Y también el Sol

José Luis Velasco y Marta Victoria* // La energía está en boca de mucha gente últimamente. En particular, ha tenido un papel protagonista en los programas electorales de las formaciones ganadoras en las últimas elecciones municipales. Destaca por motivos obvios el problema de la pobreza energética: uno puede encontrar en el programa de Barcelona En Comú (BeC) un reconocimiento explícito del derecho a la energía (y al agua) y la voluntad de “garantizar que ningún hogar sufra falta de suministro por incapacidad económica de hacer frente a los recibos”. Otro tanto puede uno observar en el programa de Ahora Madrid. Además, más allá de las medidas de urgencia, se reconoce el sector energético como elemento básico para “diversificar la actividad económica y reorientar el modelo productivo para hacerlo más justo social y ambientalmente”.

Concretamente, se identifica la rehabilitación y la eficiencia energética en edificios como uno de los nichos de empleo para los parados del sector de la construcción. Pero no queda ahí la cosa, y tiene interés centrarse en un punto que es especialmente relevante: el programa de BeC incluye la creación de un operador energético verde con el objetivo de poner en práctica una “estrategia decidida de ahorro, de promoción de energías renovables y democratización del sistema [que] contribuirá a reducir los impactos socioambientales [y] los problemas de pobreza energética»; esta estrategia pasará, entre otras cosas, por «elaborar un plan de ahorro y de inversión en energías renovables en todas las instalaciones municipales», cuya producción de energía se venderá mediante una comercializadora municipal.

Son planes de calado: se trata, ni más ni menos, de hacer política pública energética, algo poco habitual en los últimos tiempos. En la Ley 54/1997, por la cual se liberalizó el sector eléctrico, se abandonó explícitamente la noción de servicio público. Se mantuvo el objetivo de “garantizar el suministro eléctrico, la calidad de dicho suministro y gque se realice al menor coste posible”; el millón de cortes de suministro al año, los apagones (relativamente frecuentes pocos años después de la liberalización) y las constantes subidas del precio de la electricidad dejan claro que ese objetivo no se ha cumplido en absoluto. Con la liberalización también se renunció explícitamente a la idea de una planificación del sector: desde entonces son las compañías eléctricas las que, guiadas por su propio beneficio e influidas sólo en parte por la existencia de elementos como las subvenciones a las centrales de gas o las primas a las renovables y cogeneración, deciden sus inversiones productivas. Y las grandes empresas del sector eléctrico apostaron por construir una cantidad desmesurada de centrales de gas. Todavía pagamos esa decisión: cuando están paradas, que es la mayor parte del tiempo, cobran «pagos por capacidad»; cuando funcionan, suben el precio de mercado de la electricidad, importan combustible del exterior y emiten dióxido de carbono.

Las energías renovables y el cambio político que se ha dado recientemente en los ayuntamientos nos dan acceso a una vía para revertir de facto algunas de las reformas más agresivas con que anteriores gobiernos han beneficiado a las grandes empresas a costa de perjudicar a los ciudadanos. Ya hemos dicho en alguna ocasión que no hay discusión real sobre si un porcentaje importante de la energía consumida en España ha de ser generada con energías renovables; de hecho ya empieza a ocurrir. La única duda es si estas estarán en manos (y al servicio) de las grandes compañías eléctricas o de los ciudadanos, ya sea esto último directamente o a través del sector público. Pues bien, algunos ayuntamientos han decidido tomar la iniciativa. El de Barcelona no es el primer caso (destaca el ejemplo de Rubí en la misma provincia), y le seguirán más. Después de todo, si hay consenso en que los ciudadanos tenemos derecho al acceso a la energía como bien básico y los poderes públicos la obligación de garantizarlo; si los medios disponibles (tejados públicos, paneles y sol) son suficientes; y si estos medios convierten a los ayuntamientos en la administración más cercana capaz de hacerlo, ¿cómo no aprovechar esta oportunidad? Al fin y al cabo estos principios (eficacia, servicio efectivo a los ciudadanos, economía, descentralización, proximidad a los ciudadanos…) están entre los que deben determinar cómo actúa la Administración General del Estado, según la ley y según el sentido común. Este mismo razonamiento es el que hace que sean los ayuntamientos, y no el Estado central, los responsables por ejemplo de la limpieza de las calles y de la recogida de las basuras.

Y esto nos lleva a un punto clave: el Ayuntamiento de Barcelona no sólo planea llenar las azoteas de sus edificios públicos de paneles solares, sino que se quiere hacer cargo de la electricidad que producen. Porque ¿de qué serviría instalar todos esos paneles si luego quien los controla y se lleva la mayor parte de los beneficios es una empresa del oligopolio eléctrico o una compañía controlada por, por ejemplo, Florentino Pérez? Lo segundo ya ocurre, sin ir más lejos, con la recogida de basuras de varias ciudades. También con el alumbrado, con el mantenimiento de las calles, con el cuidado de jardines, con la limpieza de edificios públicos (incluidos monumentos), con el transporte público, con guarderías, con la gestión de hospitales, y con un largo etcétera que puede comprobarse en la web de su grupo empresarial. Con buen juicio, el programa de BeC habla explícitamente de «detener la privatización de la gestión energética de los edificios municipales». No es que cierre la puerta a la iniciativa privada en el sector energético; al contrario, se menciona explícitamente «la compra pública de energías renovables de pequeños productores locales» y el «asesoramiento a particulares y empresas» a las que se facilitará «financiación en buenas condiciones». Simplemente reconoce el papel clave que deben tener el sector público y los pequeños productores a la hora de aprovechar la revolución tecnológica que suponen las renovables para reducir la “enorme dependencia de las grandes empresas e infraestructuras», y con ello democratizar el acceso a la energía.

Y es que, además de sobre energía, en las últimas elecciones también se ha hablado mucho sobre remunicipalización, esto es, sobre hacer retornar a manos públicas servicios antes prestados por los ayuntamientos y ahora privatizados y más caros. No es España el primer país donde este debate toma fuerza, ni donde se crean operadores energéticos verdes de propiedad municipal. En Alemania llevan años produciéndose estos procesos de remunicipalización de las redes de distribución de electricidad y agua. Decenas de pueblos y ciudades, entre los que se encuentran Hamburgo, Stuttgart o la pionera Schönau, han utilizado diferentes fórmulas para recuperar la gestión pública de los servicios en la última década.

No lo tendrán fácil los ayuntamientos españoles, pues algunos de los correspondientes negocios se entregaron a manos privadas blindados por ley. Precisamente, el de los servicios energéticos municipales es un sector que, debido a su reciente desarrollo, todavía no ha sido completamente copado por las grandes empresas privadas. Mientras eso no ocurra, tenemos una oportunidad: podemos usarlo como ejemplo, como punta de lanza de una política remunicipalizadora. Al fin y al cabo, en el resultado de las últimas elecciones se ha plasmado un consenso que es cada vez más amplio: hay que ir recuperando para los ciudadanos las guarderías, los jardines, las calles, el transporte público, las farolas, el agua… y ahora también el Sol.

*José Luis Velasco y Marta Victoria son miembros del Observatorio Crítico de la Energía y colaboran con el Círculo Economía, Ecología, Energía de PODEMOS