El decreto sobre autoconsumo energético contraviene las directrices europeas

MADRID // El pasado 5 de junio, el Gobierno presentó el borrador de Real Decreto de Autoconsumo con el objetivo de regular el autoconsumo energético en España. El texto propuesto por el Ministerio de Industria obliga a pagar un cargo adicional a todos aquellos consumidores que opten por el autoconsumo -generar la energía que consumen- pero sigan conectados a la red eléctrica.

Este «impuesto al sol» ha suscitado el rechazo tanto de los principales partidos políticos en la oposición, como de numerosas asociaciones de consumidores, grupos ecologistas y sindicatos. En total, 16 partidos políticos y más de 40 asociaciones solicitan, mediante un manifiesto, la retirada de la propuesta del Gobierno de Real Decreto por la que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica y de producción con autoconsumo. Asimismo, las formaciones políticas firmantes, entre las que se encuentran Podemos, PSOE, Ciudadanos e IU, se comprometen a derogar esta normativa en caso de ser aprobada y a crear «con la máxima urgencia» una medida «realmente favorable al desarrollo del autoconsumo».

Para Sara Pizzinato, gerente de la Fundación Renovables, que también firma el manifiesto, el proyecto de Real Decreto del Gobierno «es totalmente inadmisible si realmente el objetivo es promover el autoconsumo». «Se trata de una propuesta que pretende mantener los intereses de las grandes compañías eléctricas», por que el autoconsumo, afirma, «pone en riesgo la posición dominante de este oligopolio».

Desde la fundación apuestan por una propuesta de regulación del autoconsumo en la cual «no haya barreras absurdas». Según Pizzinato, se trata de «no limitar la potencia máxima, no establecer límites a la energía intercambiable, no poner barreras administrativas y habilitar todas las posibilidades de autoconsumo compartido». Sobre esto último, la Fundación Renovables insiste en facilitar el derecho de compartir la generación y el almacenamiento de energía, por ejemplo en un edificio en el que se instalen paneles solares cuya energía llegue a todos los vecinos. Una opción que en el proyecto de Real Decreto del Gobierno «es impensable, ya que el propietario de la instalación y el consumidor de la energía autoproducida tienen que ser la misma persona».

Recomendaciones europeas

En esta línea se ha manifestado la Comisión Europea, que destacó, en un comunicado publicado el pasado 15 de julio, que «los consumidores deben ser libres de generar y consumir su propia energía en condiciones justas para ahorrar dinero, ayudar al medio ambiente y asegurar la seguridad del suministro». En el documento, la institución recoge las mejores prácticas en materia de autoconsumo, como la eliminación de barreras burocráticas y administrativas, la revisión de las tarifas eléctricas para que reflejen los costes reales o la garantía de un marco estable para el autoconsumo compartido en comunidades de vecinos o polígonos industriales.

Desde la Fundación Renovables lamentan que las recomendaciones de la Comisión Europea «van en dirección contraria» al Proyecto de Real Decreto sobre Autoconsumo del Gobierno español. «El documento de trabajo sobre mejores prácticas dista en todo de la propuesta del Gobierno delatando su intención de frenar de facto el autoconsumo en España», añaden.

La propuesta de regulación del Gobierno ha recibido casi 40.000 alegaciones ciudadanas que piden su retirada. Entre ellas se encuentra la del Ayuntamiento de Madrid, que la concejala de Medio Ambiene, Inés Sabanés, presentó el pasado 24 de junio al considerar que el proyecto de Real Decreto de Autoconsumo Eléctrico «impide la consecución de los objetivos municipales y contradice las directrices establecidas por la Unión Europea en lo que a política energética se refiere».

Otras asociaciones como WWF España también han manifestado su preocupación ante el impuesto a la energía solar propuesto por el Gobierno. La organización denuncia que el Observatorio de la Electricidad de junio de 2015 de WWF «muestra un ascenso del 6,06% en las emisiones de CO2, debido principalmente al repunte de la generación eléctrica procedente de la quema de carbón». Entre las principales demandas de WWF se encuentra la de permitir el consumo por balance neto, un mecanismo que ofrece la posibilidad de que los consumidores puedan computar la energía que generan para posteriormente ser compensada por energía consumida.