‘Un asunto tóxico’: la oscura trama de los contaminantes hormonales

Los envases de plástico como los tuppers, los utensilios de cocina, los pesticidas, los perfumes, la ropa o los componentes informáticos, entre otros muchos productos que nos rodean, tienen algo en común: los llamados contaminantes hormonales, también conocidos como disruptores hormonales, interruptores endocrinos o simplemente EDC (Endocrine Disrupting Chemicals).

Se trata de sustancias químicas capaces de alterar nuestro equilibrio hormonal, y a las que diversos estudios han señalado directamente como sospechosas de causar importantes daños a nuestra salud: desde pérdida de fertilidad o problemas en el desarrollo infantil a daños en el sistema inmune y neuronal, pasando por obesidad o cánceres en órganos dependientes de las hormonas, como testículos, ovarios, próstata y tiroides.

En cumplimiento del Reglamento de Biocidas, la Comisión Europea tendría que haber definido los criterios de identificación de los EDC en diciembre de 2013. Sin embargo, cualquier intento de regulación hubiera supuesto un importante contratiempo para los intereses económicos de varios sectores de la industria química. Es por ello que empresas, lobbistas y consultoras decidieron hacer un frente común para presionar y conseguir bloquear la regulación de estas sustancias. Unas presiones que fueron destapadas por la periodista francesa Stéphane Horel en el informe Un asunto tóxico, cuya traducción al castellano será presentada este martes por la propia periodista en Madrid, en un acto que contará además con la presencia de cuatro diputados de Podemos, IU, UPyD y Compromís-Equo. El miércoles estará en Barcelona. Ambos encuentros están organizados por Ecologistas en Acción.

«Me empecé a interesar por el tema de los disruptores hormonales hace ahora diez años», recuerda Horel, sentada en el amplio salón de un céntrico hotel madrileño. «No podía entender cómo era posible que nadie hablara de ello: apenas encontré un artículo sobre el tema. Ahora se sabe algo más, pero desgraciadamente hay quien sigue pensando que es algo muy complicado de entender. La realidad es que no lo es: hablamos de sustancias químicas sobre cuya peligrosidad existe un amplio consenso científico», afirma.

Si hoy se habla más de los EDC es en parte gracias a trabajos como el suyo, que ponen sobre la mesa el funcionamiento de los lobbys y grupos de presión en las instituciones de la UE. Ella, por su parte, asegura que jamás se sintió presionada ni amenazada, y habla con los lobbistas con frecuencia. «Esa es mi manera de trabajar: tratar de entender a todas las partes. La función y la manera de funcionar de los lobbys tiene poco que ver con lo que alguna gente piensa: están ahí, compartiendo espacio con los propios políticos, en una ciudad pequeña como es Bruselas. Su trabajo no tiene que ver con hacer cosas a escondidas, sino que es mucho más sutil: consiste en crear un ambiente favorable a sus intereses, de cara a que los políticos acaben votando lo que ellos quieren».

Una crisis democrática

«Es como una lucha de David contra Goliat: los representantes de las empresas son muy superiores en número, y eso hace que su influencia sea mucho mayor», apunta Horel. En ese sentido, la periodista cita como ejemplo los estudios pagados que la propia industria empezó a sacar a la palestra una vez el tema empezó a cobrar una dimensión pública. «En 2012 acudí a una conferencia sobre los EDC y me quedé sorprendida: la mitad del auditorio estaba conformado por lobbistas, que ya habían decidido pasar a la ofensiva». Una ofensiva que tenía y sigue teniendo un horizonte claro: la negociación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), que reduciría las asimetrías regulatorias entre EEUU y la UE.

Horel, que se reconoce poco optimista de cara al futuro de una regulación de los EDC, se encoje de hombros al ser preguntada por cuál debería ser la actitud de los consumidores ante una problemática de esta envergadura. «Estamos hablando, ante todo, de un problema político», subraya Horel, que se muestra convencida de que su informe supone un quebradero de cabeza mayor para la Comisión Europea que para los propios lobbys. «No se trata de algo que tenga que ver con nuestra manera de consumir, sino con una crisis democrática en toda regla, que responde al hecho constatado de que las instituciones europeas no defienden el interés de la gente. Este es un síntoma claro de que la UE no funciona», denuncia.