Organizaciones feministas denuncian el impacto de los Presupuestos Generales en Igualdad

MADRID // En total, 40 organizaciones feministas agrupadas en la Plataforma Impacto de Género Ya denuncian que la partida para Igualdad y Violencia de Género «supone tan sólo el 0,01% del total de los presupuestos para 2016«.

«El recorte presupuestario en igualdad de las mujeres ha sido del 20,9% a lo largo de esta legislatura y del 47,6% respecto a 2009″, afirman desde la organización. Una reducción que preocupa especialmente tras el importante pico de asesinatos por violencia de género de este verano. En este sentido, se pronunció también este miércoles el Movimiento Democrático de Mujeres. Aúrea Garde, portavoz de este colectivo, señaló que «debe existir un respaldo presupuestario suficiente para el desarrollo preventivo de la violencia contra las mujeres».

La Plataforma Impacto de Género Ya alerta sobre ocho cuestiones de especial influencia en la vida de las mujeres que se ven afectadas por la disminución de la partida en Igualdad. Entre ellas, destaca la tasa de desempleo, cuya brecha entre hombres y mujeres se ha triplicado durante la legislatura del PP, según la Plataforma. La cooperación, la educación, la Atención a la Dependencia y la Sanidad, son otros de los ámbitos sobre los que inciden. En este último, piden que se incluya «el derecho al aborto sin discriminación de edad», en consonancia con las propuestas que la Plataforma CEDAW-Sombra España hizo públicas el pasado 17 de junio.

En cuanto al programa contra la Violencia de Género, desde la organización denuncian que la subida, del 6,3%, es «insuficiente para la financiación municipal de los puntos de atención y el Convenio de Estambul». La Plataforma pide volver a la partida de 2009, que supuso un 10, 92% más respecto a la presentada este mes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Otro de los puntos que demandan es el aumento, de 6 a 60 millones, de la dotación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de convenios con las Comunidades Autónomas con el fin de financiar los servicios de asistencia jurídica, social y psicológica a las víctimas en todo el país.