Red ferroviaria española: una política centrada en el beneficio

Están sustituyendo la rentabilidad social por la rentabilidad económica y política», señala Esteban Guijarro, del sindicato CGT. «Los trenes se han convertido en un instrumento político: se construyen líneas en determinados lugares para captar votos, en una nueva forma de caciquismo». Guijarro, como muchos otros, denuncia el derroche en la construcción de líneas de AVE que ahora van a ser vendidas al mejor postor. En cualquier caso, la promoción del tren ha estado ligada a la rapidez de los desplazamientos y no a los beneficios que su uso reporta al medio ambiente. En este sentido, no ha habido pedagogía desde las administraciones públicas.

«Todos los españoles han invertido mucho dinero en la construcción de las líneas de alta velocidad como para que no tengan ni el 50% de su capacidad ocupada», explicó recientemente la ministra de Fomento, Ana Pastor. Esa evidente falta de viajeros es, de hecho, el principal argumento de quienes ponen en entredicho los más de 50.000 millones invertidos en el AVE desde que echara a andar hace ahora 23 años. Escrutando el mapa español se pueden encontrar estaciones que podrían ser calificadas de ‘fantasma’, dado que por ellas pasan menos de 700 viajeros al año. Otras huelen tanto o más a especulación: al menos ocho estaciones (algunas tan importantes como las de Segovia o Tarragona) fueron construidas a una distancia de entre cuatro y 19 kilómetros de los centros urbanos. Se pretendía emular los años en los que las promociones inmobiliarias crecían como setas alrededor de las estaciones de alta velocidad.

Ante este panorama, algunos actores políticos, como Ciudadanos, han propuesto abiertamente dejar de invertir en Alta Velocidad y redirigir los fondos a I+D. España es líder mundial en líneas de alta velocidad, por encima de Francia y Japón y sólo superada por China. Y, sin embargo, muchos ciudadanos no han respondido al envite como algunos esperaban: por cada español que usa el AVE, en Alemania hay 4, en Francia 6 y en Japón, 15. Quizá, porque la modernización no está al alcance de todos los bolsillos: el incremento de precios y la desaparición de viejas líneas provoca que cada vez más ciudadanos descarten el tren, ese viejo elemento de vertebración social y territorial, y opten por el vehículo privado para sus desplazamientos.

El Ministerio de Fomento anunció en mayo una inversión de 1.257 millones de euros en un plan de mejora del servicio de Cercanías, la mayor desde su puesta en marcha hace dos décadas. El objetivo: modernizar los trenes, mejorar las estaciones, suprimir pasos a nivel y optimizar los sistemas de información a los viajeros aplicando las nuevas tecnologías, comenzando por un servicio gratuito de wifi que se probará inicialmente en las estaciones de Getafe (Madrid) y Plaza de Catalunya (Barcelona). El plan afectará a 18 ciudades y se ejecutará en un plazo de tres años, con el objetivo último de ganar 22 millones de nuevos pasajeros.

De la inversión total prevista, Adif aportará 1.000 millones de euros y Renfe los 257 millones restantes, según detalló Pastor. Para algunos, y a pesar del anuncio, la política en materia de Cercanías –una de las opciones recomendadas por la Unión Europa para luchar contra el cambio climático– deja mucho que desear. «Ha habido un abandono considerable por parte del Gobierno», apunta Ricard Riol, de la Asociación para la Promoción del Transporte Público. «El Cercanías tenía que haber centrado la política inversora, pero ha pasado a un cuarto plano, desplazado por el AVE, y no figura en la agenda política como una prioridad. El Cercanías, así como los medios de transporte público en las áreas metropolitanas como el metro o el tranvía, es fundamental, y no sólo en Madrid y Barcelona, sino en todas las ciudades de España».

Para ejemplificar esa importancia, Riol recuerda lo ocurrido en Barcelona en 2007, cuando un accidente en las obras del AVE colapsó la red de Cercanías de la capital catalana durante casi un mes. Los datos de inversión en Cercanías en los últimos años hablan por sí solos: durante la última legislatura, de 2012 a 2015, se invirtieron 385 millones de euros en Cercanías, frente a los 13.000 millones gastados en el AVE. Es decir, 37 veces menos. Un desequilibrio que muchos consideran escandaloso y que, en parte, el Gobierno trata de corregir con esta última inversión.