La ILP catalana de vivienda inicia el debate parlamentario con el reto de no diluirse

BARCELONA // El Parlament de Catalunya ha iniciado este jueves el debate sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética que llegó a la Cámara catalana con el aval de 143.380 firmas. Según ha anunciado el portavoz de la PAH Carlos Macías al finalizar el pleno, existe un principio de acuerdo con CiU para que la ILP se apruebe de forma íntegra, con lo que ésta pasaría el trámite. La inciativa promovida por la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es “el último intento” de las entidades de plasmar sus demandas en la legislación, según ha apuntado Macías durante su intervención en el pleno.

Y es que muchas de las medidas planteadas en la ILP formaron parte de la iniciativa que la PAH presentó en el Congreso de los Diputados, y que fue tumbada por la mayoría absoluta del Partido Popular (PP). “Esta ILP contiene las mismas demandas que presentamos en la ILP estatal pero adaptándolas a las competencias catalanas y añadiendo la pobreza energética”, ha detallado la directora del DESC, Irene Escorihuela.

“Las propuestas son perfectamente viables y han sido avaladas por los servicios jurídicos del Parlament”, ha destacado Escorihuela, que ha recordado a los diputados y diputadas que las medidas incluidas en la ILP forman un conjunto que, si pierde alguna de ellas, perderá su efectividad. “No podemos permitirnos recortar ningún punto de la ILP, porque son medidas de mínimos. Aprobarla tal como está es irrenunciable”, ha sostenido Macías. La portavoz de la APE, María Campuzano, ha incidido en que la sesión de este jueves es “crucial para el futuro de miles de personas en Cataluña”.

Trámite de urgencia

Tras la entrada a registro de las firmas de apoyo, la Comisión Promotora de la ILP llevó a cabo una ronda de contactos con los grupos parlamentarios con dos objetivos: que se comprometiesen a acelerar el proceso parlamentario para que la ley pueda aprobarse antes del parón de agosto –puesto que la cámara previsiblemente se disolverá por la convocatoria de elecciones-, y que respetasen el contenido de las propuestas. Sobre el primero han contado con el apoyo de todo el arco parlamentario (CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP, C’s y PP). Sobre el segundo, las mayores reticencias las han encontrado en CiU, PP, y Ciutadans.

El PP catalán no se ha comprometido a apoyar las propuestas de la ILP, y Ciutadans ha anunciado su rechazo a alguna de las medidas. CiU, que había trasladado a la Comisión Promotora que no cambiarían de forma sustancial los puntos, con el paso de las semanas ha dejado entrever su oposición a alguno de ellos. Por ejemplo el contenido en el artículo 4, que promueve movilizar viviendas vacías mediante el “alquiler forzoso para personas o unidades familiares en situación de vulnerabilidad durante un mínimo de 3 años” de aquellos inmuebles en manos de entidades financieras, fondos de inversión y entidades de gestión de activos “que permanezcan en desuso o infrautilizadas de manera injustificada durante 2 años”.

A esta propuesta se ha referido durante su intervención el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila: “Sólo les diré que el compromiso del Govern es garantizar el realojo, en una vivienda o en otra». «Sobre el alquiler forzoso, recomiendo que el exceso de motivación puede llevar al fracaso, como sucedió en el caso andaluz”, ha enfatizado, aludiendo a la suspensión del Tribunal Constitucional de la ley andaluza antidesahucios. A pesar de ello, el principio de acuerdo con Convergència anunciado por la Comisión Promotora podría permitir su aprobación.

Vila ha explicado que según los cálculos del Govern, aplicar todas las medidas de la ILP implicaría incorporar unos costes de entre 400 y 800 millones de euros en los próximos presupuestos. “Es misión de este Parlament enriquecer y garantizar la viabilidad de lo que aprobemos. Nada haría tan flaco favor a la democracia como aprobar algo que no podamos aplicar”, ha sostenido Vila, que ha subrayado la importancia de garantizar la “seguridad jurídica” del texto que salga de la cámara.

Si supera el trámite parlamentario, la ILP podría aprobarse en el pleno de los próximos 22 y 23 de julio. De ser así, la legislación catalana daría un paso muy importante en la incorporación mecanismos de protección del derecho a la vivienda y al acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas, de las familias en situación de vulnerabilidad.

Balón de oxígeno a las familias durante 3 años

En su artículo 2, por ejemplo, la ILP contempla que las familias vulnerables puedan acogerse al alquiler forzoso de la vivienda ejecutada durante un mínimo de 3 años, incluso si han logrado la dación en pago. También en caso de impago del alquiler por motivos económicos si la vivienda pertenece a una persona jurídica, mientras que si pertenece a una persona física deberá ser la Administración la que, mediante ayudas, garantice que pueda hacer frente al pago del alquiler durante este periodo. En todo caso, incluye que siempre se deberá garantizar un realojamiento adecuado antes de proceder a un desahucio. El diputado de Ciutadans, Matías Alonso, ha anunciado que su grupo pedirá la supresión total de este artículo porque, en su opinión, puede llevar a “un choque de derechos”. «Nos han engañado», ha tuiteado Macías tras la intervención de Ciutadans, que durante las reuniones les habían asegurado su apoyo al texto.

Alonso también ha expresado la intención de Ciutadans de modificar el inicio del artículo 3, que plantea que “las administraciones públicas deberán garantizar el derecho al acceso a suministros básicos de agua, luz y gas de las personas en situación de vulnerabilidad mientras dure esta situación y como mínimo durante 3 años”. Este artículo también establece la intervención previa de los servicios sociales con el objetivo de otorgar las ayudas necesarias para evitar el corte de suministros, “en caso de que el impago sea por falta de recursos económicos de las familias afectadas”.

Por último, en su artículo 5, la ILP insta a la Generalitat a garantizar que las medidas de acceso al alquiler y a los suministros básicos para familias vulnerables previstas en la iniciativa no podrán comportar el pago de más de un 30% de los ingresos familiares.

PSC, ERC, ICV-EUiA y la CUP han reiterado su apoyo al contenido de la ILP. Estos partidos suman un total de 57 diputados, a 11 de la mayoría necesaria para su aprobación. Si el acuerdo con CiU se concreta, no será necesario esperar a la negociación de los próximos días para dirimir si el texto que finalmente se apruebe en el Parlament varía mucho de la propuesta original avalada por más de 140.000 firmas, los principales sindicatos y entidades como la Asamblea Nacional Catalana.