El agua pública, la única salida

La aprobación por el Parlamento europeo de la iniciativa ciudadana para la defensa del derecho al agua (Right2Water) vuelve a situar en el foco otros intentos nacionales, regionales o locales similares. Desde sus inicios, desde la recogida de firmas, la iniciativa internacional sirvió para crear una profunda red social en todo el continente y para abrir un profundo debate en la sociedad. En nuestro país las raíces de esta red (agrupada formalmente en la @RedAguaPublica) son fruto del aquelarre que ha provocado la privatización de este bien común. Subida de tarifas, desahucios hídricos, desinversión, exclusión social, desempleo, fuertes episodios de contaminación, pérdida de control institucional e incluso episodios de corrupción son parte de una amplia galería de consecuencias monstruosas que ha traído la hegemonía del modelo privado en nuestro Estado (57% de la población española se abastece ya a través de sociedades privadas o mixtas).

Los movimientos sociales siempre han tenido motivos para rebelarse contra esta dominación social, pero ha sido la crisis económica la que ha abierto la puerta a una nueva red de defensa del agua del pública. Así, gracias a una organización descentralizada, escasamente institucionalizada  y a la definición de lo público, más de 300 organizaciones vecinales, de consumidores, ecologistas (Ecologistas en Acción), defensores del agua pública (Red Agua Pública), operadores públicos (Aeopas) y científicas (Fundación Nueva Cultura del Agua), sindicatos (CC.OO) y de otros ámbitos, se ha creado un gran pacto que pretende blindar este recurso ante las normas del mercado y las presiones privatizadoras. El Pacto es Social (#iniciativagua2015) porque, aunque PSOE, IU, UPyD, Equo, y Podemos parecen afines a la idea, brota de la sociedad civil – que generó su significado-  y son las formaciones políticas (que deben superar muchas de las barreras locales) las que tienen que aceptar sus postulados. La batalla se libra ahora municipio a municipio.

La #iniciativagua2015, que defiende el carácter del suministro como derecho humano, en línea con la declaración de Naciones Unidas y con la primera iniciativa ciudadana promovida en la UE, prohíbe los cortes, asegurar un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado, eliminar la participación de la empresa privada en la gestión de este recurso, garantizar tarifas sostenibles, asegurar que el dinero del agua se reinvierta sólo en este ámbito, aumentar el control social sobre los recursos, que la gestión del suministro sea también un elemento de creación de empleo e incluso promover el consumo del “grifo” frente a la comercialización de botellas. Muchas ciudades como Vitoria, Gijón, Córdoba, Compostela o Sevilla se han comprometido ya con impulsar el nuevo modelo público de gestión del agua.

En Europa ya se está construyendo este nuevo modelo público, que indudablemente tiene que ser sostenible en términos económicos pero que su verdadero eje de gestión está en los valores de solidaridad y respeto al medio ambiente. París desde el 2010 es la referencia de este nuevo modelo, que en su primer año de “desprivatización” consiguió un 8% en la bajada de su tarifa, 35 millones de beneficio, que se aplicara el derecho humano al agua, que hubiera consejos de participación ciudadana y que exista un programa importante de medidas para hacer frente al cambio climático (reducir el consumo y las emisiones, negociar con los agricultores de la zona para que apliquen prácticas compatibles con el medio ambiente y evitar la contaminación de los acuíferos, entre otras). Este es el modelo que, gracias al Pacto Social del Agua, se puede aplicar a partir de ahora en nuestro país en ciudades como Córdoba, Sevilla, Vitoria o Gijón. Este modelo público de gestión será así o no será. El momento es crucial.

Luis Babiano. Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).