El nuevo tribunal del TTIP también favorece a las transnacionales

El tratado transatlántico sigue amenazando la soberanía de los países a la hora de desarrollar políticas públicas. La oposición en toda europa al mecanismo ISDS, que se incluía en el tratado TTIP y que permite que tribunales privados juzguen a Estados en conflicto con empresas transnacionales, llevó a la Comisión Europea (CE) a cambiarlo por otro, el ICS. De este modo, se implantaría una corte pública.

La Unión Europea y EEUU llevan tres años negociando un tratado para crear una gran área de libre comercio, conocido como TTIP por sus siglas en inglés. Si se llega a un acuerdo -la ambición es cerrarlo a finales de este año- el acuerdo necesitará la aprobación del Parlamento Europeo, así como de parlamentos nacionales. En algunos países el rechazo a estos tribunales privados de arbitraje es muy fuerte.

Sin embargo, el cambio no satisface a las organizaciones civiles europeas. Las razones las desgrana Ecologistas en Acción en un completo informe que se presenta este miércoles y que concluye que, en esencia, el mecanismo ICS es tan dañino para las decisiones democráticas de los Estado como el ISDS.

Luis Rico, coordinador de la campaña de Ecologistas en Acción contra los tratados de inversión, no duda en calificar el cambio de “intento de maquillaje” del ISDS. “Hay pequeñas mejoras pero los principales problemas siguen ahí. Toda decisión que tome un gobierno para proteger a su población es susceptible de recibir demandas”, explica. No en vano, los ecologistas han rebautizado al ICS como el “ISDS zombi”.

Entre los ejemplos de cómo funcionan estos mecanismos, destaca el de la firma TransCanada, que el mes pasado anunció una demanda de 15.000 millones de dólares contra EEUU por rechazar un proyecto de oleoducto que uniría Canadá con el Golfo de México. Con la llegada del TTIP, cifra Rico, 51.000 empresas podrían demandar a 28 países. La llegada del tratado transatlántico con EEUU se sumaría a los más de 70 que tiene firmados España, casi todos con países del sur para proteger sus inversiones. “De hecho, las empresas españolas tienen demandas sobre Venezuela, Argentina o Sudáfrica, entre otros países”, añade Rico.

En el informe, Ecologistas en Acción ha destacado varias conclusiones clave, entre ellas que el número de casos entre inversores y Estados ha crecido “de manera exponencial” en las últimas dos décadas (de tres casos conocidos en 1995 a 700 en 2016). En este tiempo ha habido varios ejemplos de demandas mil millonarias por daños a beneficios corporativos a causa de medidas legislativas de interés público.