Rigau y Ortega declaran que el 9-N actuaron dentro de la legalidad

La exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consejera de Educación catalana en funciones, Irene Rigau, han declarado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la consulta sobre la independencia del 9-N. La primera en hacerlo ha sido Rigau, esta mañana, quien, en la línea de argumentación del president Artur Mas, ha afirmado que no desobedecieron ninguna autoridad: «Estoy tranquila porque cumplía un mandato del Parlament. Tenía un marco legal del Parlament para realizar las consultas ciudadanas. Ni yo ni nadie del departamento dimos ninguna orden a los directores de los institutos y simplemente les informamos de que los centros podían ser usados para la consulta y que el funcionamiento correría a cargo de los voluntarios». Asimismo, Rigau ha manifestado que le resultaba «doloroso y extrañísimo que se me pudiera atribuir un delito de enriquecimiento» por la consulta.

Parecida argumentación ha sostenido Ortega, que ha declarado por la tarde, quien ha asumido la «máxima responsabilidad del proceso participativo del 9-N», en el que actuó, ha asegurado, «con respeto a la legalidad». «No es bueno criminalizar un acto democrático», ha incidido la exvicepresidenta. Ni ella ni Rigau han acudido solas al TSJC. Varios representantes del Govern las han acompañado hasta los juzgados. Por sus puertas han pasado hoy, entre otros, Boi Ruiz, Neus Munté y Ferran Mascarell, pero también han estado presentes miembros de Junts pel Sí como Raül Romeva, Marta Rovira y Lluís Llach, así como Antonio Baños, de la CUP, Lluís Rabell, de Catalunya sí que es pot, y Ramon Espadaler, de Unió, entre otros.

Además, a las puertas del TSJC se han concentrado cientos de personas para denunciar la judicialización de un proceso que los independentistas creen que debería resolverse desde la política. «Es inadmisible que en un Estado de derecho, por poner urnas, a una persona se la impute y se la procese», ha denunciado Romeva ante los medios, a las puertas de los juzgados. Rigau fue la primera en declarar por la consulta del 9-N, que no tuvo implicaciones legales. Esta tarde, a las 16:00 horas, le ha tocado el turno a Ortega, y el jueves al propio Artur Mas, presidente en funciones. En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, Mas defendió que su actuación no estuvo fuera de la ley: «Legalmente no desobedecí. Políticamente hubo una rebelión democrática», es su principal  idea fuerza.

La Fiscalía alega que se organizó la consulta pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional y que Mas conocía la prohibición. Por tanto, las acusaciones son por haberse «negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución». Por su parte, el TSJC ha emitido este martes una nota en la que denuncia la concentración a sus puertas, de la que asegura que persiguen «cuestionar la legitimidad de los jueces además de pretender influir en su toma de decisiones».