Rescatar personas

El 15-M verbalizó una idea imprecisa, pero generalizada: la gestión de la crisis que inició el PSOE y profundizó el PP suponía un claro proceso de socialización de pérdidas. Quienes más se beneficiaron del temerario y miope modelo de crecimiento evaden la factura de sus excesos e irresponsabilidades y se la imponen al conjunto de la sociedad, siendo los colectivos más vulnerables los más castigados. El principio de socialización de pérdidas se blinda constitucionalmente con la reforma del artículo 135 de la Constitución y se explicita de forma descarnada en el binomio rescates bancarios vs. recortes de servicios públicos esenciales. ¿Rescatar entidades financieras con el dinero ahorrado gracias al cierre de quirófanos o al despido de profesores? La lógica del asunto queda al descubierto y resulta socialmente insoportable. «Vuestras crisis no las pagamos», sentenciaba una histórica pancarta desplegada en la Puerta del Sol.

El rechazo a la socialización de las pérdidas y la idea de que el uso prioritario de los recursos públicos es garantizar derechos básicos da a luz una afortunada consigna política: rescatar a la ciudadanía.

La generalización de la fórmula de rescate ciudadano como plan de choque contra la exclusión y la pobreza es paralela al terremoto político que supone la irrupción de Podemos. Si el 15-M verbaliza el consenso social, este segundo hito lo introduce en el ámbito de la política institucional. El partido usa profusamente la expresión casi desde su nacimiento y termina articulando buena parte de sus programas en torno a ella.

En la campaña de las elecciones generales, Podemos difundió su Plan de Rescate Ciudadano, seleccionando las medidas de su programa que constituirían la hoja de ruta durante sus hipotéticos primeros cien días de gobierno. Las medidas incluidas se corresponden en realidad con temáticas muy variadas, y entre ellas se encuentra el llamado Plan 25 de Emergencia Ciudadana, que ya sí responde a lo que se espera de un plan de estas características. Incluye algunas de sus propuestas más conocidas: subida del salario mínimo, plan de renta garantizada y complemento salarial, dación en pago retroactiva, prohibición de desalojos forzosos sin alternativa habitacional y garantía de suministros energéticos básicos. Pero también otras menos publicitadas, como la reestructuración de deuda hipotecaria familiar bajo requisitos sociales. Este Plan 25 puede considerarse embrión de la recién presentada Ley 25 de Emergencia Social, que se limita a tres ámbitos: salud (acceso universal y eliminación de copago farmacéutico), vivienda (prohibición de desalojos sin alternativa, paralización de desahucios y garantía habitacional para víctimas de violencia machista) y pobreza energética (consumo mínimo vital de electricidad y gas). De manera sorprendente, Podemos defiende públicamente que la puesta en marcha de esta ley no costaría «ni un euro».

La candidatura de IU-UP articuló gran parte de sus propuestas socieconómicas para el 20-D bajo el rótulo de Plan de Emergencia Social. Alberto Garzón defendió la necesidad y la viabilidad financiera de 11 medidas de urgencia entre las que destaca su Plan de Trabajo Garantizado, que generaría un millón de empleos. Además, el Plan se completa con propuestas sobre renta y salario mínimos, pensiones, pobreza energética, vivienda o igualdad. Sus estimaciones cifran las personas beneficiadas en 16 millones, con un coste que desglosan por medidas y suma un monto total de 52.000 millones, magnitud razonable para un plan de emergencia básico. Su financiación se fía a una optimista reforma fiscal que, en todo caso, no daría frutos en el plazo de aplicación previsto para el plan.

Pasó el 20-D pero los rescates ciudadanos no se quedaron en los programas electorales: ahora forman parte de negociaciones clave para la formación de gobiernos y son la base de propuestas legislativas que ya se están presentando. Además de la mencionada Ley 25 de Podemos, las 35 medidas del Plan de Choque Social pactado por la CUP y Junts pel Sí (presupuestado en 270 millones de euros) y las recientes propuestas legislativas del PSOE son buena prueba de ello

«Vuestras crisis no las pagamos», ya se escucha en las instituciones. Pero terminado el tiempo de las campañas comienza el de la gestión de los recursos públicos. Prioridades, plazos y fuentes de financiación, son temas fundamentales y aún por concretar. Comienza un tercer tiempo, difícil pero necesario en el proceso de dignificación de las condiciones de vida en este país.