‘La bruja y don Cristóbal’ o la criminalización de la sátira

Dos miembros de la compañía Títeres desde abajo han ido a prisión preventiva acusados de enaltecimiento del terrorismo por interpretar una obra de teatro con muñecos en el carnaval de Madrid en la que un personaje sostiene una pancarta en la que se lee “Gora Alka-ETA”. El mensaje se encuadra dentro del argumento de la obra La bruja y don Cristóbal, gestada a medias en Barcelona y Granada a finales del año pasado, que pretende denunciar, precisamente, el uso de la amenaza terrorista para criminalizar, bajo acusaciones falsas, a elementos disidentes.

El juez guardia de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, mezcla en su auto la escenificación de acciones violentas durante la obra, representada ante un público infantil, con un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. El magistrado llega a narrar cómo algunos padres se llevaron a sus hijos, escandalizados, al ver la pancarta que un policía coloca junto a una persona para poder culparle de terrorista. El juez instructor llega a afirmar que la exhibición del cartel en el contexto de la obra “constituye un delito de Terrorismo, pues tal hecho supone enaltecer o justificar públicamente los delitos terroristas cometidos no sólo por la organización terrorista ETA sino también por AL-QAEDA”.

Los hechos han provocado un intenso debate social al calor del revuelo mediático y han desencadenado airadas reacciones en formaciones como el PP, que ha llegado a denunciar a la delegada de Cultura, Celia Mayer, por «colaboración en enaltecimiento del terrorismo». Los conservadores van con todo: el secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, Iñaki Oyarzábal, ha acusado al gobierno de Madrid de usar las competencias municipales de cultura de una manera “sectaria” con una “clara pretensión adoctrinadora”.

La AVT, la organización de víctimas del terrorismo afín al PP, también ha anunciado una querella contra Mayer, Manuela Carmena -que ha pedido perdón a los padres de los niños y ha calificado la obra como violenta y deleznable- y los dos titiriteros. La asociación considera lo ocurrido «una clara ofensa grave a la memoria de las víctimas del terrorismo, un acto de humillación y menosprecio en el que se trivializa el uso de la violencia”. El revuelo judicial ha estado acompañado por el mediático. Los principales diarios y televisiones se han hecho rápidamente eco de las versiones de algunos padres y han asegurado en un primer momento que los organizadores habían desplegado una pancarta en la que se leía “Gora ETA”.

En el escrito de defensa de los abogados de los dos titiriteros, estos argumentan que ambos imputados “negaron en todo momento que la obra se dirigiera a un público infantil” y, “al principio de la obra, advirtieron al público concurrente de la existencia de escenas violentas”. En cuanto a la acusación de enaltecimiento, los letrados señalan que “tan grave imputación requeriría un análisis algo más profundo respecto del papel que la referida pancarta juega en la obra de teatro”, no existe un fin laudatorio y se trata de un grupo terrorista ficticio enmarcado en una obra de teatro, producto de juntar las denominaciones Al-Qaeda y ETA.

La abogada Isabel Elbal no duda en tachar este caso de “censura con mayúscula” y compara la instrucción del juez Moreno con la jurisprudencia franquista. “Tener que entrar a defender la sátira es tener que entrar a defender lo básico”, lamenta, y pone énfasis en el delito de enaltecimiento: “Es un delito de opinión que hay que suprimir del código penal”. “La apología es una provocación directa a delinquir o un ánimo directo a que se apoyen los actos terroristas, mientras que el enaltecimiento puede englobar cualquier manifestación de la opinión”, explica. Tampoco se ha tenido en cuenta el contexto externo -el Carnaval- y el interno -el propio papel de la pancarta en el argumento de la obra-. Elbal sólo ve un error por parte del Ayuntamiento, ni mucho menos un delito.

Pese a que esta detención, según alertan varios abogados, puede sentar un precedente peligroso, sobre todo en términos de autocensura, no muchas voces del mundo de la cultura se han alzado, de momento, para defender a los titiriteros presos. Uno de los que sí lo ha hecho ha sido Alberto San Juan. El actor ha mostrado su solidaridad con los artistas y ha asegurado que considera “muy grave” su encarcelamiento. “Una cosa es hacer algo políticamente incorrecto delante de niños, que es cuestionable, y otra es que una persona pueda terminar en la cárcel por algo así”, ha añadido. Por su parte el actor Juan Diego Botto saludó, en la gala de los Goya, a los detenidos con un “buenas noches, amigos titiriteros”.