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La Junta de Andalucía renuncia al chiringuito de Mónsul
La posibilidad de que se pusiera en marcha un negocio de estas características a escasos metros de la playa almeriense había generado una intensa polémica. El Tribunal Supremo continúa deliberando sobre el gran símbolo de la especulación inmobiliaria del Cabo de Gata, El Algarrobico.
Adiós al proyecto de chiringuito en la playa de Mónsul, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). La Junta de Andalucía ha rechazado el proyecto que pretendía licitar un bar en la emblemática playa virgen. La decisión llega apenas dos semanas después de que el delegado provincial de Medio Ambiente, Antonio Martínez, afirmara taxativamente que «bajo ningún concepto» estaba previsto realizar rectificación alguna en el proyecto. Ahora, el consejero, José Fiscal, ha anunciado exactamente lo contrario: la Junta renuncia definitivamente al proyecto «tras considerar que podría ser un elemento distorsionador de los valores naturales de esta playa virgen».
La posibilidad de que se pusiera en marcha un negocio de estas características a escasos metros de la playa había generado una intensa polémica y dado el salto a los medios de comunicación, especialmente a raíz de la recogida de firmas que se puso en marcha en la web change.org, donde recabó más de 38.000 apoyos. Los responsables de la petición aseguraban que el chiringuito no era «necesario ni justificable».
La petición en Internet partía, según los ecologistas, de un pequeño malentendido que aclaran a La Marea. «No se trataba de construir un chiringuito, como mucha gente piensa y han dado a entender algunos medios, sino de aprovechar una equipación ya existente para darle ese uso», explica Marcos Diéguez, de Ecologistas en Acción Almería. «Hablamos de un antiguo cuartel de la Guardia Civil que se cedió a la Junta tras la declaración de Parque Natural. Fue restaurado y se distribuyó el espacio en tres zonas, en una de las cuales es donde se proponía crear el bar».
Pese a que la Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, así como Ecologistas en Acción, han aplaudido la decisión de la Junta, desde esta última organización se muestran a favor de darle un uso, «a ser posible público», a este espacio. «Existen una serie servicios necesarios que se podrían proporcionar: lo ideal sería una instalación fotovoltaica autónoma que sirviera de punto de información, acoger unos aseos públicos o vender artículos que puedan resultar útiles, como guías o mapas», explican. Todo, menos un bar. «Las consecuencias hubieran sido importantes, tanto o más que un restaurante: si empiezas a vender latas de cerveza, bolsas de patatas y bocadillos envueltos en papel albal, le estás sumando a la basura que lleva la gente con sus coches la que se puede producir allí. Por muy concienciados que estén los turistas, siempre hay viento y accidentes», subraya Diéguez.
La organización ecologista incide, asimismo, en su buena sintonía con el nuevo Gobierno de Níjar surgido de las últimas elecciones municipales, con el PSOE más un concejal de IU que, además, es concejal de Turismo. «La renovación del equipo municipal ha servido para que se produzca un significativo cambio en las relaciones», explica Diéguez. «Las viejas formas del ‘yo decido y yo hago’ han quedado un poco desfasadas: el presente nos exige mayor participación ciudadana».
El Algarrobico, a la espera
Por otra parte, el Tribunal Supremo continúa deliberando sobre el gran símbolo de la especulación inmobiliaria del Cabo de Gata, el hotel de El Algarrobico, en Carboneras. Los ecologistas esperan que los jueces sentencien que el suelo es no urbanizable de especial protección, lo que llevaría a una demolición inmediata que se lleva haciendo esperar diez largos años.
El hotel de El Algarrobico comenzó a construirse en 2003. En 2006 un juez ordenó paralizar cautelarmente la obra, en contra de la Junta de Andalucía, al entender que los daños serían irreparables y argumentar que el plan de obra era posterior a la Ley de Costas, de 1988, que prohíbe construir tan cerca de la playa. Una sección de la sala de lo contencioso de Granada dictaminó en 2012 que en ese terreno no se podía construir, pero dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentenció lo contrario. Ahora, el Tribunal Supremo debe decidir quién tiene razón, en un fallo que se está alargando más de lo esperado, dado que estaba previsto para la semana pasada.
