Ecuador, ¿fin de ciclo o punto de inflexión?

Gorka Martija* // América Latina se encuentra en convulsión. El debate teórico, cada vez más presente en el último tiempo, sobre la existencia o no de un “fin de ciclo” que marcaría una quiebra en el ascenso y hegemonía de los gobiernos progresistas de la región, se ha visto agudizado por el jarro de agua fría, nada teórico y dramáticamente real, de las recientes derrotas electorales en Argentina y Venezuela. Al mismo tiempo, gobiernos como el ecuatoriano o el boliviano mantienen todavía altos índices de aceptación popular, si bien es cierto que con un notable grado de confrontación con parte del movimiento social de ambos países.

Aprovechando su presencia en Bilbao, conversamos sobre toda esta coyuntura con Magdalena León: economista, destacada participante en el movimiento feminista en América Latina, forma parte de la Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía (REMTE) y de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social (FEDAEPS).

¿Señalan las dificultades que atraviesan actualmente los gobiernos progresistas latinoamericanos la existencia de un punto de no retorno, caminando hacia una pérdida del poder político por parte de la izquierda en los distintos países de la región en lo que llamaríamos un “fin de ciclo”?

Si bien se debate mucho en torno al “fin de ciclo”, abandonemos esa idea. Lo que ahora se refleja es un momento de condiciones adversas que vienen del acumulado del desgaste político de ser gobierno en los términos y condiciones de la democracia electoral. Estas adversidades ponen a prueba la apuesta de los gobiernos latinoamericanos de cambio: disputar políticamente en el marco de la democracia liberal, tratando de resignificar y de transformar sin subvertir a fondo un escenario social, político y económico dado. Y ahora se ve que eso tiene un costo, porque la derecha está ahí y se recompone, internacional y nacionalmente, incluyendo un elemento no previsto, que es su apuesta por disputar ideológicamente al propio proyecto de cambio algunos de sus postulados y símbolos. Es decir, estamos en un momento difícil, pero se ha de entender que un proyecto de cambio de esta naturaleza tiene que funcionar con altos y bajos, e interpela a un tipo de alianza popular que tiene que funcionar en las buenas y en las malas.

En el despliegue del ciclo progresista latinoamericano ha tenido un peso fundamental la dimensión regional y la proyección de los distintos proyectos de integración surgidos en la primera década del siglo XXI. ¿Cómo se ven afectados estos proyectos por la coyuntura adversa que has descrito anteriormente?

Las instancias de integración alternativa y su rol político se ven en este momento bloqueadas o desgastadas por la situación crítica. Por un lado, en términos económicos, hay herramientas y espacios que no fueron a la velocidad necesaria, como el Banco del Sur. Por otro, instancias políticas como UNASUR, que en un momento de mayor cohesión y convergencia de los gobiernos pudieron entrar en juego y cumplir ese rol político, ahora se ven debilitadas y con menor capacidad para constituir espacios para dirimir conflictos. Las condiciones regionales debilitan ese matiz de soporte y apoyo al proyecto.

Uno de los elementos centrales de los gobiernos de cambio es la búsqueda de una sustantividad política propia para la región, priorizando las relaciones Sur-Sur y potenciando la salida del círculo vicioso de los acuerdos comerciales y de inversión con EEUU y la Unión Europea. En ese sentido, ¿por qué ha decidido el gobierno ecuatoriano apostar por el TLC con la UE?

Hay una coyuntura internacional que está ejerciendo una presión singular en el caso ecuatoriano, pues estamos dolarizados. En 2008, tras diez años de dolarización, cuando se dio la Asamblea Constituyente, estaba fuera de toda hipótesis que nos planteáramos la soberanía monetaria. Y es que, incluso en el imaginario de la gente, el dólar aparece como una moneda que ofrece estabilidad, seguridad, crecimiento, que nos proyecta de determinada manera en términos internacionales. En esos momentos la dolarización era bastante sostenible, dado auge de precios de las exportaciones, la existencia de una política soberana de recuperación de la renta, etc. Y porque el escenario financiero-monetario del mundo, o de la región al menos, se caracterizaba por una revalorización de las monedas nacionales. Es decir, había una cierta paridad con el dólar. Pero en los dos últimos años se ha precipitado, a propósito de la crisis, un cambio de ese escenario, fruto de la revaluación del dólar, y la consiguiente devaluación de todas las monedas en América Latina. Si ya antes ese era un punto vulnerable, esta presión ahora se vuelve inmediata, fortísima, porque se conjuga con el hecho de que, con un dólar fuerte, perdemos competitividad. Esto, que parecía un problema a ser resuelto a mediano plazo con una reducción del peso relativo de las exportaciones en nuestra economía, se torna una tarea mucho más dificultosa. Ese es el factor que precipita la suscripción del acuerdo con la UE. Porque es una condición tremenda, pero está dada: el imperativo es exportar más. No hay otra manera de garantizar ingresos y liquidez. Y no se han creado las condiciones para ir generando alternativas. Esto puede ser fruto de un descuido o una debilidad en la política económica. En los últimos dos años se puso énfasis en el cambio de matriz productiva, pero es un cambio de matriz que hereda mucho de lo anterior y que además tiene tiempos y ritmos que no pueden plasmarse aquí y ahora como hace falta.

En este contexto de reubicación estratégica de los gobiernos de cambio frente a una adversa coyuntura internacional, ¿crees que la actitud de estos frente a las empresas transnacionales, concretamente en el caso ecuatoriano, será también objeto de revisión y readecuación?

Va a ser un momento de prueba, porque el país necesita inversiones. Se están haciendo propuestas basadas en la renuncia fiscal, lo que, a su vez, debilita las fuentes de ingreso para redistribución. Sin embargo, hasta ahora el gobierno ha sido capaz de hacer frente a una situación de crisis que normalmente daría lugar a planes de ajuste, sin afectar la redistribución, garantizando salud y educación públicas, etc. Frente a las transnacionales es clave el grado de regulación que hayamos logrado establecer, y cuanta autoridad pueda tener el Estado para ejercer y reclamar soberanía. Yo lo vería como un tránsito de un escenario en el que se buscaba una salida de las transnacionales, a otro en el que se busca una presencia lo más controlada, con marcos regulatorios más claros. Y esto es por la coyuntura económica. Además, penden sobre nosotros varios procesos de arbitraje, como el ganado recientemente por la petrolera Oxy. Es un momento delicado, y precisamente por eso tenemos que apostar a fortalecer lo público, así como las capacidades y la imagen misma de los gobiernos. Y es que, a quien más le interesa erosionar el poder y la imagen de los gobiernos de cambio es a los poderes transnacionales.

Pese a la primacía que parecen adoptar en el seno de estos gobiernos los enfoques de resistencia frente a la coyuntura adversa, ¿en qué ámbitos consideras que se pueden abordar avances que permitan emprender dinámicas de contraofensiva y profundización en la ruptura de modelo?

Hay varias tareas pendientes que en su momento fueron visualizadas, pero a las que no se les dio la suficiente importancia. Por ejemplo, a partir de la diversidad económica, de la economía y de la producción realmente existente, generar actores económicos visibles y empoderarlos para que tengan una proyección también en la esfera política, ámbito donde la clase dominante se recompone. Porque de otra manera seguimos manejando esta sectorialización de actores, dinámicas y políticas que vienen marcadas por el neoliberalismo, que fue muy hábil en hacer una separación entre lo económico y lo social. Lo económico visto como dinero, empresa, burguesía, etc. Todo lo demás son temas sociales: la economía social y solidaria, el trabajo de reproducción y el trabajo de cuidados, etc. Así, es necesario generar espacios de presencia, visibilidad, empoderamiento de otros actores económicos con otra agenda económica en el seno mismo de la estructura del Estado.

* Gorka Martija es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.