Los crímenes de Gasteiz, Otegi, cal viva, varas de medir y respeto a la verdad

El 3 de marzo de este año se cumplieron 40 años (3 de marzo de 1976) del vil asesinato en Gasteiz de 5 trabajadores como resultado de la represión policial a una movilización obrera que provocó también entre 100 y 150 heridos, la mayoría de bala. El contexto era una huelga, iniciada en enero de 1976 por 6.000 trabajadores de distintas empresas alavesas (Forjas Alavesas, Mevosa, Aranzábal, Agrator, las del grupo Arregui, etc.) que reivindicaban exclusivamente mejoras en las condiciones laborales, como eliminar el decreto de topes laborales para permitir mayores subidas de salarios, reducción de la edad jubilación, vacaciones pagadas de 30 días, derecho cobrar el 100% en caso de baja por enfermedad, etc. La movilización concitó un apoyo popular masivo en la ciudad, desembocó en una huelga general el 3 de marzo, que fue seguida masivamente en la industria, comercio, servicios, estudiantes, amas de casa, y la ciudadanía en general. Franco había fallecido unos meses antes y había un clima de contestación y agitación social, que las autoridades de entonces no permitían que pudiera expresarse legalmente. Los derechos de huelga, manifestación o reunión seguían sin estar reconocidos. Aproximadamente 5.000 trabajadores se concentraban ese día, a las 5 de la tarde, en la Iglesia de San Francisco de Asís del Barrio de Zaramaga en una asamblea informativa. Desde la mañana, la policía armada, conocidos popularmente como «los grises», intervino duramente, ante cualquier atisbo de manifestación, llegando incluso a disparar fuego real, produciéndose los primeros heridos de bala. Los «grises», tras permitir que el templo se llenara, irrumpieron en el mismo, violando la supuesta protección a la que está sujeto, según lo firmado en el Concordato con el Vaticano, y lanzaron gases lacrimógenos contra los trabajadores allí reunidos. Los trabajadores, presos del pánico y la asfixia, huyeron despavoridos al exterior, donde les esperaban «los grises», que empezaron a apalear y disparar indiscriminadamente, tanto a los que intentaban escapar como a los que desde el exterior atraían su atención para dejar paso libre a los que intentaban abandonar aquel infierno. Fue una acción claramente premeditada y que necesariamente tuvo que ser autorizada por una autoridad política, como las grabaciones de las comunicaciones de la policía demuestran claramente: «Ya tenemos dos camiones de munición, ¿eh? O sea que actuar a mansalva y a limpiar, nosotros que tenemos las armas; a mansalva y sin duelo de ninguna clase».»Si desalojan por las buenas, vale; si no a palo limpio. Sacarlos como sea», se escucha antes de oírse la orden que precipitó la matanza: «Gasear la iglesia. Cambio». «Que manden fuerza aquí, que hemos tirado más de 2.000 tiros». «En Salinas, (plaza Martín de Salinas), hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio»»Aquí ha habido una masacre. Cambio. De acuerdo, de acuerdo. Pero de verdad, una masacre». A pesar de todo ello no se procesó, ni condenó a nadie. Ninguna de las reclamaciones o denuncias fueron atendidas. El Ministro de Gobernación, Manuel Fraga Iribarne era responsable de la «fuerzas del orden» en el momento que tuvo lugar ese crimen, aunque en ese momento se encontrara en Alemania. El día 6 de marzo, una vez que hubo regresado Fraga (el presidente del gobierno Arias Navarro le había dicho que no suspendiese su viaje), él, Martín Villa, Otero Novas, y José Antonio Zarzalejos, director general adjunto de Seguridad, fueron a Vitoria en helicóptero, para superar las barricadas. Dos ministros visitaron a los heridos por la violencia policial y tuvieron que escuchar insultos. En las protestas por la represión de Vitoria-Gasteiz, que se extendieron por el país los días siguientes, murieron dos personas más en Basauri y en Tarragona.

Una comisión del Parlamento Vasco consideró en 2008 responsables políticos de la matanza a los siguientes ministros del gobierno de Carlos Arias Navarro: Adolfo Suárez (Ministro-Secretario del Movimiento), que le correspondía ser «ministro de jornada» y cubrir las ausencias y asumir las responsabilidades de los ausentes, Rodolfo Martín Villa (Ministro de Relaciones Sindicales) y Alfonso Osorio (ministro de Presidencia). En octubre de 2011 la Interpol solicitó la detención preventiva con fines de extradición, y a instancias de la jueza argentina María Servini de Cubría, de varios implicados en la matanza. En el caso de Rodolfo Martín Villa, la magistrada considera que los delitos de éste y los del resto de imputados constituyen crímenes de lesa humanidad y sus responsables están sujetos a persecución a través del principio de jurisdicción universal. Servini sostiene que Martín Villa es «responsable de la represión» y que «los hechos de los que resulta responsable» son sancionables con las «penas de reclusión o prisión perpetua» por delito de homicidio con el agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas. La jueza imputa también responsabilidades a Alfonso Osorio, ministro de Presidencia, que «junto a Adolfo Suárez y Martín Villa decidió que el operativo fuese dirigido por un mando único para que coordinase y mandase a todas las fuerzas por orden público». Servini pide también la detención de Jesús Quintana, capitán de la Policía Armada al mando de las fuerzas que asaltaron el templo. A pesar de los esfuerzos de la jueza y de muchas otras personas comprometidas con el principio de justicia universal y con la memoria y reparación para las víctimas de la dictadura, el 13 de marzo 2015 el gobierno español denegó las extradiciones, amparándose en el principio de justicia preferente, «ya que los cargos de la dictadura reclamados por la Interpol están en España y los delitos hipotéticamente se cometieron aquí», argumentó el ministro de Justicia, actualmente en funciones, Rafael Catalá. El ministro también esgrimió la prescripción para no acceder a la petición de la jueza, que no es aplicable a crímenes de lesa humanidad. 40 años después persiste la impunidad, amparada, supuestamente, en una ley española de amnistía de 1977. Una ley por la que, Navanethem Pillay, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se dirigió  formalmente a España, el 10 de febrero de 2012, para solicitar su derogación, argumentando que incumplía la normativa internacional sobre Derechos Humanos.

Arnaldo Otegi mencionó los crímenes de Vitoria este 1 de marzo,  al salir de la cárcel, tras cumplir una condena de 6 años y medio por pertenencia a ETA junto al exsecretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga y otros. La sentencia del llamado «Caso Bateragune», de septiembre de 2011, se  apoyaba en la famosa doctrina de Baltasar Garzón basada en el concepto de una «ETA en sentido amplio», como un entramado que llega a todos los sitios, que fácilmente puede derivar en el principio de que «casi todo es ETA». Otegi, Díez y otros llevaban años tratando de reorganizar Batasuna, aprovechando su ascendente y carisma en el entorno abertzale, para reorientarla hacia la defensa las vías exclusivamente políticas. Parece que esto inquietaba en las esferas de poder y movieron sus peones. Hay muchos elementos para apuntar que fue una sentencia fundamentalmente política. El mismo año 2011 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de Otegi, cuando fue sentenciado a un año de prisión por un delito de injurias al Rey.  El dirigente de la izquierda abertzale se dio cuenta hace tiempo (probablemente una década o más) que el recurso del terrorismo es una vía muerta, y ha tratado de persuadir al entorno de la izquierda independentista alineado con la organización terrorista para que se moviera hacia planteamientos que descartaran el uso de la violencia. Un ejemplo es su apoyo y participación en la ponencia Argitzen de 2009, en la que se defendía que un proceso de acumulación de fuerzas más allá de la izquierda abertzale hacia el objetivo de la independencia era incompatible con la violencia de ETA, a diferencia de lo que defendían los alineados con las posiciones de ETA en Mugarri. Hay numerosas evidencias, a las que tuvo acceso la Inteligencia del Estado, que demostraban los desencuentros de Otegi con la línea que ETA pretendía imponer en la izquierda abertzale. Mientras, otros persistían con su tarea de adoctrinamiento de jóvenes, en muchos casos muy manipulables, para que ingresaran en ETA, introduciéndoles en círculos sociales muy cerrados y fanatizados donde se mueven los captadores de nuevos terroristas, e insuflándoles el odio necesario para que dieran el paso definitivo. Otegi llega también al convencimiento de que el objetivo principal de ETA no era otro que el de perpetuarse. En la década del 2000, las bases de apoyo social a ETA menguaban, mientras se sucedían las operaciones policiales contra ella, y eso reafirmaba a Otegi en su idea de que la estrategia terrorista era inmantenible.  Su convencimiento venía más por cuestiones tácticas y estratégicas o por sentido práctico que por convicciones éticas, o arrepentimiento, esto parece claro. Este perfil encajaba con su silencio cuando se producían atentados (que no es un delito per se) y con los homenajes y funerales en los que participaba para honrar a terroristas muertos. Había un cálculo político nada heroico en todo ello, relacionado seguramente con el propósito mantener cohesionados los distintos grupos, corrientes y movimientos vinculados con la izquierda independentista vasca.

Anteriormente, durante los llamados «años de plomo», en 1981, Otegi había pasado de ETA Político-Militar a ETA Militar, siguiendo un camino opuesto al que eligieron otros que apostaron por las vías pacíficas, y en el 87 fue detenido en Francia y extraditado a España. Entre otras acciones terroristas, en el 79 planificó y ejecutó el secuestro de Luis Abaitua, jefe de planta de Michelín en la misma convulsa Gasteiz, donde poco más de 3 años antes había tenido lugar la matanza de los trabajadores concentrados en una iglesia Zaramaga durante una jornada de huelga general masiva. Abaitua procedía de familia nacionalista, y su padre, del PNV, había sido fusilado por requetés carlistas aliados con Franco en nuestra guerra civil.  A su hijo se le acusaba de algo así como de ser «un enemigo de la clase obrera al servicio de la burguesía». Fue un secuestro breve, pero escalofriante. Le obligaron a «jugar» a la ruleta rusa y a apuntarse con una pistola. A Abaitua, que fue liberado otro 1 de marzo, esos 10 días le marcaron para el resto de su vida. No parece, que Otegi, por tanto, pese a su importante contribución al fin de la actividad terrorista de ETA, pueda ser considerado un referente moral. Tiene una formación intelectual y un talento político indiscutibles, y probablemente puede seguir contribuyendo a  conseguir la disolución definitiva de ETA, pero no parece razonable, ni justo, ni atinado, que Otegi juegue ahora un papel principal en la política vasca, y menos que se dé por hecho su candidatura a lehendakari en las próximas elecciones vascas. Es difícil  el creer que no existan personas en Bildu y en la izquierda abertzale en general, con el suficiente talento, liderazgo, formación, experiencia y sin el pasado que arrastra Otegi, para ser candidat@s a lehendakari. Las prioridades, las demandas de buena parte de la sociedad vasca y también de la española en general parecen haber cambiado en los últimos años, como muestran bien a las claras las últimas citas electorales. Siendo cierto que hay una clara mayoría en Euskadi y Cataluña a favor del derecho a decidir, no parece que el objetivo de crear dos estados independientes sea una prioridad, y mucho menos un deseo compartido por la mayoría de los catalanes y vascos. Una buena parte del cuerpo social aspira a una regeneración significativa y verificable de las instituciones, una profundización en los mecanismos democráticos y participativos, y unos gobiernos cuya agenda esté verdaderamente centrada en defender los intereses de la mayoría social. La izquierda abertzale, y Otegi en particular parecen conscientes de ello, y tratan de maniobrar, de adaptar el mensaje y los gestos a esta realidad, para conseguir una hegemonía política y social, que pondrán al servicio al mismo objetivo irrenunciable de siempre: la independencia. La apuesta, hoja de ruta, y estrategia de la izquierda abertzale, no parece que admitan rectificaciones, en el sentido de priorizar en el corto o medio plazo otros objetivos relacionados con la demandas sociales, o plantearse alianzas con fuerzas transformadoras y de izquierda no nacionalista para avanzar en dichos fines.

En esos mismos años de plomo, en los que ETA golpeaba continuamente, las fuerzas de seguridad se veían incapaces de debilitar la estructura de la organización, y algunos, en el gobierno y en las fuerzas de seguridad del Estado, decidieron que era necesario tomar un atajo sangriento y que negaba el Estado de Derecho mismo. La justificación residía en que era necesario actuar fuera de la ley en Francia y en España, teniendo en cuenta la «no del todo satisfactoria» cooperación francesa  para hacer frente a una ETA cuya cúpula y estructura residía en el país vecino. Con estas acciones terroristas se pretendía, supuestamente, que el gobierno francés se implicara más en lucha antiterrorista. De ahí surgen las siglas GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), y el rastro de sangre, torturas, corrupción, venganza, intensificación de la espiral de odio, cal viva y corrupción económica que le acompaña. El tiempo parece haber mitigado algo la polarización y enfrentamiento que provocaba este tema, pero, en cualquier caso, quizá no debieran ser necesarios acalorados debates de investidura para que salieran a la luz  casos como el de Juan Carlos García Goena, objetor de conciencia que huyó a Francia, asesinado en 1987, Segundo Marey, viajante y comercial de mobiliario y material de oficina francés, hijo de exiliado español del 36, que se consideraba un «muerto en vida» tras su secuestro de 10 días, (como el del desdichado Luis Abaitua), Santi Brouard, dirigente de Herri Batasuna asesinado en 1984, los etarras Lasa y Zabala, salvajamente torturados, ejecutados y enterrados en cal viva en 1983 en Busot (Alicante), y otros ciudadanos franceses también asesinados sin ninguna vinculación con ETA. Todos ellos fueron víctimas de un GAL, que como claramente dicen las distintas sentencias, tuvo que ser necesariamente creado, financiado y organizado desde el poder, concretamente por el gobierno español del PSOE que por entonces presidía Felipe González. La visita a la cárcel de Guadalajara en 1998 del Sr. González, para arropar  el Sr. Barrionuevo, Rafael Vera o Julián Sancristóbal, todos ellos condenados a 10 años por el secuestro de Segundo Marey, dan buena cuenta de la infamia. La foto se completa con los escasos meses que los convictos pasaron en la cárcel. Julen Elgorriaga (exgobernador civil), el general Rodríguez-Galindo, y los guardias civiles Felipe Bayo, Enrique Dorado y Ángel Vaquero  fueron condenados en abril de 2000 a más de 70 años por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, de las cuales cumplieron una mínima parte (no llegó al 10%) para escarnio de cualquiera persona que crea en el Estado de Derecho.  En el PSOE apenas queda en activo nadie ya que jugara un papel relevante en esos años, por eso es aún más inconcebible que en todo este tiempo, el partido como organización no haya pedido perdón a las víctimas, ni reconocido y condenado que un gobierno de un país democrático optara por practicar el terrorismo de Estado. También indigna y entristece que hoy en día mucha gente relativice la relevancia de estos crímenes o incluso los justifique, por el contexto en el que se produjeron, o por su afinidad política con quienes lo perpetraron  quizá también. Han pasado ya más de 3 décadas, vivimos un tiempo con ETA desactivada, y en el que parece imponerse la necesidad de la regeneración de las instituciones y un cambio en la manera de hacer política que favorezca a una mayoría social. ¿Qué mejor momento, con la distancia que da el tiempo, para que oficial y solemnemente se reconozca la responsabilidad del gobierno de entonces en estos y otros crímenes execrables, planificados y ejecutados desde los aparatos del Estado, se condenen se pida perdón y se repare a las víctimas, en la medida de lo posible, y se pongan los medios para que nada parecido vuelva a ocurrir?

Es evidente, que quedan retratados los que califican a Otegi como terrorista, y, al mismo tiempo, corren un tupido velo sobre el historial represivo de exministros del franquismo como Manuel Fraga (el de la calle es mía), y destacan  «su evolución hacia posiciones democráticas», a pesar de que jamás mostraron el más mínimo arrepentimiento, ni la más mínima intención de pedir perdón por las víctimas que fueron consecuencia directa de sus acciones como en el caso de Vitoria, o por la represión generalizada perpetrada por el régimen, del que formaron parte destacada. Lo mismo se puede decir de los que los siguen escurriendo bulto, rasgándose las vestiduras, defendiendo o mostrando incomodidad, cuando salen a colación los crímenes del GAL, y las responsabilidades en ellos de las más altas instancias políticas, incluido el Sr. González, que presidía el gobierno y tuvo necesariamente que autorizar su creación y todas sus acciones terroristas. Las dobles o triples varas de medir, el relativismo moral, la desmemoria, no hacer honor a la verdad, manipularla burdamente y ocultar hechos incuestionables, nos empobrecen, nos impiden cerrar heridas y avanzar hacia una sociedad más humana y más justa.

[Artículo publicado en el blog Cajón de sastre]