España retrocede en igualdad de género

MADRID // En los últimos cinco años, se ha producido un «alarmante retroceso en los derechos humanos de las mujeres en nuestro país», según denuncian las más de 250 organizaciones feministas, de derechos humanos y cooperación al desarrollo que integran la Plataforma CEDAW Sombra-España. Esta afirmación se basa en el informe publicado el pasado 17 de junio por el Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La investigación destaca así un «ensombrecido panorama en el marco de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres en España».

«Ante la falta de medidas encaminadas a la lucha contra la discriminación por motivos de género«, el Grupo de Trabajo lanza una serie de propuestas dirigidas a todas las áreas que consolidan dicha desigualdad.

Se propone una seria de medidas en el ámbito institucional y contra la violencia de género, como el cumplimiento de los convenios internacionales firmados por el Estado español, la recuperación del Instituto de la Mujer, el reconocimiento y la ampliación de todas las formas de violencia contra la mujer en el plano legal, la realización de programas de formación en violencia de género o la prioridad hacia grupos vulnerables como posibles víctimas de trata.

En términos de participación de las mujeres en la vida económica y social, el Grupo de Trabajo propone, entre otras, medidas como la eliminación de barreras para la participación de la mano de obra femenina o el incremento de la participación de las mujeres en iniciativas empresariales y toma de decisiones.

Otro de los puntos que denuncia la Plataforma es la reproducción de estereotipos de género en la educación y la cultura. El Grupo de Trabajo señala la necesidad de combatirlos tanto en los medios de comunicación como en los libros de texto y planes de estudio. Asimismo, pone énfasis en la reimplantación de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos como asignatura obligatoria.

La eliminación de obstáculos que dificulten el acceso de las mujeres, tanto mayores como menores de edad, a servicios seguros y legales de interrupción del embarazo y una cobertura médica universal para todas las personas son las recomendaciones en materia de salud.