El retiro de oro de los políticos en las embajadas

El nombramiento de José Ignacio Wert como embajador de España en la OCDE ha vuelto a revelar la existencia de unos retiros de lujo para cargos públicos como premio a los servicios prestados. En su nuevo destino, el polémico ex ministro de Educación y Cultura percibe 10.000 euros al mes más gastos de representación, reside en un piso de 500 metros cuadrados en la zona más exclusiva de París y dispone, además, de coche oficial con chófer.

Pero Wert no ha sido el primer ex alto cargo en ser recompensado con este puesto de trabajo. En 2008, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero nombró a Cristina Narbona, entonces titular de la cartera de Medio Ambiente, máxima responsable de la embajada española en la OCDE. Igual que Wert, Narbona carecía de carrera diplomática y su nombramiento fue puesto en duda por diversos sectores de la opinión pública, que alertaron sobre la falta de preparación para el puesto de la ex ministra.

Lo mismo sucedió años antes con la diputada del PP Elena Pisonero, ex directora de gabinete del ministro Rodrigo Rato. Tras ocupar diversos puestos en la Administración, en el año 2000 recaló como embajadora en la OCDE, donde permaneció cuatro años. Su antecesor en el cargo fue el economista José Luis Feito, quien en 2012, como responsable de Economía de la CEOE, afeó a los parados españoles que no buscaran trabajo “aunque fuese en Laponia”.

Otro hecho constatable es que diversas personalidades han usado en los últimos años la OCDE como trampolín hacia la empresa privada. En algunos casos, las puertas giratorias han funcionado casi de manera inmediata. Es lo que sucedió, por ejemplo, con Fernando Ballesteros, quien comenzó a trabajar como secretario general de France Telecom España (Orange) en el mismo mes de febrero de 2008 en que abandonó su puesto de embajador. O con la propia Pisonero, que hoy preside Hispasat.

Del Yak42 a la embajada en Londres

No obstante, la OCDE no es la única embajada donde han recalado ex cargos públicos no adscritos al cuerpo diplomático. Uno de los casos más sonados es el de Federico Trillo, embajador en Reino Unido desde 2012, quien llegó a Londres sin ni siquiera dominar el inglés y rodeado de polémica por su cuestionada gestión al frente del Ministerio de Defensa del accidente aéreo del Yak 42, en el que fallecieron 62 militares españoles.

Trillo incorporó a su equipo en la embajada a la diputada del PP por Alicante Julia de Micheo, íntima amiga y colaboradora a quien había transferido su acta de diputado al ser designado embajador. Este mismo año, Trillo admitió que cobró entre 2006 y 2008 casi 355.000 euros de la constructora Grupo Collosa -una empresa implicada en una trama de corrupción en Castilla y León en relación a las concesiones de parques eólicos- mientras era diputado. El embajador defendió esos pagos ya que “asesoraba verbalmente” a la corporación.

También resultó polémico, en 2008, el nombramiento del ex alcalde de Barcelona y ex ministro de Industria Joan Clos (PSC-PSOE) como embajador en Turquía y Azerbaiyán. Sin formación en el cuerpo diplomático, Clos es desde 2010 director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT).

Embajadas y transparencia

El desconocimiento existente en la opinión pública por este tipo de embajadas y por el resto de la misión diplomática se debe en cierta medida al oscurantismo que existe sobre la representación de España en el exterior. En este momento, España mantiene 118 misiones diplomáticas, con un presupuesto total de 733 millones de euros.

Para conocer el gasto de la representación consular, La Marea se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores pero no han facilitado esta información. Los motivos por los que no se facilita esta información de manera pormenorizada se detalla en una petición realizada por Eva Belmonte, de CIVIO, a través de la plataforma Tu derecho a saber. En la respuesta del gobierno se dice que no se facilita esta información al considerarse una cuestión de seguridad nacional, ya que la Dirección General del Servicio exterior considera que hacer pública esta información con detalle “podría afectar a nuestras relaciones con terceros países, especialmente si se procediera al cotejo de las informaciones por representación y país que serían especialmente graves en zonas de conflicto”, además el Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que hacer pública esta información podría poner en peligro la seguridad de la representación diplomática española en zonas de riesgo.

Aunque se desconoce a cuánto asciende el gasto total de la representación consular de España, sí se sabe que el presupuesto destinado a sueldos de Altos Cargos es de 109 millones de euros. Los gastos de representación de Embajadores y Jefes de Misión ascienden a 3.383.520 euros. Un montante que, dividido entre las 118 misiones diplomáticas españolas en todo el mundo, asciende a 28.673 euros por embajada. Las retribuciones de los embajadores según el Portal de Transparencia oscilan desde los 70.000 € que cobran los cónsules en París, Nueva York o Roma, a los 50.000 € que cobran los embajadores en Guinea Conakry, Gabón o Cabo Verde. Si bien estas retribuciones no incluyen la indemnización por destino en el exterior, recogida en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero.

La misión principal de las embajadas es la de establecer relaciones con los países en los que éstas se encuentran enclavadas así como intentar favorecer los intereses de España y atender a los ciudadanos. Uno de los cometidos principales que llevan a cabo es el de favorecer la inversión de empresas españolas en los países de destino. Esa estrecha relación con el mundo de los negocios lleva a los titulares consulares a estrechar lazos empresariales y conseguir puestos sustanciales tras su periplo diplomático.

Lo sabe bien Iñigo De Palacio, embajador de España en Chile hasta marzo de 2014. En julio de aquel mismo año, apenas tres meses después de dejar su cargo, fichó como responsable de relaciones internacionales de Indra Sistemas. Cuatro días antes de su cese como embajador, Felipe VI visitó Chile con motivo de la investidura de la presidenta Michelle Bachelet. Entre los invitados a la recepción que Iñigo De Palacio realizó con motivo de la visita real se encontraba Javier Monzón, presidente de Indra.

Las armas, un negocio en expansión

La importancia de los embajadores como agregados comerciales también es muy tenida en consideración por el Gobierno a la hora de ejecutar sus nombramientos. En abril de 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy designó a Gustavo de Arístegui embajador de España en la India. El ex diputado del PP y ex portavoz popular en la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso fue enviado al país que más armas compra en todo el mundo. Según el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI), desde el año 2010 los indios han comprado el 15% del total de armamento vendido en el planeta.

La implicación del ministro de Defensa, Pedro Morenés, por favorecer a la industria armamentista española hacía necesario situar en la embajada en Nueva Delhi a un miembro muy afín. Las visitas de delegaciones españolas a la India para conseguir introducir a España entre los clientes del gigante hindú se han sucedido a lo largo de esta legislatura. En 2012 Morenés acompañó al rey Juan Carlos en su visita oficial a la India. En marzo de 2015, el ministro visitó nuevamente el país asiático. Un viaje que despertó el interés de las autoridades indias por los aviones españoles C295 y A330.

La labor de la embajada en estos encuentros fue crucial. Y el Gobierno concedió a Gustavo de Arístegui la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco a petición de Pedro Morenés. Una distinción que se concede por méritos, acciones y servicios que estén relacionados con la Defensa y las Fuerzas Armadas.