caso, además, como un ejemplo del funcionamiento de las puertas giratorias. García Tejerina fue directora de planificación estratégica de Fertiberia entre 2004 y 2012. En 2014, accedió al ministerio en sustitución de Miguel Arias Cañete.

“La ministra ha cumplido con las expectativas que las puertas giratorias imponen: dar el visto bueno al proyecto de Fertiberia a pesar de ser manifiestamente inadecuado para resolver el grave problema de los vertidos en las marismas del río Tinto. Consideramos intolerable que una decisión de tanta importancia para el futuro de Huelva haya sido tomada por un excargo de la empresa”, denuncia el diputado y coportavoz de Equo Juan José López de Uralde, que pide su comparecencia en el Congreso para que explique el «disparate».

Desde Mesa de la Ría, este ejemplo “de libro” de lo que significa el término “puertas giratorias”, ha terminado de consumar lo que consideran una traición del presidente Mariano Rajoy hacia Huelva y “hacia su sufrida población, aquella a la que ha menospreciado durante años a cambio de devolver favores al empresario Villar Mir, muy en la actualidad hoy día por aparecer su nombre permanentemente ligado a oscuras maniobras políticas y económicas [imputado en el caso Bárcenas por presuntas donaciones ilegales al PP]”.

Por ello, el grupo, que tiene representación en el Ayuntamiento desde las municipales de 2011, ha pedido al pleno que declare persona non grata al líder del PP. “El Gobierno dirigido por Mariano Rajoy ha optado por condenar a las generaciones venideras a un futuro en el que nuestra ciudad no pueda disfrutar de su entorno natural, así como a vivir bajo un continuo y permanente riesgo para la salud. Del mismo modo, al señor Rajoy se le ha olvidado la promesa de retirar los fosfoyesos que hiciera en su visita a Huelva el 5 de mayo de 2011, durante la campaña electoral”, afirma el concejal Rafa Gavilán.

Tanto Mesa de la Ría como WWF, personados en el proceso, han anunciado que recurrirán la decisión del Gobierno en cuanto la ratifique la Audiencia Nacional, que había solicitado al ministerio un pronunciamiento definitivo sobre la idoneidad del proyecto. Greenpeace también considera inadmisible que sea García Tejerina quien haya abordado el asunto: ”La ministra, ahora en funciones, no puede aprobar una actuación de este calibre y más a la empresa de la que fue directiva. Es una decisión que trasciende su mandato y que implica sentenciar a Huelva”.

Desde el Gobierno, el subdelegado en Huelva, Enrique Pérez Viguera, ha defendido que el proyecto ha sido sometido a una rigurosa valoración técnica por parte de los expertos de los organismos técnicos consultados por el ministerio: el Instituto Geológico y Minero de España y la Empresa de Gestión de Residuos Industriales. Un argumento que los grupos ecologistas tampoco entienden: «Dichos informes constatan las filtraciones de arsénico al río Tinto desde las balsas de fosfoyesos, también la alta radiactividad de las aguas internas de las balsas, además del riesgo de que un hipotético tsunami afecte a la zona, la imposibilidad de que una vez clausuradas las balsas sean compatibles con ningún tipo de uso para la ciudad, etc…».

En resumen, según la Mesa de la Ría, los impedimentos para que los vertidos de fosfoyesos permanezcan en el mismo lugar para siempre son «infinitamente superiores» a los existentes en el caso de un hipotético traslado, previa descontaminación de los mismos.

Felipe González y Gas Natural

El paso del ex presidente del Gobierno Felipe González como consejero en Gas Natural también generó críticas por los intereses que tenía la empresa en Doñana, donde pretendía construir un almacén de gas en el subsuelo. Finalmente, el exdirigente socialista abandonó la empresa porque se «aburría» y la Junta de Andalucía paralizó el proyecto al considerar que la actividad era incompatible con la conservación de la naturaleza. Este mismo martes, el BOE ha publicado la autorización del proyecto fuera de Doñana.