La igualdad y el acceso a la discapacidad serán claves para recibir ayudas en el cine andaluz

Promover la igualdad de género, potenciar la alfabetización cinematográfica en las escuelas y establecer el principio de no discriminación por razón de discapacidad. Son las tres patas sociales sobre las que se asentará la futura ley del cine andaluz, cuyo anteproyecto fue aprobado este martes por el Consejo de Gobierno.

El texto, que ha contado con la participación y el consenso de todo el sector, acuerda un marco jurídico regulador de la actividad cinematográfica y de la producción audiovisual desarrollada en la comunidad que, como aseguró en declaraciones a los periodistas el productor Gervasio Iglesias, impide que el tratamiento dependa de los gobiernos de turno.

Entre las medidas de género, el anteproyecto, que incide en la necesidad de incrementar la presencia activa de mujeres en la industria, prevé la inclusión de una calificación específica para las obras que promuevan la igualdad y, en el otro extremo, la retirada del apoyo a aquellas cuyos contenidos promuevan estereotipos o valores sexistas, o que supongan una vulneración de la normativa vigente. La igualdad también será un criterio común para evaluar actuaciones o proyectos y un criterio objetivo de ponderación de las ayudas al desarrollo y producción de obras.

En el terreno de la alfabetización, la norma promoverá en las escuelas y en el entorno educativo no sólo el acceso a la cultura cinematográfica, sino su comprensión. “Es tarea importante que debe afrontarse con la complicidad de las autoridades públicas competentes en el ámbito audiovisual y en el educativo, y con la implicación directa y activa tanto de los educadores como de la industria cinematográfica”, destaca la exposición de motivos. Así, podrá establecer o incentivar programas de difusión y formación cinematográfica, incluida la formación de profesorado, y acciones divulgativas en favor del respeto a los derechos de la propiedad intelectual. Además, se potenciará un plan de formación específico para la elaboración de contenidos con perspectiva de género que transmitan o promuevan valores y comportamientos igualitarios.

La norma también velará por la superación de toda discriminación negativa, en particular por razón de discapacidad, tanto en el seno de la industria cinematográfica y de la producción audiovisual, como en el acceso ciudadano a esta manifestación de la cultura. La valoración de actuaciones que incluyan la perspectiva de discapacidad también será un criterio común de evaluación. Entre los criterios específicos de ponderación de las ayudas deberá tenerse en cuenta la adopción de medidas que faciliten el acceso a las películas para las personas con discapacidad.

Además, la concesión de incentivos a la reconversión y mejora de salas de cine deberá atender a la incorporación de sistemas que faciliten el acceso a estas personas y podrán establecerse ayudas a la incorporación de sistemas de audio descripción y de sistemas especiales de subtitulación. Las salas de cine de nueva creación tendrán que reservar un mínimo del 3% de sus localidades, con un mínimo de dos, para su uso por espectadores en silla de ruedas o con algún tipo de discapacidad física que les impida sentarse en las butacas. La persona con discapacidad tendrá derecho a adquirir conjuntamente con su localidad, otra más próxima que posibilite su asistencia por la persona que pudiera acompañarle.

Una estrategia y una cartera única

La ley pondrá en marcha una estrategia para coordinar las políticas públicas, con una vigencia de seis años; una cartera única de recursos de financiación, que se nutrirá sobre todo de los presupuestos autonómicos, del Fondo de Apoyo a las Pymes Culturales y de los fondos estatales para el cine cuya gestión corresponda a la Junta; y un Consejo Asesor de Cinematografía, un órgano consultivo en el que participarán profesionales de reconocido prestigio.

Inspirada en algunas leyes de estados federales de Alemania y en los textos legislativos de Dinamarca e Irlanda, tiene en cuenta la normativa comunitaria reguladora de ayudas a la cinematografía. En Andalucía, la actividad genera más de 7.000 empleos y cuenta con más de 1.500 empresas. Según explicó la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, en marzo saldrá la orden de ayudas al sector, con una dotación de 2,1 millones. “El cine andaluz necesita y merece esta ley para desarrollar todo su potencial, su talento y creatividad, para seguir generando empleo e impulsar el desarrollo económico en nuestra comunidad”, destacó. Un ejemplo: “Cuando se estaba rodando Juego de Tronos, aumentó un 107% la demanda de avión para Sevilla”, especificó Aguilar.