Libertad de expresión, un derecho despreciado en España

«Tus derechos peligran: son tratados con absoluto desprecio por muchos gobiernos del mundo”. Con estas palabras, el secretario general de Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty, ilustra el contenido del nuevo informe anual de la organización, el llamado «libro negro» que analiza la situación de los derechos humanos en el mundo. Y España es uno de esos gobiernos.

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, y la reciente reforma del Código Penal son dos de los ejemplos que la organización pone encima de la mesa para mostrar esa marcha atrás en materia de recorte de libertades y derechos fundamentales. Para AI, la Ley Mordaza supone «una limitación del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica», según el director de AI España, Esteban Beltrán. Por su parte, la reforma del Código Penal hace una «definición de terrorismo tan vaga que hasta el Relator Especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión alertó de que podría penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delitos de terrorismo». En ese sentido, Beltrán puso como ejemplo el reciente caso de los titiriteros en Madrid, lo que tildó de una limitación «absolutamente desproporcionada» de la libertad de expresión.

El informe también recoge «nuevos casos de malos tratos y un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía» durante el pasado año. Del mismo modo, critica duramente «el uso de la fuerza contra las personas que tratan de llegar a España de manera irregular en Ceuta y Melilla». También pone énfasis en la necesidad de adoptar una «política estatal de vivienda» con un enfoque de derechos especialmente centrada en las personas en situación de especial vulnerabilidad. Y critica, igualmente, la legislación aprobada en septiembre que obliga a las menores de 18 años y a las mujeres con discapacidad intelectual a obtener el consentimiento de su padre, madre o tutor para abortar de manera segura y legal.

Un asalto global

En el acto de presentación del informe participaron, además de Beltrán, el presidente de AI Españan, Alfonso Sánchez, Joanne Mariner, investigadora de la organización y especialista en República Centroafricana y Boko Haram, y Richard Nimbona, activista por los derechos humanos en Burundi. Juntos analizaron el contenido de un documento de más de 400 páginas en el que AI señala directamente a los gobiernos que han infringido el derecho internacional y están debilitando «de manera intencionada» las instituciones destinadas a proteger los derechos humanos. En total, el informe analiza la situación de 160 estados. De ellos, 122 ejercieron la tortura, 113 recortaron la libertad de expresión y 30 obligaron de forma ilegal a retornar a refugiados a países en los que corrían peligro. Además, en 61 países se encarceló a presos de conciencia, el 55% de los países celebraron «juicios injustos» y en otros 19 se produjeron graves crímenes de guerra.

«El mundo está sufriendo un asalto global a los derechos humanos y libertades fundamentales», subrayó Alfonso Sánchez. «El sistema de protección de estos derechos está en peligro de desmoronarse, bien por el ataque deliberado de los gobiernos o bien por el abandono de las instituciones encargadas de velar por ellos». Sánchez hizo especial hincapié en la situación de los refugiados sirios, que definió como «la peor crisis humanitaria desde la II Guerra Mundial, ante la que los líderes mundiales han respondido con inacción o incluso tomando medidas que agravan aún más el problema».

«Este informe recoge mucho dolor», resumió Beltrán. «Dolor que sufren millones de personas a manos de estados y grupos armados, mientras los gobiernos califican sin ningún pudor la protección de los derechos humanos como una amenaza para la seguridad, un problema de orden público o algo incompatible con los valores del país», enfatizó.

El doble rasero en política exterior

Según el informe, la posición de España en el ámbito internacional responde a una política de doble rasero. «Por un lado se hacen cosas positivas, como pedir a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que se autolimiten en el uso del veto, participar en la adopción de resoluciones como la 2242 sobre mujeres, paz y seguridad o demandar un mayor seguimiento e implementación de las recomendaciones de derechos humanos de los mecanismos de Naciones Unidas», enumeró Beltrán. «Pero por el otro, España ha llevado a cabo reformas legislativas contrarias al derecho internacional y ha hecho oídos sordos a las recomendaciones de organismos como el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas».

AI ejemplifica esas actitudes en políticas concretas llevadas a cabo por el Gobierno español, como la «legalización de la expulsión sumaria de personas migrantes, no haber regulado el delito de tortura ni de desaparición forzada de personas, tal y como establecen los estándares internacionales, o haber dejado sin asistencia sanitaria a 750.000 migrantes en situación irregular».