Tres años de exclusión sanitaria a los inmigrantes

MADRID // El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el próximo 2 de septiembre, en el Consejo Interterritorial de Salud, su Gobierno buscará una solución para que «el trato universal de la Sanidad sea igual en todas las comunidades de España». Con esta decisión se dará marcha atrás al Real Decreto 16/2012 que vinculaba el derecho a la salud con la cotización a la Seguridad Social y que dejaba a miles de inmigrantes (800.000 según algunas organizaciones) fuera del sistema sanitario público.

La decisión de Rajoy se produce unas semanas meses después de que los nuevos gobiernos autonómicos surgidos de las elecciones del pasado 25 de mayo tomasen posesión de sus cargos, lo que ha propiciado que el País Valenciano, Aragón, Baleares, Cantabria y Madrid anuncien medidas para recuperar el derecho a la Sanidad a inmigrantes sin papeles.

Tres años después de la implantación de este RD, los datos ponen de manifiesto que no ha habido una mejora que garantice «la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud», ni por supuesto, «una mejora en la calidad de sus prestaciones», como señala el título del Real Decreto. Su impacto económico ha sido mínimo y se ha visto contrarrestado por un incremento en otras partidas y de ingresos en urgencias al ser ésta la única vía de entrada al Sistema de Salud para los inmigrantes sin papeles.

Pero desde el punto de vista humanitario los efectos sí son evidentes y van desde el caos propiciado por un desconocimiento que hacía que las personas no fuesen al médico por miedo a recibir una factura a situaciones como el fallecimiento de la mujer nicaragüense, Jeanneth Beltrán, que murió el 23 de mayo de 2014 en el servicio de Urgencias del Hospital  Virgen de la Salud de Toledo mientras esperaba ser atendida.

A otro nivel, tampoco se realizaban las pruebas diagnósticas necesarias y eran muchos los rostros de personas que eran rechazados con historias personales en las que se demostraba la ineficacia dela norma y las situaciones de desigualdad que generaba, tal y como ha denunciado a lo largo de estos meses la organización Yo Sí Sanidad Universal.

Esta organización registró decenas de casos de casos de mujeres embarazadas y menores de edad a quienes, aunque la ley les reconocía el derecho a la asistencia sanitaria, en la práctica se les estaba dando información «errónea» para negarles el acceso a la atención médica o les factura «indebidamente» la atención prestada.

Según el último informe de Médicos del Mundo sobre exclusión sanitaria, en los dos primeros años de aplicación del Real Decreto 16/2012 más de 2.000 personas han sufrido exclusión sanitaria y a «cientos de miles» se les ha negado la tarjeta.

A todas estas situaciones hay que añadir que el RD también introdujo un incremento en la aportación por parte de los pacientes en el precio de venta de fármacos y algunos servicios sanitarios, lo que ha provocado el abandono de algunos tratamientos por parte de las personas con una mayor vulnerabilidad económica.

Poco se sabe de la propuesta que hará el ministro de Sanidad en el Consejo del próximo 2 de septiembre, aunque algunas fuentes barajan la posibilidad de que se recupere la asistencia a través de una tarjeta creada expresamente para los inmigrantes que están empadronados. Al menos así será hasta que se celebren las próximas elecciones generales.