El señor del balón y el ladrillo

[Extracto del dossier que la revista La Marea dedica este septiembre a Florentino Pérez (pág. 8-21). Ya a la venta en quioscos y aquí.]

Una semana después de que fuera investida como alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena recibió la visita de Florentino Pérez en el Ayuntamiento. Fue el 25 de junio. Antes ya se había reunido con representantes de la patronal madrileña, pero Pérez fue el primer presidente de una empresa del Ibex-35 en plantarse en la antigua sede de Correos, en la plaza de Cibeles. El motivo de la visita no tenía que ver con ACS, la constructora que dirige desde hace tres décadas. Carmena y el resto del los nuevos concejales de Ahora Madrid homenajearon al equipo de baloncesto del Real Madrid que acababa de ganar la Liga contra el Barcelona.

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Para ACS, y también para el Real Madrid, hay muchos intereses en juego que dependen del nuevo consistorio. En su discurso de investidura, Carmena criticó la privatización del servicio de limpieza en un instituto madrileño donde antes había operado una cooperativa. «Hasta que llegó uno de esos contratos inmensos, integrales, que hacen referencia a unas empresas muy grandes, y donde vino una especie de objetividad antipática y un resultado mucho peor del que podía preverse si solamente analizábamos cifras», contaba la alcaldesa. La multinacional de la construcción y de servicios que dirige Florentino Pérez tiene varios contratos con el Ayuntamiento, como por ejemplo para la recogida de basura y limpieza de las calles. Estas concesiones fueron otorgadas por la exalcaldesa Ana Botella en circunstancias controvertidas.

Botella y su marido, el expresidente del Gobierno José María Aznar, son asiduos al palco de honor del Santiago Bernabéu, donde se reúne la élite política y empresarial cada vez que juega el Real Madrid. Carmena asegura que va a romper con la costumbre de sus antecesores en el cargo de compartir grada en el estadio con los directivos del club blanco y demás invitados. «[Pérez] no me invitó pero no pienso ir nunca al palco del Real Madrid, ni que vaya nadie de los míos ni del Ayuntamiento», afirma la alcaldesa en una entrevista publicada en este número de La Marea (ver página 28-31). «Por el mismo motivo renunciamos al palco en el Teatro Real o en la Plaza de Toros. Creemos que ningún miembro del Ayuntamiento debe tener privilegios para ir a los espectáculos. Cuando queramos ir, haremos lo que hace todo el mundo: comprar una entrada», incide.

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La política, los negocios y el fútbol han marcado la biografía de este hijo de un comerciante nacido el 8 de marzo de 1947 en Madrid. Tras estudiar la carrera de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Madrid lanza su primer negocio: la Guía del Ocio, una revista que ha llegado hasta nuestros días. Con el comienzo de la Transición entra en el mundo de la política. En 1976 le nombran delegado de Saneamiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Allí se hace una idea de los tejemanejes de la concesión de obras y contratos públicos a empresas privadas. Tras su ingreso en la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, es elegido concejal del consistorio de la capital, luego director general de Infraestructuras de Transporte en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y después subsecretario en el Ministerio de Agricultura. Cuando la UCD se derrumba en las elecciones de 1982, Pérez se embarca en otra aventura política, el Partido Reformista Democrático (PRD) liderado por el abogado catalán Miquel Roca. El proyecto fue un fracaso rotundo –el partido no logró ningún escaño en las elecciones generales de 1986– y Pérez dio la espalda a la política. «Me fui porque me echaron», dijo a Évole.

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Ahora están bajo lupa las concesiones de contratos públicos para algunas filiales del grupo, como Urbaser, especializada en la recogida y tratamiento de residuos y la limpieza viaria, y Clece, que presta servicios varios al sector público (ver página 17). En enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 98 millones de euros a un grupo de empresas por haber pactado el reparto de contratos públicos para la gestión de residuos, zonas verdes, agua y la limpieza vial. Según explicó la CNMC en un comunicado, se detectaron “múltiples contactos bilaterales entre las empresas del sector, desarrolladas en ámbitos geográficos y temporales distintos, todos referidos a clientes, condiciones contractuales y precios ofertados, así como a acuerdos y pactos de no agresión entre las empresas implicadas en los contactos”.La mayor sanción, que fueron impuestas en función de la facturación de cada contratista, recayó en Urbaser, 23,3 millones de euros.

La alcaldesa de Madrid Ana Botella se empeñó en dejar todo bien atado antes de su anunciada salida del Ayuntamiento de Madrid tras las elecciones del 24-M. En sus últimos meses en el consistorio, otorgó macroconcesiones a muy largo plazo para la limpieza, recogida de basura o arreglo de las vías públicas a grandes grupos privados. El último de estos contratos lo firmó la esposa de Aznar cuando ya era alcaldesa en funciones después de las elecciones, lo que va en contra de los protocolos habituales. El nuevo equipo de Manuela Carmena se dispone ahora a revisar todos estos contratos con empresas privadas, como Urbaser, con el fin de «remunicipalizar» ciertos servicios. «No entendemos por qué todo el Ayuntamiento está en manos privadas y sobre todo de empresas tan fuertes, que, además, han sido sancionadas por Competencia porque hay unas actitudes de prepotencia puramente objetivas”, declaró la alcaldesa a La Marea. La concejal de Medio Ambiente y Movilidad de Madrid, Inés Sabanés, ya se ha puesto en contacto con las empresas de los servicios privatizados. «Tengo la convicción de que tenemos que corregir estos contratos en beneficio de la ciudadanía para que la situación mejore», reconoció la concejal de Ahora Madrid en otra entrevista con este medio.

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