¿Quién está detrás de las querellas contra Guillermo Zapata y Facu Díaz?

MADRID// El archivo de la causa contra Guillermo Zapata por un posible delito de humillación a las víctimas ha vuelto a dejar en evidencia la utilización política de la Fiscalía para perseguir al adversario político. El durísimo auto del juez Santiago Pedraz acusa a los demandantes de utilizar el “derecho penal del enemigo”, una formula ideada por el jurista George Jakobs que denuncia la existencia de dos marcos penales, uno para los ciudadanos y otro para los enemigos, que sería usado por el Estado para perseguir a aquellos individuos peligrosos para el sistema, no por lo que hacen, sino por lo que son. Pedraz censura en el auto que la Fiscalía decida perseguir a Zapata estableciendo un criterio discrecional.

“Lo que no puede hacerse es perseguir solo a determinadas personas y no a otras (derecho penal del enemigo) como parece acontecer en este caso, por cuanto tanto en la querella como en las denuncias se hace constar que el Sr Zapata es concejal del Ayuntamiento de Madrid De perseguirse tal conducta (obsérvese la pendiente resbaladiza) habría que hacerlo respecto de todos los que han publicado “chistes” similares en las redes sociales e Internet. Así, supuesto el caso de que la presente causa “prosperara”, tras ello la Fiscalía (no se olvide que este es un delito perseguible de oficio) habría de proceder a la búsqueda intensiva en esas redes; para a continuación abrirse (en esta Audiencia Nacional) las respectivas causas (miles) para cada uno de los autores” Santiago Pedraz.

El escrito del juez Pedraz permite incidir en una realidad preocupante en el Estado español, y es el uso de la Fiscalía y de instrumentos asociados a una determinada doctrina ideológica para la persecución de sus adversarios políticos. A ello se une un agravante: el uso e instrumentalización de las víctimas del terrorismo para apuntalar una cosmovisión sobre el conflicto vasco que les permita patrimonializar las tragedias causadas durante años por la banda terrorista ETA. Los usos y costumbres de determinadas asociaciones políticas como la Asociación Dignidad y Justicia son un ejemplo paradigmático de esa instrumentalización del dolor de las víctimas de ETA con motivaciones políticas.

Daniel Portero y la Asociación Dignidad y Justicia

La demanda contra Guillermo Zapata fue impulsada por la Asociación Dignidad y Justicia y Daniel Portero. Esta organización también estaba detrás de la querella impuesta contra Facu Díaz por su sketch sobre el PP en el programa La Tuerka News.

Daniel Portero es hijo del que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, asesinado por ETA el 9 de octubre del año 2000. Preside la Asociación Dignidad y Justicia, nombrada entidad de utilidad pública en el año 2009. La asociación fue registrada en el Ministerio de Interior en marzo de 2005 como entidad cívico-política. A los tres meses de su constitución, Portero fue expulsado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por desavenencias con Francisco Alcaraz.

Desde sus inicios, Dignidad y Justicia se ha visto envuelta en polémicas y  en casi todos los asuntos judiciales relacionados con el entorno de ETA y el mundo abertzale. En febrero de 2006,  su presidente saltó a la fama por intentar brindar con una botella de sidra en la puerta de la Audiencia Nacional para celebrar el suicidio del etarra Igor Angulo en la prisión de Cuenca mientras se celebraba un juicio contra la banda armada.

El uso político de las demandas por causas relacionadas con ETA ha sido la línea a seguir por Daniel Portero en los 10 años de vida de la asociación. En julio de 2007 pidió dos años de cárcel para el lehendakari Juan José Ibarretxe y para Patxi López por haber mantenido conversaciones con miembros de Batasuna. Durante el proceso del medio de comunicación Egunkaria, la asociación pidió 94 años de cárcel para los directivos de este periódico. Un proceso que acabó con la libre absolución de todos los encausados al considerar que el cierre del medio y las acusaciones fueron infundadas.

Las actuaciones judiciales de Dignidad y Justicia han sido puestas en cuestión en multitud de ocasiones por la judicatura. En mayo de 2007, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusó a la organización de Portero de “fraude de ley procesal”  al presentar una querella contra el partido Acción Nacionalista Vasca (ANV) en un juzgado de guardia y no en el de Baltasar Garzón, que estaba instruyendo la causa contra esa formación. Sus encontronazos con los magistrados que no son de su gusto político, llevaron a Daniel Portero, a través de Dignidad y Justicia, a amenazar con una querella por prevaricación a Santiago Pedraz por haber autorizado una manifestación en Bilbao en 2006 a favor de la autodeterminación.

Portero siempre ha rechazado motivaciones políticas a la hora de seleccionar las causas que lleva ante la Justicia, como le insistió a Facu Díaz en presencia de Telemadrid a la salida de la Audiencia Nacional con motivo de la demanda que le puso al humorista. A pesar de ello, el texto que la asociación mandó a los medios de comunicación se encontraba en un pdf que se titulaba “Demanda Podemos”, una actuación que se produjo sólo seis meses antes de las elecciones municipales, comicios a los que Portero acudió  en las listas del PP de Elorrio.