La arqueología, por los suelos

Reportaje publicado en el número de febrero de La Marea, que puedes adquirir en quioscos y en nuestra tienda virtual

Los restos arqueológicos de La Orden-Seminario, el yacimiento que situaría a Huelva como la ciudad más antigua de Occidente, han terminado en las obras de construcción de la estación del AVE. Los hechos, en manos de la Fiscalía, han generado la indignación en cascada de los responsables políticos, que en un principio responsabilizan de la barbaridad a Bekinsa, la empresa propietaria de las parcelas expoliadas. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿De quién es la culpa? ¿Se trata de una imprudencia puntual o es algo generalizado? En resumen: ¿Cuida España su patrimonio?

El arqueólogo Luis Alberto Ruiz Cabrero, del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos y profesor de la Universidad Complutense, es rotundo: no. «Yo dejé de excavar hace tiempo en España porque si no, me hubiera salido una úlcera«, afirma. Y pone ejemplos que avalan su tesis: «En Huelva, en las excavaciones que se hicieron en el puerto, metieron las palas y echaron el material a los vertederos de fosfatos. Y no pasó nada. El proyecto del parque Moret coincide con una excavación de urgencia en La Joya porque se iba a construir un centro sanitario y no aparece nada. Pero sí lo hace un jarro tartésico en una subasta en EEUU. Se está expoliando Huelva y no pasa nada».

El profesor recupera otros casos de la geografía española: «El AVE en Córdoba hizo estragos, se pasaron los estudios por el arco. En San Martín de Valdeiglesias (Madrid) hay una fila de adosados rellenos también con un yacimiento de tipo celtibérico. Nos estamos llevando las manos a la cabeza con la destrucción del patrimonio por parte del ISIS y aquí, con una ley de patrimonio estatal y otra por cada comunidad autónoma, se está haciendo lo mismo. Siempre se echa la culpa a las constructoras o a los ayuntamientos, pero es la comunidad la que tiene que dar los permisos de excavación permanente», argumenta.

Zona afectada en el yacimiento onubense.

Ruiz Cabrero compara su trabajo en los Castillejos de Alcorrín, en Málaga, con su experiencia en Roma: «Allí, además de los inspectores pertinentes, que pasan todos los días, hay un comité de expertos que evalúa cada detalle propuesto y sus resultados. En Andalucía pasa un inspector para levantar el acta de inicio y al final, y en Madrid es peor todavía», añade. «Si avanzar es construir, que les hagan una voladura controlada a los yacimientos y se acabó, pero ver estas cosas y que no pase nada… son expolios casi institucionales», concluye.

En la lista roja que elabora la asociación Hispania Nostra, hay 30 yacimientos o conjuntos arqueológicos en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. El Mausoleo hispano-romano de Las Vegas de San Antonio, en Castilla-La Mancha, ha sido uno de los últimos incluidos. Declarado Bien de Interés Cultural en 2008, está abandonado y repleto de basura, alerta la asociación.

La arqueóloga y codirectora de La Orden-Seminario, Alexia Echevarría, habla con pasión del yacimiento: «Es una maravilla, cambia la historia de Huelva y de Andalucía. Las estructuras se distinguen del sustrato amarillento por su coloración rojiza y engloban un arco cronológico que va desde neolítico final hasta época contemporánea sin interrupción». Echevarría no da crédito a lo ocurrido: «¡Se ha cogido esa tierra para una estación que no va a llegar en años! Pero si tú no puedes cambiar una ventana sin que tengas a la media hora un policía en tu puerta…«.

Según denuncia, el yacimiento ya se había visto amenazado con la apertura de unos agujeros para la colocación de un mercadillo. «Es falta de conciencia, de educación. Muchas veces se entienden las intervenciones arqueológicas como una ruina, como que paran las obras. Y no sólo no es así sino que además pueden ser rentables», explica. Y lo ilustra con el caso de la Sinagoga del Agua, en Úbeda (Jaén): en un solar privado, un señor se pone a construir un edificio y encuentra una sinagoga. «Llama a un equipo de la Universidad de Huelva, lo pone en valor y ahora lo está explotando de manera privada».

Tras la burbuja inmobiliaria

El fin del boom inmobiliario llevó al sector a una situación bastante precaria. Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre 2009 y 2013 el número de puestos de trabajo relacionados con la arqueología se redujo en España un 66% (de 2.358 trabajadores a 796) y cerraron el 42% de las empresas. Echevarría ahora está en paro. Cuenta que en su empresa había casi 60 personas trabajando, y ahora el negocio sobrevive con los dos socios y una administrativa. «¿La situación de la arqueología está mal? No, lo siguiente. Los equipos son muy reducidos, las condiciones son malas, tienes que hacer números porque encima puede que trabajar te cueste dinero», lamenta.

La arqueóloga sevillana Elena Vera también coincide en ese aspecto: dio de baja a su empresa a principios de 2013 porque a ella y a sus compañeras les era más rentable trabajar por su cuenta. Asegura que el trabajo está más reñido y los precios por los suelos: «De cinco presupuestos que presentas te dan uno».

Desde la Junta afirman que el sector ha empezado ya a remontar: «Se ha producido un aumento significativo del número de actividades arqueológicas autorizadas durante el pasado año en Andalucía: de 576 en 2014 a 690 en 2015».

El papel de los ayuntamientos

Francisco Melero, que ha estado trabajando en yacimientos tan importantes como el de Medina Azahara, en Córdoba, insiste en que la arqueología no tiene que ir vinculada a la construcción y sitúa los ayuntamientos como piezas claves para la conservación del patrimonio: «En Cártama hicimos un descubrimiento en 2005 en el casco urbano y, en vez de taparlo, el Ayuntamiento comenzó a comprar inmuebles alrededor para hacer un parque arqueológico». El problema, desde su punto de vista, es que para las administraciones, la arqueología aún no está madura: «Igual que hay un arquitecto en un ayuntamiento, tiene que haber un arqueólogo. Porque al haber una planificación, las cosas no son tan dramáticas».

Del centenar de pueblos de Málaga, sólo cinco disponen de arqueólogos municipales, según Ildefonso Navarro, que trabaja en Estepona. «Aquí hemos tenido controlados los yacimientos y se están haciendo proyectos municipales interesantes. Por ejemplo, una parcela destinada a un centro hospitalario llevó su intervención arqueológica, o las 52 calles del casco histórico donde se puso un alcantarillado nuevo», sostiene. Navarro no entiende cómo en la Costa del Sol, con una densidad de yacimientos tan alta, no haya personal que vele por el patrimonio, siendo, además, una obligación. «Ha habido expolio«, advierte. Navarro cierra con otro ejemplo: «En Tarifa, con un yacimiento como el de Baelo Claudia, despidieron al arqueólogo. Inconcebible».