“El TTIP está provocando que se hable de la política comercial”

Gorka Martija* // Adoración Guamán es una de esas figuras que, tanto desde espacios universitarios como desde los movimientos sociales, están contribuyendo a la indispensable tarea de divulgación de las amenazas que comporta para las personas y los pueblos el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), que negocian a día de hoy la Unión Europea y los Estados Unidos. Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, es directora de la Fundación por la Europa de los Ciudadanos y ha publicado recientemente con la editorial Akal el libro TTIP: el asalto de las multinacionales a la democracia. Conversamos con ella en Bilbao, en el marco de su participación en la décima edición del curso que cada año por estas fechas organiza el OMAL en colaboración con la Universidad del País Vasco.

El caso griego ha dejado patente que la Unión Europea es en sí misma una arquitectura expresamente concebida para blindar el modelo neoliberal y la prevalencia de los grandes poderes transnacionales. En este contexto, ¿qué puede suponer el TTIP?

El TTIP va a profundizar en esta arquitectura. La erosión del modelo social que han provocado las medidas de construcción del mercado interior europeo y la Unión Económica y Monetaria se ha exacerbado a partir de la crisis de 2008, con una serie de medidas que de facto han acabado interviniendo la capacidad de los Estados miembros de determinar sus políticas sociolaborales. Por tanto, su posibilidad de tomar decisiones políticas está muy constreñida. Y el caso griego ha puesto de manifiesto el poder que tiene la UE para evitar que un gobierno pueda llevar a cabo el programa por el cual votó la ciudadanía.

La UE ha dado un nuevo salto adelante que se refleja en el informe de los cinco presidentes, que se resume en más presencia en el exterior, más política comercial y más unión económica en el interior. En este sentido, van a profundizarse las políticas de gobernanza económica, que son las que están llevando a los Estados miembros a la situación actual de intervención en materia laboral, dinámica a la que se va a unir la propia lógica del TTIP. Así que vamos a tener dos vías de presión: la supranacional, por un lado, con mecanismos como el ISDS (mecanismo de arbitraje de diferencias inversor-Estado), o el Consejo de Cooperación Reguladora, que van a ir “americanizando” los derechos laborales; por otro, el mantenimiento de la presión de la UE sobre los Estados miembros.

¿Qué hay de cierto en los estudios encargados en los últimos años por la Comisión Europea que hablan de un previsible aumento del PIB y de los beneficios empresariales como consecuencia de la entrada en vigor del TTIP? ¿Y qué hay de los costes sociales, que no se contemplan en dichos estudios?

Cuando la Comisión vio que se articulaba una cierta resistencia al TTIP, encargó diversos estudios que contenían afirmaciones tales como que el PIB de la UE iba a aumentar en 119.000 millones de euros anuales, un 0,5% más cada año. El propio comisario de Comercio anterior dijo que las cifras le parecían irreales. Y también han recibido numerosas críticas por parte de expertos que señalan que los modelos económicos se basan en expectativas ficticias, que no toman en cuenta los costes sociales o las externalidades negativas que pudiera significar este tratado. Un estudio de Jeronim Capaldo de 2014 afirma que se va a producir una reducción de las exportaciones netas (más de un 2% del PIB), fundamentalmente de Francia, Alemania y Reino Unido; una disminución de las rentas derivadas del trabajo de hasta 5.000 euros en Francia o 3.400 en Alemania; una pérdida neta de puestos de trabajo que se concentraría en el sur de Europa. Lo que sí reconoce la Comisión es que se podría producir un desplazamiento de empresas que podría afectar a la mano de obra.

Los efectos sociales del TTIP pueden concluirse de la comparación con otras experiencias de integración supranacional como la propia UE, que ha dado lugar a procesos de dumping social y carrera a la baja de estándares laborales. En una integración en la que se va a poner en común la circulación de factores económicos de dos subsistemas sociales tan distintos, es más que probable que estos fenómenos se multipliquen. Y todo parece apuntar a que, como ha pasado con el NAFTA —siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye a EEUU, Canadá y México y entró en vigor el 1 de enero de 1994—, no podamos hablar de un daño específico para EEUU o para la UE entendidos como bloque antagónicos, sino que son las clases trabajadoras y populares de ambos lados del Atlántico las que van a sufrir las consecuencias de manera transversal frente al capital financiero transnacionalizado y las multinacionales.

Hablando del NAFTA: siempre se ha considerado como el paradigma fundacional de la actual arquitectura de tratados comerciales dominante en la escena internacional. ¿Podría aportar una breve visión comparativa respecto al TTIP?

El NAFTA ha servido como un patrón que, perfeccionado, ha dado lugar al CETA —Acuerdo Integral de Economía y Comercio, firmado en septiembre de 2014 por la UE y Canadá y pendiente de aprobación para su entrada en vigor—, al TTIP y a otros tratados bilaterales o regionales. Cuando la administración Clinton promocionó el NAFTA se esgrimían razones muy similares a las que ahora está utilizando Obama: creación de puestos de trabajo, aumento de inversiones, crecimiento del PIB, etc. Todas estas predicciones han resultado falsas.

Centrándonos en México, algunos indicadores: entre los años 60 y 80 del siglo pasado, el PIB real por persona se duplicó, y sin embargo en los últimos 20 años su crecimiento no llega al 20%. Por tanto, ha habido una ralentización brutal, cuando la tasa de crecimiento del resto de Latinoamérica, y en especial de Sudamérica, ha sido mucho más alta. Y los salarios reales en México en 2012 eran básicamente los mismos que en el 94, además de que el desempleo ha crecido casi 3 puntos. A la vez, en EEUU se ha producido una reducción de puestos de trabajo, puesto que muchas empresas han acabado deslocalizando a México. Y también, vía procedimientos de convergencia reguladora, ha habido repercusiones tanto para México como para Canadá en cuanto al sistema de salud y a la protección social. Es decir, el NAFTA expresa claramente cómo la afectación es transversal y no se producen las ganancias esgrimidas.

En su trayectoria destacan las líneas de investigación vinculadas a las relaciones laborales. ¿Qué impactos prevé en materia de derechos individuales y colectivos a este respecto?

Hay que empezar desmintiendo una de las principales premisas sobre las que se asienta el TTIP: la existencia de valores compartidos basados en una elevada aspiración social y en amplios estándares sociolaborales que nos diferencian del resto del mundo. Esto no es así.

En primer lugar, los estándares laborales son para la UE el resultado de un pacto capital-trabajo, necesarios para alcanzar esa igualdad material que está en el corazón de los Estados sociales, o lo estaban en su inicio, mientras para EEUU pueden ser un obstáculo a la libre competencia en el mercado. Hay un enfoque distinto de partida, que demuestra que la construcción de estándares sociales tiene enfoques ideológicos claramente diferenciados que dan lugar a marcos normativos distintos. En EEUU hay un nivel muy reducido de normatividad laboral, tanto en materia de norma legal como de convenio colectivo. La protección individual del trabajador frente al empresario es reducida, mientras que en nuestros sistemas laborales el derecho del trabajo tenía una voluntad tuitiva o protectora. En cuanto a los derechos sindicales, la diferencia es enorme: EEUU no ha ratificado los dos convenios fundamentales en materia sindical, mientras los 28 Estados de la UE sí lo han hecho. EEUU permite las practicas antisindicales, antihuelga y que restringen la negociación colectiva, mientras que en la UE, además de contemplar todos estos derechos en la Carta de Derechos Sociales Fundamentales, se recogen en las constituciones estatales como una parte fundamental de las mismas. Por tanto, hay una diferencia sustancial.

EEUU ya ha dicho que no va a ratificar los dos convenios fundamentales en materia sindical. Así, hay un peligro evidente de que se produzcan fenómenos de dumping social y “carrera a la baja”. A esto le sumamos la previsión de mecanismos como el ISDS que, como se ha demostrado en el caso de Veolia contra Egipto, pueden incluso considerar que una subida del salario mínimo es una actuación estatal lesiva respecto a la potencial ganancia de un inversor y que por tanto puede ser condenada.

Visto lo visto, ¿cual cree que es el objetivo real del TTIP?

El objetivo es profundizar en la desregulación. Mientras que la UE está en una dinámica de orientar a los Estados miembros a re-regular sus normativas laborales vía reforma laboral, de pensiones, etc., el paso adelante que supone el TTIP pretende incidir en la desregulación sobre la base de elementos como las barreras no arancelarias o la cooperación reguladora. Se pretende disminuir lo que llaman “burocracia” o “cargas”, que son en muchas ocasiones derechos sociales, medioambientales o a la salud.

Es por esto que hay un fuerte interés por parte de las empresas transnacionales en la ampliación del capítulo de cooperación reguladora. En un primer borrador incluso se preveía una cláusula por la que el Consejo de Cooperación Reguladora tendría potestad para modificar el propio TTIP en el futuro, pero fue retirado. En cualquier caso el TTIP es un living agreement, un acuerdo vivo que va a permitir a este Consejo de Cooperación Reguladora seguir disciplinando los procesos legislativos de los estados miembros. El TTIP trata de desregular y de controlar la capacidad de los estados miembros del tratado de revertir privatizaciones, promover nacionalizaciones, etc. Es decir, va a tener un efecto congelación sobre los servicios públicos y un efecto desregulación sobre las normativas laborales. Supone, por tanto, una ganancia desde todo punto de vista para las multinacionales que, por un lado, controlan a los poderes públicos para que no afecten a sus inversiones y, por otro, fomentan una desregulación permanente sotto voce que viene de esas instancias supranacionales.

Ante esta situación, ¿es optimista respecto a las posibilidades de frenar el TTIP?

Sí. En el sentido de que alrededor del TTIP se está politizando todo lo que tiene que ver con empresas multinacionales y comercio internacional, que tuvo su momento de contestación hace años —con la lucha contra el AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones), el movimiento antiglobalización etc.—, y que parecían materias olvidadas en estos momentos, cuando en realidad deberíamos poner el foco sobre ellas, porque constituyen el peligro fundamental que amenaza nuestras democracias en la actualidad. El TTIP está provocando que la ciudadanía hable de la política comercial, y que se genere un rechazo. Y este rechazo está siendo además transversalizado e interclase, al haberse identificado un enemigo común de las grandes mayorías sociales que van desde taxistas hasta militantes de sindicatos pasando por movimientos sociales y medioambientales, y por tanto está aglutinando mayorías. Este potencial aglutinador del TTIP nos puede llevar a reorganizar la movilización y a politizar de nuevo ámbitos de actuación social.

En estas circunstancias veo difícil una aprobación pronta del TTIP. Y, a la larga, creo que si persiste la movilización social y no se consigue aprobar durante la administración Obama, difícilmente llegará a buen puerto. También están Grecia, Corbyn, las voces en contra en el parlamento alemán, o en el gobierno francés. Poco a poco y de manera discontinua pero sí evidente, se están abriendo las voces disidentes en cuanto a la finalidad del tratado, ya sea desde posturas más críticas o más reformistas. Se está produciendo, en definitiva, un cuestionamiento de muchos sectores, lo cual hace peligrar esta aprobación, teniendo en cuenta que entre medias tienen que aprobarse el TPP o el CETA.

Y además esto está dando publicidad a otras alternativas que venían gestándose desde la sociedad civil, como el Tratado Internacional de los Pueblos para el control de las empresas transnacionales o la arquitectura alternativa que se está construyendo en América Latina, y que están siendo cada vez más compartidas entre distintos movimientos sociales como alternativa real. El TTIP está permitiendo visibilizar que hay otras maneras de integrar economías pasando por priorizar derechos sobre beneficios empresariales, y que hay vías para decir no a los tratados de comercio e inversión, no al TTIP.

* Gorka Martija es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.