El nuevo impuesto a la banca que es en realidad una ayuda

El gobierno español acaba de aprobar un impuesto a la banca que alcanzará los 419 millones de euros. Este movimiento podría llamar la atención, ya que estamos acostumbrados a que el gobierno otorgue ayudas a la banca y no al revés, y especialmente cuando es palpable que el sector continúa atravesando una mala situación (se prevén más fusiones entre entidades bancarias y más despidos en el próximo año). Sin embargo, que nadie se sorprenda, porque este impuesto no es más que una condición necesaria para concretar una importante ayuda pública a la banca. Veamos por qué.

A mediados de 2013 conocimos que la legislación bancaria internacional iba a penalizar una serie de activos que poseían muchos bancos españoles. Estos activos son conocidos como “activos fiscales”, pues sirven para pagar menos impuestos. Son otorgados por el Estado a los bancos (y a otras empresas) cuando éstos presentan pérdidas o cuando pagan impuestos por beneficios de los cuales no se benefician. Por ejemplo, si un banco dedica 1000 euros de beneficios a contratar un plan privado de pensiones para sus empleados o si lo “aparta” como precaución por si alguna inversión falla, el Estado le dará activos fiscales por valor de 1000 euros porque se considera que es injusto que esté pagando impuestos por unos beneficios que en realidad no disfruta. En los años fiscales siguientes el banco podrá utilizar esos activos fiscales para pagar menos impuestos (utilizándolos como una especie de bonos-descuento).

Según las antiguas normas bancarias esos activos fiscales tenían estatus de capital de buena calidad, lo cual venía muy bien a los bancos a la hora de cumplir las exigencias regulatorias. Pero tras el cambio de legislación, los activos fiscales iban a ser penalizados y a dejar de tener esa consideración favorable, puesto que en realidad no servían para cubrir contratiempos (si un banco sufre pérdidas no las puede compensar con los activos fiscales porque éstos sólo sirven para pagar menos impuestos). En consecuencia, los bancos españoles tuvieron que buscar a toda prisa y de donde fuese unos 50.000 millones de euros (en forma de capital o garantías) para reemplazar los activos fiscales. Y ahí es donde intervino el gobierno español, al otorgar avales por valor de unos 30.000 millones de euros.

No obstante, la Comisión Europea inició una investigación para valorar si el movimiento del gobierno podía considerarse una ayuda pública ilegal. Pues bien, la forma que ha ideado el gobierno para evitar una evaluación negativa al respecto ha sido la de establecer un impuesto del 1,5% sobre todos esos activos cubiertos porque de esta forma la consideración de ayuda de Estado no es posible (un requisito para que una prestación o transferencia sea considerado ayuda pública es que no esté sujeta a impuestos). El resultado final es que la Unión Europea ya no podrá sancionar al gobierno español por haber otorgado una ayuda descarada a la banca española. Por lo tanto, este nuevo impuesto no es más que una condición necesaria para que la ayuda pública de 30.000 millones de euros no sea retirada. De ahí que el impuesto (de sólo unos 419 millones de euros) sea en realidad otra forma más de ayudar con dinero público a la banca.