Amnistía Internacional exige que los cargos a los titiriteros sean retirados

MADRID// Amnistía Internacional (AI) ha emitido un comunicado en el que exige la retirada de todos los cargos a los titiriteros que representaron la obra satírica La bruja y don Cristóbal y que fueron acusados de «enaltecimiento del terrerosimo». La ONG asegura que, «según los estándares internacionales de derechos humanos, podría tratarse de una detención arbitraria por la definición tan amplia y vaga del terrorismo existente en el Código Penal».

Además, AI añade que, tras su puesta en libertad provisional este miércoles, «la exigencia de medidas cautelares como su comparecencia diaria en un juzgado o comisaría más cercana a su casa, la fijación de un domicilio, la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte, resulta injustificada».

La organización alerta de que este caso podría tratarse de uno de los ejemplos de cómo el Código Penal, cuya última reforma fue aprobada en 2015, «contiene una definición tan amplia y vaga sobre terrorismo que puede suponer un límite en el derecho a la libertad de expresión».

Esteban Beltrán, director de Amnistía España, ha declarado: “Una obra de teatro, por mucho que su contenido pueda parecer inadecuado, no representa un peligro para la seguridad. Sólo deberían sancionarse las expresiones que inciten directamente a la comisión de actos terroristas, tal y como han advertido diversos relatores de Naciones Unidas”. Beltrán ha añadido que ya “el Comité de Derechos Humanos instó a España a definir el delito de terrorismo de manera restrictiva y limitar su aplicación a comportamientos que revistiesen un carácter terrorista, para que no tengamos que ver como se limita el derecho a la libertad de expresión”.

Amnistía Internacional considera de extrema gravedad que el tipo penal del artículo 578 del Código Penal, que castiga el delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo, prescinda de la intencionalidad y el contexto. “Al prescindir del elemento de la intencionalidad esto puede suponer una limitación injustificada, desproporcionada, innecesaria e ilegítima del derecho a la libertad de expresión”, asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España.

Los dos titiriteros están acusados además de un delito regulado en el artículo 510 del Código Penal cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. En ese sentido, Amnistía Internacional también mostró su preocupación con anterioridad por el hecho de que en este artículo se incluyese la «incitación indirecta» al odio, hostilidad, discriminación o violencia, ya que tal y como está redactado, puede suponer una limitación injustificada al ejercicio de derechos humanos amparados por la normativa internacional como la libertad de expresión.