A favor y en contra: ¿Son plebiscitarias las elecciones del 27-S?

Artículo incluido en el nº 30 de La Marea

El proceso independentista catalán ha provocado una fuerte sacudida en el mapa político. Sobre el papel, poco o nada se ha movido en el encaje legal de Cataluña con el Estado, pero la mayoría de partidos ha experimentado una potente reconfiguración que se visualiza en la ruptura entre las dos formaciones que durante más de 20 años gobernaron Cataluña: Convergència y Unió. El PSC ha visto cómo se han desvinculado del partido algunos de sus dirigentes históricos, ERC disfruta de un potencial incremento de su electorado, la CUP prevé más que doblar el suyo, y PP y Ciutadans batallan por erigirse como garantes de la unidad de España.

Al mismo tiempo, la crisis transversal en todo el Estado ha provocado un crecimiento de las fuerzas de izquierda que en las pasadas municipales cristalizó en la toma de alcaldías como la de Barcelona. Tras el referéndum frustrado por la oposición del gobierno de Rajoy, los independentistas plantean el 27-S como un plebiscito sobre la secesión. CDC y ERC, unidas a las entidades soberanistas, concurrirán de la mano en la candidatura Junts pel Sí. Por otro lado, Catalunya sí que es pot, formada por Podemos, ICV, EUiA y Equo, se postula como la gran rival de la lista de Mas y Junqueras. El debate electoral girará sobre dos ejes: plebiscito sobre la independencia y ruptura de las políticas de austeridad.

¿Las elecciones catalanas del 27-S son  un plebiscito sobre la independencia?

Las próximas elecciones no son una contienda electoral más. Y no por el carácter de plebiscito independentista que algunos quieren darle, sino porque están inmersas en una ola de cambio más amplia y profunda. La crisis sistémica que experimenta Europa se materializa en España y en Cataluña en una crisis de régimen. Los consensos en los que se afianza el pacto constitucional del 78 se han roto. Sólo hay que echar un vistazo a datos demoscópicos para ver que los pilares que generaron adhesión mayoritaria los últimos 30 años han hecho aguas. La crisis actual tiene una triple dimensión: 1) socio-económica: no hemos sido capaces de dotarnos de instrumentos a nivel europeo, estatal y nacional para gobernar la economía y blindar los derechos sociales y políticos; 2) política: nos situamos al inicio del fin del bipartidismo, en el Estado ya no todo pasa por el PSOE y el PP, y en Cataluña, el PSC y CiU ya no serán más actores imprescindibles de todo proyecto político institucional; 3) territorial: el modelo autonómico ha fracasado, tanto por su estructura institucional disfuncional que no ha contentado a nadie, como por la falta de construcción de una cultura política plurinacional.

El agotamiento de un régimen político desata importantes movimientos tectónicos hasta que se afianzan los nuevos equilibrios. La cuestión, por tanto, no es si habrá una gran transformación o no, sino qué dirección tomará. En juego está si las mayorías ciudadanas lideran un proceso constituyente con extensión de derechos sociales, políticos y nacionales; o si esta transformación es operada por unas élites con unos intereses muy distintos.

En este contexto, necesitamos un Parlament y un Gobierno que apuesten con fuerza por debatir e implementar políticas públicas valientes que extiendan derechos y libertades, apuestas solventes y con capacidad de impulsar proyectos para un país digno y con futuro. Es por ello que la Cataluña de las mayorías se funda sobre la idea de la soberanía, de recuperar el control del presente.

Reconstruir Cataluña pasa por implementar un plan de rescate ciudadano los primeros 100 días de gobierno: el establecimiento de una renta garantizada, detener todos los desahucios de personas con necesidades, medidas contra la pobreza energética, contra la desnutrición y contra la violencia de género. Reconstruir Cataluña pasa por elaborar un plan de desarrollo económico y de creación de ocupación, con apoyo al tejido productivo existente sobre la pequeña y la mediana empresa, así como el impulso de nuevos yacimientos económicos vinculados a la atención a las personas, a la sostenibilidad y al emprendimiento con un alto contenido de I+D+i. Reconstruir Cataluña quiere decir hacer limpieza en las instituciones públicas, tolerancia cero con la corrupción y la financiación ilegal de partidos, y plantear una dura batalla contra el fraude y la evasión fiscal. Reconstruir Cataluña significa poner fuerzas e inteligencia para poder llevar a cabo un referéndum para decidir el encaje que queremos tener con el Estado español, una demanda apoyada por el 80% de la ciudadanía de nuestro país. Y todo esto será más fácil en el contexto de un cambio de ciclo general, estableciendo alianzas y complicidades con otros actores más allá de nuestras fronteras.

El 27-S se celebran en Cataluña unas elecciones anómalas, en las que no se decide, sólo, quiénes van a formar parte del nuevo Parlament. Nos encontramos ante un punto de inflexión en la derrota del régimen del 78, que pone en entredicho las entrañas de la farsa de la Transición. Las elecciones van a ser un plebiscito sobre la independencia de una parte del Estado, Cataluña, y lo va a ser simple y llanamente por una voluntad popular mayoritaria. No hay en la historia contemporánea del Estado español movilización popular alguna que se acerque a lo sucedido los últimos años en Cataluña. La existencia de un conflicto político es tan innegable como crónica, y la ofensiva autoritaria del Estado no ha hecho más que agudizarlo. El movimiento popular hacia la independencia no tiene marcha atrás.

El carácter plebiscitario y constituyente del 27-S no viene otorgado porque alguien le haya puesto uno u otro apellido a las elecciones, sino que emana del proceso de acumulación de fuerzas y de activación popular de los últimos años. La gran federación hasta ahora hegemónica y al servicio de la burguesía, CiU, ha volado por los aires, obligando a Convergència a recurrir, para su propia supervivencia política, a forzar un acuerdo con ERC. Coincidiendo en voluntad plebiscitaria, pero no en programa ni siquiera en origen social (la mayor parte de la lista de Junts pel Sí pertenece a las élites económicas y culturales nacionalistas), la CUP-Crida Constituent concurre con un triple objetivo: provocar la ruptura con el Estado vía independencia por mayoría de votos, habilitar un proceso constituyente popular y democrático no tutelado por la élite (léase CDC y la burguesía propia) y forzar un periodo de excepción para aplicar un plan de choque frente a la emergencia social generada por la crisis capitalista.

A nadie le cabe la menor duda de que en caso de que las listas partidarias de la independencia no tuvieran suficiente apoyo, todos los titulares del día siguiente serían poco menos que los aparecidos en Londres tras el referéndum en Escocia.  Así, a la contra del independentismo, el PP se ha visto amenazado por el crecimiento de Ciutadans, partido nacido y crecido ante el auge independentista en Cataluña. Ante este escenario, el PP ha optado por competir con el peso pesado de su ala más ultraderechista, el ex alcalde de Badalona Xavier García Albiol. No en vano, a las puertas de la convocatoria de las elecciones, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, señaló la cita del 27-S como la mayor amenaza para el Estado en estos momentos. Años después, parece que el Gobierno del Estado se ha tomado en serio el conflicto político, eso sí, no para resolverlo de forma democrática.

Son los propios actores políticos quienes están dotando, incluso en los argumentos de su negación, de carácter plebiscitario al 27-S para que se cumpla el mandato popular y abrir un proceso constituyente sin retorno en el cual estará la CUP, y esperemos que muchos más.